Según la directora general de Administración del Consejo de la Judicatura, Joana Marlén Bautista Flores, a partir de las medidas de austeridad implementadas en las diferentes áreas del Poder Judicial del Estado han logrado ahorros de cerca 4.2 millones de pesos mensuales y salir del “bache financiero”.

Refirió que ante el problema financiero que enfrentaba el Tribunal Superior de Justicia del Estado en el 2020, se implementó un plan de austeridad, que ha resultado en economías que fortalecen el presupuesto de esta institución. A su decir, en todas las áreas del Poder Judicial se han impuesto medidas de control monetario, con base en la ley de disciplina financiera, erradicando con ello “los negocios” que prevalecían anteriormente.

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“Ahora, las cuentas son claras, se eliminaron fondos revolventes, vales de gasolina para funcionarios administrativos y demás excesos con los que se contaban, lo que ha permitido salir del bache financiero que se tenía a mediados del presente año y que le obligó a solicitar a la LXVI Legislatura del Congreso del Estado una ampliación del presupuesto de 500 millones de pesos para concluir el presente año”, añadió.

Recordó que el Congreso local solo les autorizó 200 millones de pesos, luego de los ajustes financieros realizados por lo que se espera que para el 2023, ya no tengan la necesidad de pedir más presupuesto. Y es de acuerdo con la directora general de Administración, se contempla tener un ahorro de casi 2 mil millones de pesos en los siguientes ejercicios.

Remarcó que se ha logrado combatir la corrupción en el Poder Judicial y destacó que esta instancia gubernamental es la más evaluada, considerando que en el periodo que le ha tocado estar al frente de la Dirección General de Administración, el Poder Judicial ha sido sometido a 16 auditorías, de las cuales 10 han sido de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y seis del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), de las cuales solo se han observado puros temas administrativos, sin mayor relevancia.

Así, presumió que la administración del Poder Judicial es ordenada y disciplinada, con lo que han acatado las disposiciones emitidas por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (Sefiplan).