Por la Cuenta Pública 2017, el Organismo de Fiscalización Superior (ORFIS), determinó aplicar 75 sanciones por faltas administrativas y de daño patrimonial, por la cuales los Órganos Internos de Control de 24 entes estatales, inhabilitaron a 46 servidores públicos que colaboraron en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.
De acuerdo con el documento de seguimiento de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019 y 2020, emitido por el organismo fiscalizador, se han generado apercibimientos públicos y privados, amonestaciones públicas y privadas, inhabilitaciones y amonestaciones económicas.
Tras las investigaciones realizadas, los Órganos Internos de Control correspondientes a los entes que recibieron observaciones por posible daño patrimonial, aplicaron acciones administrativas a los servidores públicos relacionados con este hecho.
Por la Cuenta Pública 2017 se establecieron 75 sanciones entes fiscalizables, de los cuales 24 corresponde a entes estatales, 47 a municipales y 4 a paramunicipales.
En la Secretaría de Seguridad Pública, se dictaminaron dos inhabilitaciones y una inhabilitación con sanción económica; en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas fueron dos inhabilitaciones; en la Secretaría de Salud una inhabilitación; en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas se realizaron tres inhabilitaciones, una amonestación pública, un apercibimiento público; en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz fueron dos inhabilitaciones; y en el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, sumaron cuatro inhabilitaciones.
Tres inhabilitaciones se realizaron en el Instituto Veracruzano del Deporte; dos se aplicaron en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz; tres en la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz; tres en la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz; cuatro apercibimientos en el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado; así como dos inhabilitaciones en el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan.
En el Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec, se aplicaron dos inhabilitaciones; en el Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, fueron dos amonestaciones públicas; en el Instituto Tecnológico Superior de Misantla, dos inhabilitaciones; en el Instituto Tecnológico Superior de Naranjos, dos apercibimientos públicos, una amonestación pública y una inhabilitación; y en el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, tres amonestaciones públicas.
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En el Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, se aplicaron dos inhabilitaciones; en el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, se registraron cuatro inhabilitaciones; en el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, se realizaron dos inhabilitaciones y una amonestación pública; en el Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, dos inhabilitaciones con sanción económica; y en el Instituto Tecnológico Superior de Perote, dos inhabilitaciones con sanción económica.
En el Fideicomiso Público “Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” se aplicó una amonestación pública; y en el Fideicomiso Público del Proyecto “Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para el Personal al Servicio de la Educación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, fue una inhabilitación.
Los entes paramunicipales en los que se emitieron sanciones son: la Comisión de Agua y Saneamiento de Coscomatepec con siete amonestaciones privadas; la Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín con tres amonestaciones privadas; el Hidrosistema de Córdoba con cuatro amonestaciones privadas; y la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa con cuatro amonestaciones privadas.
La lista de ayuntamientos con amonestaciones públicas y privadas se encuentran, Acajete, Acatlán, Amatitlán, Aquila, Atzacan, Carrillo Puerto, Cerro Azul, Citlaltépetl, Coahuitlán, Colipa, Coatepec, Córdoba, Coscomatepec, Fortín, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Ixhuatlán del Café, Jáltipan, José Azueta, Juchique de Ferrer, La Perla, Maltrata, Mecatlán, Misantla, Moloacán, Naranjos Amatlán, Ozuluama, Pánuco, Poza Rica de Hidalgo, Saltabarranca, Santiago Tuxtla, Soteapan, Tecolutla, Tempoal, Tenampa, Tenochtitlán, Texcatepec, Texhuacan, Texistepec, Tihuatlán, Tlacotalpan, Tlacotepec, Tlalixcoyan, Tlaquilpa, Úrsulo Galván, Xoxocotla y Zozocolco de Hidalgo.
Tlacotalpan fue el único ayuntamiento en el que se aplicaron inhabilitaciones, en total fueron seis.
POR CUENTA PÚBLICA 2018
Por lo correspondiente a la Cuenta Pública 2018, se determinaron sanciones para 31 ayuntamientos. Estas incluyen amonestaciones privadas, públicas, apercibimientos y multas administrativas.
En Acajete, se aplicaron tres amonestaciones privadas, en Acatlán dos amonestaciones públicas, en Actopan siete amonestaciones públicas, en Atzacan dos amonestaciones privadas, en Carrillo Puerto cinco amonestaciones privadas, en Cerro Azul cinco amonestaciones privadas, en Citlaltépetl dos amonestaciones privadas, en Coatepec dos amonestaciones privadas, en Coscomatepec dos amonestaciones privadas, en Hueyapan de Ocampo dos amonestaciones privadas, en Jalcomulco tres amonestaciones privadas, en Las Minas cinco amonestaciones privadas y en Maltrata una multa administrativa.
En el ayuntamiento de Misantla, se aplicó una amonestación privada, en Mecatlán cinco amonestaciones privadas, en Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río dos amonestaciones privadas, en Pánuco una amonestación privada, en San Juan Evangelista dos amonestaciones privadas, en Santiago Sochiapan dos amonestaciones privadas y en Soteapan seis amonestaciones privadas.
Ocho apercibimientos privados se determinaron en Tecolutla, cinco amonestaciones privadas fueron en Tenampa, cinco amonestaciones privadas en Tempoal; dos apercibimientos privados en Texistepec; una amonestación privada sin señalar a los servidores públicos se aplicó en Tezonapa; tres amonestaciones privadas en Tihuatlán; tres amonestaciones privadas en Tlacotalpan; tres apercibimientos privados en Tlalixcoyan; una amonestación privadas en Totutla; una amonestación privada en Úrsulo Galván; y cinco amonestaciones privadas en Xoxocotla.
POR DAÑO PATRIMONIAL
En el reporte del organismo se indica que por la Cuenta Pública 2017, se iniciaron 129 expedientes de investigación y derivado de ello se han realizado 275 inspecciones físicas a obras observadas. Se han resuelto 62 expedientes, de los cuales en 42 se ha emitido Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente, y en 20 de ellos Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
En caso de que se adviertan actos que pudieran ser constitutivos de delitos la Unidad de Investigación, lo hará del conocimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que, en su caso, se proceda a la presentación de la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que competa.
A la fecha, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ha formulado 35 denuncias penales que en su conjunto importan un daño patrimonial del orden de los 797 millones 219 mil 212.94 pesos.
En lo correspondiente a la Cuenta Pública 2018, se establece que se iniciaron 181 expedientes de investigación, por lo que se ha notificado requerimiento de información a 328 servidores y ex servidores públicos, y se han realizado 43 inspecciones físicas a obras observadas. Se han resuelto 35 expedientes, de los cuales en 34 se ha emitido Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente y en 1 de ellos Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
A la fecha, se han formulado cuatro denuncias penales que en su conjunto importan un daño patrimonial del orden de los 126 millones 166 mil 141.38 pesos.
Por la Cuenta Pública 2019, se iniciaron 263 expedientes de investigación y derivado de ello se ha notificado requerimiento de información a 17 servidores y exservidores públicos, y se han realizado 9 inspecciones físicas a obras observadas. Se ha resuelto un expediente emitiendo Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.
Mientras que por la Cuenta Pública 2020, se iniciaron 270 expedientes de investigación y derivado de ello, se ha notificado requerimiento de información a 19 servidores y exservidores públicos.