El diputado local del PT, Ramón Díaz Ávila responsabilizó a los asesores del Congreso local de los constantes “reveses" que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado a la Legislatura local en torno a diversas reformas que les ordenó deben replantear.
En entrevista, indicó que las leyes se caen debido a la falta de fundamentación y por deficiencias en la exposición de motivos con las que se justifican las modificaciones que se respaldan desde el Pleno y que más tarde es motivo para revertir lo hecho por la Cámara local.
“Yo creo que es un tema de orden parlamentario, que los asesores del mismo Congreso se apliquen más, para que en la exposición de motivos no tengamos errores o lagunas, como sucedió en la reforma electoral, en la Legislatura pasada, que también la Suprema Corte la echó para abajo por no haber consultado a pueblos afrodescendientes e indígenas”, expuso.
Refirió que los dictámenes no se circulan con tiempo, por lo que no los pueden revisar y simplemente se llevan a votar al Pleno, “la hacen los asesores, entonces el pleno solo conoce la resolución final y es lo que se vota. ¿En dónde se han caído las leyes? En la exposición de motivos, pero no es un tema de la reforma en sí, si no de la forma”.
Los textos han fallado, por lo que es necesario el reforzar al grupo de asesores, porque no revisan los puntos que se pueden echar abajo desde la Corte.
¿Qué leyes han presentado "reveses" de la SCJN?
El pasado viernes se publicó en la Gaceta Oficial del Estado la más reciente resolución de la Corte que dio un año para que el Congreso consulte a los grupos de afrodescendientes antes de poder legislar a favor de reconocer sus derechos.
Previo a esa notificación, los ministros resolvieron suspender todas las acciones que había realizado la mayoría de Morena al disolver el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev), y que ordenaba liquidar a los seis magistrados que se nombraron en 2017.
También ordenó suspender la intervención de la tesorería del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla que pidió la comisión de Vigilancia del Congreso, que propuso enviar un interventor hasta por dos años para revisar cómo se maneja el dinero en las arcas municipales.
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Además, determinó derogar la fracción 3 de la modificación al artículo 11 de la Constitución, por el que se reconocía como veracruzano a padres de hijos nacidos en la entidad, y sólo se validó que será considerado como nacido en el estado alguien que cumpla con cinco años de residencia.
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