Xalapa, Ver.- La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Adriana Paola Linares Capitanachi, aseguró tener “otros datos” en torno al caso de Mixtla de Altamirano y la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la irregularidad en que cayó el Legislativo al intervenir la tesorería de dicho municipio y aprobar la desaparición de poderes.
En días pasados la Suprema Corte determinó que el Congreso local debía restituir al Cabildo del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, incluido el exsíndico Ricardo “N”, vinculado a proceso como presunto autor intelectual del homicidio de la alcaldesa, Maricela Vallejo Orea.
Al respecto, la presidenta del Congreso local aseguró que “sólo se actúa con base en la Ley”.
Indicó que están a la espera de la resolución definitiva del asunto, pues a la Cámara local no ha llegado ningún documento que les exija retractarse de la decisión tomada en el pleno.
“Estamos en eso, pero lo que sí les puedo adelantar es que nosotros vamos a esperar a que se vengan las resoluciones ya definitivas de las instancias correspondientes. Todavía está en proceso. Yo tengo otros datos, pero sí les puedo asegurar que siempre estamos actuando bajo derecho y en tiempo y forma”, expuso en breve entrevista.
El pasado 23 de abril, el máximo tribunal refrendó la determinación que los ministros emitieron en noviembre de 2020, al declarar inconstitucional la intervención de la Tesorería Municipal, la cual ordenó el Congreso local el 9 de julio de 2019.
Hace cinco meses la Corte consideró que la desaparición de poderes y la instalación de un Concejo Municipal fueron inconstitucionales, por lo que se tenía que restituir en sus cargos a los integrantes del Cabildo.
Sin embargo, esta determinación, derivada de la controversia constitucional 267/2019 promovida por el propio ayuntamiento, no fue atendida por el Congreso local, lo que motivó que la máxima tribuna exhibiera el tema nuevamente.
La resolución de la Suprema Corte indicó que se debe restituir a los integrantes del ayuntamiento, pues de lo contrario se consideraría que el Congreso local actuó de manera ilegal y tomó “una decisión que resulta totalmente ajena a lo dispuesto en la ley”.
La decisión de los ministros señaló que los integrantes del Cabildo deberán regresar a sus funciones y con ello dejar sin validez al Concejo Municipal. Ello incluye al exsíndico, Ricardo “N”, quien se encuentra en prisión preventiva por presuntamente ser el autor intelectual del homicidio de la exalcaldesa del municipio, Maricela Vallejo Orea.
Se debe recordar que el 24 de abril de 2019 la entonces alcaldesa Maricela Vallejo Orea, fue asesinada.
Tras ello, en junio, Hipólito Rodríguez Tlehuactle, director del DIF municipal; Erasmo Choncoa Hernández, auxiliar de Fomento Agropecuario, e Isauro Cuahua Tetlactle, tesorero, solicitaron al Congreso local la desaparición de poderes del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, argumentando ingobernabilidad, violencia y uso indebido de los recursos.
La solicitud fue enviada a la Comisión Instructora y como parte del proceso el 28 de junio, la alcaldesa suplente, Margarita Montalvo Acahua; el síndico, Ricardo Pérez Marcos, y la regidora, Valentina Temoxtle Juárez, se presentaron a comparecer en la audiencia de pruebas y alegatos con la que se determinó que había pruebas suficientes para dictaminar la desaparición de poderes del ayuntamiento.
Fue entonces que el 9 de julio por mayoría calificada el pleno del Congreso local aprobó la suspensión provisional de poderes del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, por lo que se nombró un Concejo Municipal.
El Concejo Municipal quedó integrado por Crispín Hernández Sánchez como presidente y Socorro Alba Sandoval Cuevas, Xicoténcatl Atlahua Temoxtle, Lorenzo Tlehuactle Zopiyactle, Senoria Orea Méndez, así como Ángel Amador Cano como vocales.
También en julio ante la presencia del representante del gobierno estatal, Luis Arturo Santiago Martinez, y del delegado de política Regional en Zongolica, Armando Xicoténcatl, inició la intervención a la Tesorería municipal por parte del Congreso del Estado.
El proceso administrativo quedó a cargo de la Secretaria de Fiscalización del Congreso local, Diana Bellido Díaz; el secretario técnico de la Comisión Permanente de Vigilancia, Fernando Guzmán Ricaño, y los representantes del departamento de Auditoria y Rendición de Cuenta Pública, Mario Saldaña y José Alberto Aguirre.
Un mes después, el 20 de agosto, el exsíndico, Ricardo "N", fue detenido en el estado de Puebla, luego de ser identificado por la Fiscalía General del Estado como el presunto autor intelectual de la alcaldesa, Maricela Vallejo Orea, su esposo y su chofer.
La detención se realizó por el personal de la Policía Ministerial de la Fiscalía en un operativo conjunto por la Fiscalía General de Puebla.
Se debe mencionar que desde que se aprobó la desaparición de poderes no se especificó el tiempo por el que el Concejo Municipal estaría a cargo de la administración del municipio, ubicado en las Altas Montañas.
