Desde el Poder Legislativo se pidió investigar la asignación de contratos y compras realizadas en el Poder Judicial del Estado de Veracruz ante el riesgo de que se esté contratando a empresas fantasmas para desviar fondos públicos. En sesión virtual de este día, el diputado del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, presentó un anteproyecto de punto de acuerdo con el que busca la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para que revise el uso de los recursos públicos del Poder Judicial, a cargo de la magistrada Isabel Inés Romero Cruz.
Fue la secretaria de la Mesa Directiva, Ilya Dolores Escobar Martínez, quien leyó la propuesta del legislador petista a la que se unió la bancada de Morena, así como legisladores del PAN, PT y Movimiento Ciudadano. En el documento leído se dijo que empresas que fueron contratadas por el Poder Judicial tiene domicilios fiscales en estacionamientos, vecindades, construcciones en obra negra, lavados de autos, andadores y callejones.
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A dichas empresas se les han otorgado millonarios contratos para adquirir material de papelería, mobiliario y equipo de oficina, sanitización, compras de insumos para prevenir contagios de Covid-19, mantenimiento de aires acondicionados y equipos de cómputo. Todo lo anterior, bajo esquemas de adjudicación directa o licitaciones simplificadas, lo que genera opacidad y a sobreprecio.
“Existe la sospecha de que se otorgó un contrato, por una cantidad superior a los 6 millones y medio de pesos, para adquirir mobiliario de oficina a una persona física cuyo domicilio fiscal se encontraba, al momento en el que se otorgó, en la Ciudad de Martínez de la Torre, y donde hoy en día existe una construcción en obra negra, donde se proyectan locales comerciales y una cuartería”, se denunció.
Además, el contrato esta persona física, inició operaciones en enero de 2019 y para el final de ese año ya contaba con el capital suficiente para soportar una compra millonaria como la otorgada. La dueña, sólo tenía 23 años.
Se gastaron 14 millones y medio de pesos para sanitizar diversas instalaciones del Poder Judicial, sin que exista constancia de que la persona física a la que se le otorgaron dichos contratos, por adjudicación directa, contara con las certificaciones necesarias para brindar dicho servicio.
En el mismo sentido, se indicó, existen viáticos erogados por diversos magistrados en los que se encuentran duplicadas sus comprobaciones, así como comisiones en las que trasladan cuadrillas de personal para realizar labores de limpieza y jardinería en diversas instalaciones de los distritos judiciales, donde se reportan gastos promedio de más de 2 mil pesos diarios por persona.
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“Lo anterior nos lleva a pensar en las diversas situaciones en las que se ha visto envuelta la administración del Poder Judicial, pasando desde la aplicación de un llamado Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad del año 2021, que desvió recursos etiquetados para el pago de los togados, hasta la crisis financiera de la que extrañamente nadie se percató y que provocó la solicitud a esta Soberanía de una ampliación presupuestal, por un monto de 500 millones de pesos, que según sus cuentas eran necesarios para salir de dicha crisis y que al final, únicamente se otorgaron 200 MDP, de los cuales ni siquiera supimos si lograron ayudar a este poder a salir de la crisis o dejaron pendientes económicos por resolver”, se señaló.
De la misma forma se criticó que la administración de los recursos de dicho Poder “no tiene ni pies ni cabeza, ni mucho menos organización, no vaya a ser que al final del presente ejercicio acudan nuevamente con una solicitud de ampliación presupuestal para salir de una crisis que pareciera nunca existió, o si existió, obedeció a malos manejos, que desgraciadamente pudo haber sido la causa principal del cierre de juzgados en perjuicio de los justiciables”.
Por lo anterior se pidió al Sistema de Administración Tributaria para que se investigue si el listado de contribuyentes que han prestado servicios o comercializado insumos al Poder Judicial del Estado de Veracruz han emitido facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o comercializar dichos bienes, o si bien no se localizan, presumiendo la inexistencia de las operaciones, es decir, que corroboren si han simulado operaciones o son empresas fantasma.
Además, de aprobarse el acuerdo, se pediría a la Unidad de Inteligencia Financiera para que analice las operaciones financieras y económicas y evolución patrimonial de los proveedores y funcionarios del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
También se pediría al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que, en uso de sus atribuciones, lleve a cabo una auditoría integral que incluya un informe técnico, financiero, de legalidad y desempeño de los procesos de licitación y adjudicaciones directas del Poder Judicial del Estado de Veracruz del año 2019 a la fecha y de los recursos extraordinarios que hayan recibido
Además, se evalúen los resultados del Plan de eficiencia de recursos y austeridad del Poder Judicial implementado en el ejercicio fiscal 2021, se analice la justificación de la solicitud de ampliación presupuestal por 500 millones de pesos para aliviar la supuesta crisis financiera que terminó resolviéndose extraordinariamente con 200 millones que se otorgaron durante el pasado ejercicio fiscal.
De la misma forma, se envió un exhorto al Consejo de la Judicatura para que en ejercicio de sus atribuciones inicie una investigación interna y en caso de existir algún tipo de responsabilidad se realicen las acciones necesarias para sancionar ejemplarmente a los responsables e informe lo concerniente a esta Soberanía.
Se exhortó también al Instituto Nacional de Acceso a la Información para que inicie el procedimiento de denuncia por falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General en la que incurre el Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el Portal Nacional de Transparencia.
El exhorto además fue para el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a fin de que realice una auditoría a las obligaciones de transparencia del Poder Judicial del Estado