La exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Concepción Flores Saviaga aseguró que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar la restitución en su cargo.
En conferencia de prensa, manifestó que tras aplicarle el retiro forzoso por haber cumplido 70 años tomó la decisión de recurrir a las instancias internacionales, ya que a nivel federal cuenta con un amparo que la protege de ser destituida y el cual fue violado.
¿Por qué se aplicó un retiro forzoso a la exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado?
“Lo único que me comunican en la determinación que me hacen es que revisaron mi expediente personal y determinaron que hay un acta de nacimiento y con la credencial de elector comprobaron mi edad de 70 años, por lo que se me aplicó el retiro forzoso”, expuso.
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Afirmó que la decisión de aplicarle el retiro fue de la magistrada presidenta, Isabel Inés Romero Cruz, quien no consideró la opinión del pleno del Poder Judicial, órgano responsable de los nombramientos y destituciones de los trabajadores.
“Ella no es competente para determinar por una situación de los magistrados, sino el pleno, pero lo hizo de forma unilateral como presidenta del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia, por lo que procederé a las instancias federales”, dijo.
Detalló que en 2010 se le concedió el amparo 1577 con el que se le reconoce la inamovilidad, por lo que se incurrió en una violación al aplicarse de manera retroactiva la reforma.
“Me obligan a acudir a las instancias internacionales porque, además de violar el amparo, violan mis derechos fundamentales y humanos al no respetar mi investidura y continuación en el trabajo, violaron mis derechos a un trato digno como magistrada, buscaré que se me restituya en el cargo”, expuso.
Recordó que en septiembre del año pasado también fue víctima de las decisiones de la magistrada presidenta, ya que se le cambió de adscripción al ser removida de la Sala Octava para enviarla a la visitaduría.
“Yo gané un amparo para evitar que se me removiera de la Octava Sala y se me concedió, pero no se consideró y se violó esta decisión legal, se determinó en ese amparo la violación sistemática de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos por habérseme negado desde los plenos anteriores la participación como igualdad de género porque en esa Sala pusieron tres hombres, las mujeres pedimos participar y se nos había negado”, expuso.
Al cuestionarle si la decisión tomada estaría relacionada con las acciones que ella aplicó como magistrada, entre ellas denunciar el uso indebido de recursos al interior del Poder Judicial, mencionó: Yo creo que no (es personal), pero yo voy a defender mi plaza, mi magistratura, mi investidura y mis derechos fundamentales hasta las últimas instancias que son las internacionales.
En su opinión, las modificaciones que se han realizado en el Poder Judicial se deben a que la magistrada presidenta “recibe órdenes del Ejecutivo y del Legislativo, por lo que seguramente quieren mi espacio para poner a otro magistrado improvisado porque ni siquiera le dan oportunidad a los jueces que tienen carrera judicial”.
Dijo tener confianza en que las instancias internacionales le darán la razón, debido a que la aplicación de las reformas en retroactividad en perjuicio es una violación a los derechos humanos.
Destacó que su nombramiento de inamovilidad es más importante que aquellos que se otorgan por diez años, ya que los magistrados que obtienen dicho cargo cuentan con la experiencia y la carrera judicial que se requiere para la verdadera impartición de justicia.
Finalmente comentó que algunos de los magistrados que contaban con inamovilidad y se retiraron a partir de la reforma lo hicieron porque tenían algún problema de salud, pero otros sí fueron forzados a dejar su cargo.