Xalapa, Ver.- El diputado de Morena, José Magdaleno Rosales Torres, presentó un anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente del estado (Sedema) a realizar y presentar una evaluación de impacto ambiental del proyecto avícola “El Llano”, a instalarse a sólo 600 metros de la comunidad de Los Atlixcos, municipio de Alto Lucero.
Al subir a tribuna, el legislador indicó que ello debe ser en cumplimento con la normatividad establecida en la Ley Estatal de Protección Ambiental para la entidad.
Por ello, planteó, además, que la Procuraduría del Medio Ambiente de Veracruz (PMA) revise las condiciones en las que realiza y el funcionamiento que tendrá el proyecto avícola que se pretende instalar en dicha comunidad, a fin de evitar condiciones que puedan causar un desequilibrio ecológico y afectaciones a la salud de los residentes de la zona.
Detalló que la instalación avícola en relación con la comunidad mantiene preocupada a la población ante la posible escasez de agua que se generaría, así como el riesgo de que los desechos pudieran contaminar los afluentes y mantos freáticos que proveen del vital líquido a las comunidades de Villa Candelaria, Topilito, Piedra Blanca, La Calera, Tecuán, Colorado, Altamirano, Mata Verde y, evidentemente, Los Atlixcos.
Explicó que en noviembre de 2019, gracias a grupos ambientalistas de la zona, se logró detener de forma momentánea la construcción del complejo; sin embargo, en diciembre del mismo año fueron retirados los sellos, hecho al cual “la Sedema argumentó que no había recibido la manifestación de impacto ambiental, por lo que era competencia de la PMA resolver ese asunto”.
Recordó que los pobladores se han manifestado en diferentes ocasiones con la ayuda del Comité por el Bienestar y Defensa ambiental de Los Atlixcos y La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental A.C., denunciando que el desarrollo avícola no cuenta con el Manifiesto de Impacto Ambiental, requisito básico y obligatorio para poder iniciar los trabajos de construcción.
Es grave que ya hayan sido deforestadas 30 hectáreas de áreas verdes y que la obra presente un avance significativo, siendo casi 200 familias las que claman por ayuda al gobierno para frenar la obra ante la falta de cumplimiento de los requisitos
Manifestó que la Ley Estatal de Protección Ambiental para el Estado, en su artículo 12, fracción XII, menciona que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar”, tomando esto como base para la realización y conducción de la política ambiental estatal.
Asimismo, detalló que en el artículo 6, fracción XIII establece como atribución de la Sedema, “Evaluar el impacto ambiental de las obras o actividades y, en su caso, de los estudios de riesgo correspondientes, que no se encuentren expresamente reservadas a la Federación y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la presente Ley”.
Dejó en claro que corresponde a la Procuraduría del Medio Ambiente, según la citada Ley, “controlar, vigilar e inspeccionar el cumplimiento de la legislación, reglamentos y normatividad en materia ambiental”.
Mencionó que el marco legal contempla que aquellos que pretendan realizar obras o actividades que puedan atentar contra el medio ambiente, deberán presentar una manifestación de impacto ambiental que, de acuerdo al orden jurídico, el promovente debe publicar durante dos días un extracto del estudio en los dos periódicos de mayor circulación de la región donde se llevará cabo el proyecto.