/ lunes 19 de junio de 2023

Piden más apoyo a familias de policías caídos en cumplimiento de su deber

La diputada de Movimiento Ciudadano propone crear mejores condiciones laborales a los policías en Veracruz

La diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán presentó una iniciativa con la que propuso establecer mejores condiciones laborales, cumplimiento de derechos humanos y otorgamiento de prestaciones a los familiares de policías que hayan perdido la vida en el cumplimiento de su deber.

Durante la sesión de este lunes, la legisladora refirió que la Secretaría de Gobernación manifestó que existe un estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes; sin embargo, se contabiliza un promedio de 0.8 policías locales por cada mil habitantes, de modo que el número de elementos activos no alcazaba el 50 por ciento del estándar mínimo.

Refirió que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], señala que el 8.7 por ciento de los hogares en Veracruz tuvo al menos una víctima de delito durante 2021; es decir, 470 mil 090 hogares fueron víctimas de este delito.

Además, por cada 100 mil habitantes en Veracruz, 15 mil 654 fueron víctimas de algún delito. El 95 por ciento de los delitos que se comenten en México son del orden común, por lo que la policía estatal y las municipales resultan trascendentales para la prevención y combate de los fenómenos delictivos que más afectan a la población.

La legisladora consideró que los bajos salarios y las largas jornadas laborales son condiciones que impactan negativamente al desempeño de los policías y consecuentemente, a la seguridad de los ciudadanos. A pesar de los efectos negativos que sobresalen de las condiciones laborales, dijo, la regulación de las jornadas de los policías es un pendiente que el gobierno ha dejado en el olvido.

Además, no existen razones técnicas o académicas que justifiquen o expliquen la pertinencia del empleo de jornadas de veinticuatro horas o mayores dentro del contexto de una policía moderna. Es un horario de trabajo heredado de la estructura militar y trae implícito una violación congénita del mismo, ya que a largo plazo se hace difícil permanecer despierto durante veinticuatro horas consecutivas sin afectar la calidad del servicio.

Por ello, expuso, es imperativo su erradicación para mejorar la eficiencia, eficacia y resultados.

Es pertinente hacer notar que tan solo del primero de enero al 31 de diciembre de 2022 suman al menos 403 casos de policías asesinados en nuestro país. En promedio 1.08 policías han sido asesinados cada día; y Veracruz se encuentra de los cinco estados del país con más policías asesinados.

Puntualizó que el gobierno estatal debe hacer un esfuerzo por otorgar a sus elementos policiales preventivos en activo las mejoras y/o prestaciones laborales mínimas y jornadas laborales accesibles para otorgar estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades en el empleo, fortaleciendo la vocación de servicio y el sentido de pertenencia a la corporación.

La propuesta implica establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública, considerando los elementos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública aprobada por el Senado de la República; promover la implementación de políticas en materia de derechos humanos y laborales para los agentes de la fuerza pública; y promover convenios educativos y/o médicos con instituciones públicas o privadas como parte de los beneficios para las familias de los agentes de la fuerza pública.

En la misma se contempla que el Consejo Estatal diseñará un sistema de incentivos basado en indicadores de desempeño, cuyo objeto será incrementar los recursos presupuestarios a los municipios, para cada año fiscal.

Este deberá contempla lo siguiente:que acrediten procesos de capacitación en materia de derechos humanos, atención a víctimas y uso de la fuerza;que se implementen mecanismos efectivos de rendición de cuentas y transparencia;que se desarrollen y pongan en funcionamiento de sistemas de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano;que disminuyan el número de denuncias o recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, y que regularicen y fortalezcan los derechos laborales, salariales y de seguridad social de los elementos de las corporaciones.

Además, la jornada laboral de los agentes de las instituciones de Seguridad Pública no deberá exceder, en condiciones regulares, 12 horas continuas, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. Contemplando que la rotación del personal permita que cada elemento cuente con el tiempo de descanso necesario entre cada jornada laboral.

Asimismo, se busca otorgar Beneficios a Deudos de Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado caídos en cumplimiento del deber, para quedar como sigue: Corresponde al Gobierno del Estado la atribución de impulsar y apoyar la celebración de convenios y acuerdos para garantizar el acceso a la educación superior y becas a los familiares de agentes de la fuerza pública como beneficiarios, fallecidos durante el cumplimiento del deber.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán presentó una iniciativa con la que propuso establecer mejores condiciones laborales, cumplimiento de derechos humanos y otorgamiento de prestaciones a los familiares de policías que hayan perdido la vida en el cumplimiento de su deber.

Durante la sesión de este lunes, la legisladora refirió que la Secretaría de Gobernación manifestó que existe un estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes; sin embargo, se contabiliza un promedio de 0.8 policías locales por cada mil habitantes, de modo que el número de elementos activos no alcazaba el 50 por ciento del estándar mínimo.

Refirió que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], señala que el 8.7 por ciento de los hogares en Veracruz tuvo al menos una víctima de delito durante 2021; es decir, 470 mil 090 hogares fueron víctimas de este delito.

Además, por cada 100 mil habitantes en Veracruz, 15 mil 654 fueron víctimas de algún delito. El 95 por ciento de los delitos que se comenten en México son del orden común, por lo que la policía estatal y las municipales resultan trascendentales para la prevención y combate de los fenómenos delictivos que más afectan a la población.

La legisladora consideró que los bajos salarios y las largas jornadas laborales son condiciones que impactan negativamente al desempeño de los policías y consecuentemente, a la seguridad de los ciudadanos. A pesar de los efectos negativos que sobresalen de las condiciones laborales, dijo, la regulación de las jornadas de los policías es un pendiente que el gobierno ha dejado en el olvido.

Además, no existen razones técnicas o académicas que justifiquen o expliquen la pertinencia del empleo de jornadas de veinticuatro horas o mayores dentro del contexto de una policía moderna. Es un horario de trabajo heredado de la estructura militar y trae implícito una violación congénita del mismo, ya que a largo plazo se hace difícil permanecer despierto durante veinticuatro horas consecutivas sin afectar la calidad del servicio.

Por ello, expuso, es imperativo su erradicación para mejorar la eficiencia, eficacia y resultados.

Es pertinente hacer notar que tan solo del primero de enero al 31 de diciembre de 2022 suman al menos 403 casos de policías asesinados en nuestro país. En promedio 1.08 policías han sido asesinados cada día; y Veracruz se encuentra de los cinco estados del país con más policías asesinados.

Puntualizó que el gobierno estatal debe hacer un esfuerzo por otorgar a sus elementos policiales preventivos en activo las mejoras y/o prestaciones laborales mínimas y jornadas laborales accesibles para otorgar estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades en el empleo, fortaleciendo la vocación de servicio y el sentido de pertenencia a la corporación.

La propuesta implica establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública, considerando los elementos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública aprobada por el Senado de la República; promover la implementación de políticas en materia de derechos humanos y laborales para los agentes de la fuerza pública; y promover convenios educativos y/o médicos con instituciones públicas o privadas como parte de los beneficios para las familias de los agentes de la fuerza pública.

En la misma se contempla que el Consejo Estatal diseñará un sistema de incentivos basado en indicadores de desempeño, cuyo objeto será incrementar los recursos presupuestarios a los municipios, para cada año fiscal.

Este deberá contempla lo siguiente:que acrediten procesos de capacitación en materia de derechos humanos, atención a víctimas y uso de la fuerza;que se implementen mecanismos efectivos de rendición de cuentas y transparencia;que se desarrollen y pongan en funcionamiento de sistemas de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano;que disminuyan el número de denuncias o recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, y que regularicen y fortalezcan los derechos laborales, salariales y de seguridad social de los elementos de las corporaciones.

Además, la jornada laboral de los agentes de las instituciones de Seguridad Pública no deberá exceder, en condiciones regulares, 12 horas continuas, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. Contemplando que la rotación del personal permita que cada elemento cuente con el tiempo de descanso necesario entre cada jornada laboral.

Asimismo, se busca otorgar Beneficios a Deudos de Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado caídos en cumplimiento del deber, para quedar como sigue: Corresponde al Gobierno del Estado la atribución de impulsar y apoyar la celebración de convenios y acuerdos para garantizar el acceso a la educación superior y becas a los familiares de agentes de la fuerza pública como beneficiarios, fallecidos durante el cumplimiento del deber.

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