XALAPA, Ver.- Las dos alertas por violencia de género (AVG) que fueron declaradas en la entidad han logrado muy poco, o casi nada, para detener la violencia en contra de las mujeres, los feminicidios, la impunidad y por garantizar su derecho a su salud sexual y reproductiva.
El 23 de noviembre de 2016 en el estado de Veracruzfue declarada la primera alerta de género por violencia feminicida en 11 municipios. El 13 de diciembre de 2017, la segunda, por agravio comparado.
De acuerdo con el documento Observatorio de Violencia de Género, en seis entidades de la República con declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en la entidad se registraron 318 homicidios de mujeres durante los años 2014-2016, colocando al estado en el sexto lugar nacional.
Del 2013 al 2016, según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, se registraron 282 feminicidios y apenas en 30 de éstos se obtuvo una sentencia, mientras que en 252 casos no la hay.
Para el 2017, de acuerdo con el proyecto “Asesinatos de mujeres y niñas por razón de género, feminicidio en la entidad veracruzana” de la facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, hubo 177 feminicidios y 74 homicidios de mujeres, un año después de haber sido declarada la Alerta por Violencia de Género.
Qué es una AVG
El mecanismo de la Alerta de Violencia de Género es una herramienta implementada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como una medida que busca proteger la vida de las mujeres en entornos de riesgo para ellas: se trata del “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”, según la ley.
La académica de la Universidad Veracruzana Estela Casados González consideró que con las cifras que dio a conocer la Federación y que ubican al estado de Veracruz en el segundo lugar con más casos de feminicidios se refleja que los asesinatos de mujeres se incrementaron aún con una alerta por violencia de género por violencia feminicida.
Consideró que si bien el mecanismo de la alerta es perfectible, es necesario voltear a ver a la Federación pues aunque existen declaratorias en al menos 12 estados de la República, lo hacen sin presupuesto suficiente y serio, que conteste realmente lo que se mandata para su cumplimiento.
“Sin un presupuesto serio y suficiente difícilmente se pueden hacer las cosas y máxime en una materia tan delicada como es la seguridad y la vida de las mujeres. También hay mucha permisividad social y desinterés ciudadano porque la alerta de violencia de género pueda fructificar”, añadió.
Señaló que hay personas que desconocen que el estado tiene dos alertas por violencia de género dado que existe mucha desinformación y, por lo tanto, la ciudadanía no exige que se cumplan.
ONG
Para Adriana Fuentes, de la asociación civil Equifonía, agrupación solicitante de ambas alertas, a más de un año que fue formado el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), los avances han sido pocos pues aunque ya existe un programa de trabajo por parte de diversas institucionales como la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial o la Secretaría de Salud, siguen sin aterrizar las acciones.
“Hemos visto que hay coordinación entre ellos (dependencias) porque sí se sientan, hay reuniones pero lo que falta es concretarlas porque les hacía falta definir cuáles son las acciones a corto, mediano y largo plazo, ya está pero para lograr eso se tardaron más de seis meses”, lamentó.
Por su parte, Araceli González Saavedra, también del colectivo Equifonía, recordó que enviaron un documento a la Conavim para solicitar urgentemente que se convocara al GIM dado que es la instancia oficial para informar sobre los avances obtenidos y evaluar al gobierno estatal y no han tenido respuesta.
“Hemos sido insistentes en que la vía debe ser institucional y que debe haber una formalidad en este trato, y lo que nos preocupa de Conavim es esa informalidad de que en función de quién les pregunta es cómo contestan y nosotros no queremos privilegios, queremos que actúen de acuerdo a lo establecido dentro del reglamento de la ley de acceso”, explicó.
Lamentó que se observe en esto un componente político que preocupa, pues las alertas podrían terminar siendo un mecanismo jurídico usado para los intereses de grupos, “estamos hartas de esto y lo vamos a denunciar así venga de las propias organizaciones que se dicen a favor de las mujeres”.
Consideró que si bien la alerta era un primer paso, pues las recomendaciones buscan garantizar justicia al mayor número de víctimas y acabar la impunidad, ello no está ocurriendo.
SEGUNDA ALERTA
El 13 de diciembre de 2017, la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres emitió la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres por agravio comparado en el estado.
Entre las medidas solicitadas destacan: realizar la modificación del artículo 149 del Código Penal conforme a lo establecido en el informe del grupo de trabajo; reformar los artículos 150 y 154 del Código Penal; y divulgar e implementar la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz y la NOM 046 para la adecuada y diligente atención a víctimas de violencia sexual, garantizando el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) por violación, lo que tampoco ha ocurrido en su totalidad.
Sin embargo, para Araceli, la problemática en ese caso es mucho más puntual, con medidas específicas que, consideró, el Poder Judicial y la Secretaría de Salud han cumplido considerando los tiempos con los que contaba.
Por ello, refirió, la alerta debió decretarse sólo para el Poder Legislativo porque así habría una presión mucho más específica para incrementar las causales de aborto. Lo que ocurrió, lamentó, da muestra de que terminó siendo usada con fines políticos.
A más de medio año de esa alerta, el Congreso del Estado sigue sin realizar las modificaciones al Código Penal pese a que la presión se ha incrementado luego de la sentencia del juez decimoctavo de distrito que los obliga a ello y el pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en el mismo sentido.
