El Pleno del Congreso aprobó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) que otorgue una ampliación presupuestal de 200 millones de pesos al Poder Judicial del Estado para cerrar este año.

La magistrada presidenta, Isabel Inés Romero Cruz envió al Congreso Local la solicitud de ampliación presupuestal por 519 millones 991 mil pesos, adicionales a los mil 614 millones que fueron aprobados en diciembre del 2020 para el presente ejercicio fiscal.

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El Poder judicial reportó un déficit presupuestal de 468 millones 341 mil 348 pesos para cumplir con las funciones jurisdiccionales y administrativas, entre ellas el pago de 17 millones de pesos a las asociaciones público-privadas, que se crearon para la construcción de ciudades judiciales.

Asimismo, se señala la insuficiencia que se presenta en el Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Conciliación y Arbitraje y Consejo de la Judicatura, principalmente en los capítulos 1000 “Servicios Personales” y 3000 “Servicios Generales”.

Aunado a lo anterior, se requería la cantidad de 33 millones 650 mil pesos para la operación de los Tribunales Laborales Locales, conforme al Convenio de Coordinación para el otorgamiento del Subsidio para la “Segunda etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral”, que entrará en vigor en noviembre próximo.

Pese a ello, la Secretaría de Finanzas y Planeación determinó que de acuerdo con su capacidad presupuestal se podrán otorgar 200 millones de pesos para el cierre del ejercicio fiscal 2021.

Los legisladores aprobaron la ampliación presupuestal, sin embargo, se condicionó la entrega del dinero para que la magistrada presidenta presente denuncias penales por la malversación de los recursos.

“Sabemos que es una deuda que nos heredan gobiernos pasados de un déficit de más de 400 millones de pesos. Entendemos el compromiso del Congreso para que los ciudadanos no se queden sin impartición de justicia”, se expuso en el pleno.

Además, se indica que confirme a las estimaciones presupuestales del Gobierno del Estado resulta necesario la continuidad de las políticas que permiten la aplicación de las medidas de austeridad y la observancia del principio de balance presupuestal sostenible del Presupuesto de Egresos, en beneficio de las y los veracruzanos.