El Juzgado Cuarto de Distrito resolvió dejar sin efectos el auto de vinculación a proceso en contra de la extesorera del Ayuntamiento de Jamapa, María “N”, por considerar que hubo violación a sus derechos humanos, por lo que deberá dictarse una nueva resolución.

El auto de vinculación a proceso se le persigue por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado.

Ante ello, la servidora pública solicitó un juicio de amparo y el Juez resolvió que el auto de vinculación a proceso dictado el 10 de noviembre de 2020 por una Jueza de Control del Puerto de Veracruz en su contra fue ilegal y violatorio de su derecho a la seguridad jurídica, pues sin motivar su resolución decidió someterla a proceso penal, imponiéndole dos años de prisión preventiva.

En la sentencia del juicio de amparo 658/2020 se determinó que la Jueza no estableció las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos que se le atribuyen a la extesorera de Jamapa. Entre ello: el cómo, cuándo y dónde había incurrido en los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado.

Asimismo, se indica que el actuar de la Jueza de Control dejó a la acusada en un estado de indefensión e incertidumbre, ya que durante la audiencia no dio a conocer las pruebas con las que se acreditó la probable participación de la exfuncionaria en los hechos que le atribuye la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Las irregularidades hacen patente la violación de los derechos fundamentales, dejando en estado de indefensión a la aquí quejosa, al no permitirle conocer de forma clara con qué datos de prueba se acredita su probable participación en la comisión de los delitos que se le imputan, ni los motivos por los cuales se consideraron dignos de valor demostrativo”, estableció el Juez.

Por ello, se determinó dejar sin efectos el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el 10 de noviembre de 2020 y dictar una nueva resolución en la que se subsanen las irregularidades cometidas por la Jueza de Control.

Se debe recordar que la extesorera fue detenida por la Fiscalía General del Estado el 4 de noviembre de 2020 junto con el entonces Director de Obras Públicas municipal, por presuntamente solicitar “moches” a 18 beneficiarios del programa social “Cuartos dormitorios”, implementado por el Ayuntamiento.