En cumplimiento de la Recomendación 170/2020, emitida el 4 de noviembre de ese año por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ofreció una disculpa pública a las víctimas directas e indirectas de la desaparición forzada de cuatro personas cometida por elementos de la dependencia.
En hechos ocurridos el 25 de septiembre de 2015 y acreditados por el organismo autónomo, policías estatales participaron en la captura de los jóvenes Jacob Vicente Jiménez González, Abraham Elester Torres Barradas, Camilo Efraín Silva Gómez y Carlos Arturo Rojas Valencia –en el marco del operativo denominado Blindaje Coatzacoalcos–, quienes aún son buscados por sus familiares.
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En un acto atestiguado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, manifestó el compromiso de dar cumplimiento a las medidas de reparación derivadas de los actos de violaciones graves a los derechos humanos, desaparición forzada y daño a la integridad personal en agravio de los referidos.
A nombre de la institución ofreció disculpa a las familias de cada joven y reconoció los agravios cometidos, al tiempo de refrendar la garantía de reparación integral del daño y de no tolerar ni repetir, bajo ninguna circunstancia, estos actos de violación a los derechos humanos en la Secretaría.
García Jiménez indicó que al asumir la titularidad del Gobierno también asumió todas las responsabilidades inherentes. Reconoció la necesidad de actuar consecuentemente para asegurar que no se repitan estas fallas que el Estado cometió en el pasado. “Queremos que se sepa en todos los rincones de la entidad, del país y más lejos: no pueden repetirse estos hechos que causaron mucho dolor”.
Presenciaron esta ceremonia familiares de los desaparecidos, representados por María Valencia Malpica, Gabriela Torres Barradas y Rosa de Belén González Medrano.
Entre las autoridades presentes estuvieron presentes el coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García Campos, así como la fiscala general del Estado, Verónica Hernández Giadáns; la presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez; etre otros funcionarios estatales.