La asociación civil Equifonía presentó una queja el pasado 7 de diciembre ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Inés Isabel Romero Cruz, por el presunto trato discriminatorio que recibieron los padres de Pilar Argüello Trujillo, víctima de feminicidio en 2012.

Las representantes de Equifonia, Adriana Fuentes y Araceli González Saavedra, dieron a conocer que la magistrada presidenta supuestamente declaró ante los padres de la víctima de feminicidio que no puede garantizar justicia en este caso y reconoció que a más de 10 años de los hechos no se ha iniciado un procedimiento administrativo contra la Jueza que liberó al presunto responsable.

Explicaron que el 1 de diciembre del año pasado hubo una reunión entre la magistrada presidenta y los padres de Pilar Argüello, derivada de las recomendaciones hechas al Estado mexicano por parte del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) por las irregularidades del caso.

Los padres de la víctima, Reyna Trujillo Reyes y Pedro Argüello Morales, señalaron que durante dicha reunión supuestamente recibieron un “trato agresivo, revictimizante y clasista” por parte de la magistrada presidenta, quien les pidió que no la culparan por las irregularidades en el caso.

Indicaron que la Magistrada no presentó un informe detallado sobre el procedimiento administrativo en contra de la Jueza que liberó al presunto responsable del feminicidio, a pesar de que ello era el motivo principal de la reunión.

“Se violentó y revictimizó a las víctimas indirectas. Hicieron esperar a la familia y fue hasta que se cuestionó si la reunión se llevaría a cabo que se informó que no tardaba en incorporarse la Magistrada, pero a su llegada no realizó presentación formal, tampoco precisó el objetivo de la reunión y desde el inicio mostró actitud despectiva, demostró el poco conocimiento del caso y la identidad de las personas que atendería”, expusieron.

Asimismo, denunciaron que los padres de la víctima nunca fueron escuchados, pues cuando intentaban hablar se les interrumpía.

En la reunión, señalaron, se debían dar un informe del mecanismo de investigación administrativo y la sanción que se aplicó al personal involucrado en la sentencia absolutoria del presunto responsable, lo cual no ocurrió.

Ante ello, los padres de la víctima presentaron síntomas de ansiedad, angustia y frustración al escuchar que no recibirán una justicia “terrenal, sino divina, según dijo la magistrada presidenta”.

Los padres estuvieron acompañados por integrantes de Equifonía y de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, quienes fueron testigos de que la Magistrada habló durante 45 minutos sin permitirle a los padres intervenir en la reunión.

“Le manifestó al padre de la víctima que no la mirara de ese modo, le alzó la voz diciendo que la estaba mirando feo, con odio y que ella no tenía que soportar ese tipo de trato. Cuando don Pedro intentaba hablar la Magistrada lo interrumpía y al final le afirmó que aun cuando no se pudiera garantizar la justicia a su hija, de la justicia divina no se salvaba”, explicó Araceli González.

Tras los hechos, se determinó que la titular del Poder Judicial otorgó una respuesta lamentable de una representante del estado mexicano ante las recomendaciones de CEDAW, por lo que se presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) la queja 492/2021, además de pedir al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, una reunión de trabajo para darle a conocer todo lo que ha ocurrido; sin embargo, no ha sido contestada.

Desde la asociación civil se considera que dicha reunión representó una inadecuada atención porque se desdeña la posibilidad de presentar un precedente que ayudará a obtener justicia en este y otros casos de feminicidio.

Tanto Pedro Argüello como Reyna Trujillo han sostenido reuniones individuales con asesores de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, debido a la afectación emocional que sufrieron tras la reunión con la Magistrada.

En septiembre de 2012 el cuerpo de Pilar Argüello Trujillo, de 20 años, fue hallado en un chayotal de Coscomatepec con huellas de violencia sexual. Su pareja, un joven de 17 años, confesó el crimen y dio detalles de cómo lo hizo y por qué; sin embargo, dos meses después una jueza decidió que no había pruebas suficientes en su contra y lo liberó.

Los familiares no recibieron una notificación de esta determinación y aunque la decisión fue impugnada, todas las instancias avalaron la decisión de la jueza.

Por ello, en agosto de 2014 la asociación civil Equifonía presentó el caso ante la CEDAW y fue en 2017 cuando este organismo emitió recomendaciones al Estado Mexicano.

Entre las recomendaciones se incluía la reapertura del caso, que se realizó en 2018 por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero que no ha tenido avances. Asimismo, se debía realizar el análisis de las implicaciones de este feminicidio para su familia, y la falta de atención por parte de las autoridades en este caso.

La reunión con Isabel Inés Romero Cruz se desprende de estas recomendaciones en las que la CEDAW urgió al estado mexicano acelerar la atención de este caso, ya que en este 2022 se tendrá que informar el avance de estas recomendaciones que no sólo se enfocan a este feminicidio, sino en general en todos los casos que se registren porque se trata de acciones encaminadas a subsanar las deficiencias en las investigaciones.