/ miércoles 27 de abril de 2022

¿Por qué Tarek "N" quiere un amparo?; tribunal federal le niega derecho

Tarek "N" fue tesorero del exgobernador Javier "N"

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal negó un amparo al extesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Antonio Tarek "N", quien buscaba la protección de la justicia federal en contra de dos órdenes de aprehensión que existen en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de coalición y abuso de autoridad.

Dichas órdenes de aprehensión se emitieron en contra del testigo colaborador de la Fiscalía General de la República por actos que supuestamente fueron cometidos durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.

Al negar dicho amparo, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó el fallo de Juez de Primera Instancia, quien rechazó proteger al excolaborador de Duarte de Ochoa.

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El extesorero supuestamente fue pieza clave para llevar a prisión y emitir una sentencia al exgobernador. Actualmente es prófugo de la justicia en Veracruz, pero goza de la protección de la FGR.

Al final del sexenio de Enrique Peña Nieto la entonces Procuraduría General de la República le otorgó un criterio de oportunidad, a fin de evitar que se le imputara por el presunto desvío de 55 mil millones de pesos. Ello, a pesar de que su nombre aparecía en 32 carpetas de investigación y en 11 averiguaciones previas.

El exservidor público pidió el amparo de la justicia, alegando la prescripción de los presuntos delitos que se le imputan; sin embargo, los magistrados determinaron determinaron que ello debe ser analizado por los jueces cuando sea presentado en audiencia.

La Fiscalía General del Estado señaló al exfuncionario de su presunta participación en la disposición de 2 mil 300 millones de pesos, acto por el que se generó que se dejara de proveer de elementos de salud a los pacientes de los centros y clínicas públicas.

Además, se consideró que supuestamente hizo uso de más de 303 millones de pesos, cantidad que fue retenida al Sindicato del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz para un fin distinto al que estaban destinados.

Vuelve a leer: Exgobernador Javier "N" admite que dejó deuda... aprobada por el Congreso

Tras ello, en septiembre de 2018 se emitieron las dos órdenes en su contra desde los Juzgados de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa.

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal negó un amparo al extesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Antonio Tarek "N", quien buscaba la protección de la justicia federal en contra de dos órdenes de aprehensión que existen en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de coalición y abuso de autoridad.

Dichas órdenes de aprehensión se emitieron en contra del testigo colaborador de la Fiscalía General de la República por actos que supuestamente fueron cometidos durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.

Al negar dicho amparo, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó el fallo de Juez de Primera Instancia, quien rechazó proteger al excolaborador de Duarte de Ochoa.

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El extesorero supuestamente fue pieza clave para llevar a prisión y emitir una sentencia al exgobernador. Actualmente es prófugo de la justicia en Veracruz, pero goza de la protección de la FGR.

Al final del sexenio de Enrique Peña Nieto la entonces Procuraduría General de la República le otorgó un criterio de oportunidad, a fin de evitar que se le imputara por el presunto desvío de 55 mil millones de pesos. Ello, a pesar de que su nombre aparecía en 32 carpetas de investigación y en 11 averiguaciones previas.

El exservidor público pidió el amparo de la justicia, alegando la prescripción de los presuntos delitos que se le imputan; sin embargo, los magistrados determinaron determinaron que ello debe ser analizado por los jueces cuando sea presentado en audiencia.

La Fiscalía General del Estado señaló al exfuncionario de su presunta participación en la disposición de 2 mil 300 millones de pesos, acto por el que se generó que se dejara de proveer de elementos de salud a los pacientes de los centros y clínicas públicas.

Además, se consideró que supuestamente hizo uso de más de 303 millones de pesos, cantidad que fue retenida al Sindicato del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz para un fin distinto al que estaban destinados.

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Tras ello, en septiembre de 2018 se emitieron las dos órdenes en su contra desde los Juzgados de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa.

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