Con la actualización y especialización de los mediadores, conciliadores y facilitadores, la solución de conflictos en Veracruz tendría perspectiva interdisciplinar y se aplicaría con respeto a la interculturalidad, según la Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversos preceptos de la Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por la diputada Itzel López López en la Cuarta Sesión Ordinaria del segundo año de labores de esta LXVI Legislatura.
En su iniciativa, la proponente define la interculturalidad como “una forma de acercamiento a la vida democrática de las diversas manifestaciones culturales existentes en un territorio” y ahí mismo afirma que una política pública desarrollada desde la interculturalidad disminuye las diferencias sociales y la discriminación.
- También puedes leer: ¿Podrían servidores públicos tener vacaciones? Analizan propuesta en el congreso
La legisladora considera que el aspecto intercultural también se comprende como una contribución al establecimiento de relaciones pacíficas, al mutuo entendimiento, al derecho a vivir la propia cultura y fomentar la tolerancia y a la autodeterminación cultural, por lo que el perfil de los mediadores debe ampliarse y ajustarse a la realidad.
Se entiende aquí por mediador la tercera persona imparcial que asiste, permite y facilita la comunicación, con apego a los derechos lingüísticos y de igualdad de género entre las partes en conflicto.
En este sentido, para ser mediador, conciliador o facilitador, además de contar con título de Licenciado en Derecho, como ya lo contempla la referida ley, se añade la licenciatura en Derecho con Enfoque de Pluralismo Jurídico, Gestión Intercultural para el Desarrollo, Antropología, Sociología, Psicología, Trabajo Social, Pedagogía u otras afines, con título profesional legalmente expedido por la autoridad facultada para ello y cédula profesional, además de contar con una antigüedad mínima de tres años.
Los mediadores, conciliadores y facilitadores estarían obligados a realizar su función bajo los principios de voluntariedad, rapidez, profesionalismo, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, equidad, interdisciplinariedad e interculturalidad.
Deberán, además, cerciorarse del correcto entendimiento y comprensión que las partes tengan del desarrollo de los procedimientos de mediación, de conciliación o de justicia restaurativa, desde su inicio hasta su conclusión, así como de sus alcances, tomando en cuenta la composición pluricultural y plurilingüe del estado.
Serán responsables también de vigilar que, en el trámite de los procedimientos en que intervengan, no se afecte derechos de terceros, de niñez o de personas con discapacidad, ni cuestiones de orden público.
Con la adhesión del Grupo Legislativo de Morena y de las diputadas Tania María Cruz Mejía, Citlali Medellín Careaga, Ruth Callejas Roldán y Maribel Ramírez Topete, esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y, en su caso, dictaminación.