La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre señaló que los diversos Distritos Judiciales de Veracruz han sido notificados de 33 mandamientos en materia de amparo que han puesto en libertad a personas acusadas de delitos graves, lo que pone en riesgo la gobernabilidad del Estado.
En conferencia de prensa, la cual compartió con el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez refirió que sin mayor estudio del asunto los jueces federales otorgan la suspensión provisional para el efecto de cesar la aplicación de esta medida cautelar.
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Lo anterior, dijo, trae como consecuencia la libertad inmediata y absoluta de los imputados, “en delitos tan delicados como secuestro, homicidio, violación, pederastia, robo agravado, abuso sexual de menores y otros de gran impacto social”.
“En la institución que represento, siempre hemos velado por el cumplimiento irrestricto de la ley, así como de las determinaciones que la autoridad judicial federal emite. Sin embargo, en esta ocasión no coincidimos con sus resoluciones pues consideramos que, de manera incorrecta (o ilegal), desde el incidente de suspensión resuelven el fondo de los juicios de amparo, lo cual realizan a través de formatos, sin analizar las pruebas que existan en cada caso en concreto”, expuso.
Puntualizó que las decisiones de los jueces afectan de manera directa a las víctimas, los procesos y dejando vulnerable a la sociedad, ya que facilitan la evasión y sustracción de la acción de la justicia de los investigados.
“Los juzgadores federales liberan a diestra y siniestra, aplicando fórmulas genéricas en todos los juicios de amparo que se promueven en contra de la prisión preventiva dictada por nuestros jueces”, expresó.
Puntualizó que con ello se incide en la gobernabilidad del Estado, pues los jueces y magistrados de la Federación no toman en cuenta el impacto social que trae consigo dejar libre de facto y sin análisis a personas que representan un peligro inminente.
“Esto se hace inobservando la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso García Rodríguez vs México, en donde se establece que la Prisión Preventiva Justificada no es violatoria de los Derechos Humanos, pues existen procesos en los que resulta ser la medida idónea y proporcional para garantizar la seguridad de las partes, manteniendo el orden público”, dijo.
Finalmente, afirmó que en el Poder Judicial se vela por el debido proceso, “cuidando siempre a la ciudadanía. Pues un buen juzgador, no es aquél que sólo sabe de Derecho, sino que también resuelve con perspectiva social”.