El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez ha incurrido en subejercicio y tiene montos por aclarar por 9 mil 726 millones de pesos, según un análisis realizado a las Cuentas Públicas del 2019 al tercer informe del 2021 por el Comité Directivo Estatal del PRI.
En conferencia de prensa el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín indicó que se han devuelto a la Tesorería de la Federación mil 817 millones de pesos.
- Te puede interesar: Exigen rastrear dinero que recibió Araly "N" de la SEV
Acompañado por diputadas locales y otros integrantes del Comité Directivo Estatal explicó que los reintegros fueron por 505 millones 352.1 mil pesos en 2019; por 278 millones 889.9 mil pesos en 2020 y por mil 033 millones 356.3 mil pesos en 2021.
¿Cuál es el monto total por daño patrimonial?
Manifestó que el monto total de las observaciones por posible daño patrimonial en ese periodo es por 12 mil 479 millones 520.90 pesos. De ese monto en 2019 se observaron 5 mil 289 millones 389.3 miles de pesos; en 2020 fueron 150 millones 085.8 mil pesos y en 2021 fueron 7 mil 040 millones 045.8 miles de pesos.
Ramírez Marín aclaró que las cifras no quieren decir que "se hayan robado el dinero"; sin embargo, están por aclarar 2 mil 811 millones 460.5 mil pesos correspondientes a 2019 y 6 mil 914 millones 664.6 mil pesos del 2021, según los informes de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
"Este gobierno, en términos de lo que dice la Auditoría Superior de la Federación, no ha sido claro. En ningún momento estamos diciendo que se lo robaron, pero somos responsables sobre lo dicho y lo que afirma la Auditoría Superior de la Federación y el organismo señala que el gobierno de Veracruz tiene que aclarar esos 9 mil 726 millones de pesos", expresó.
Comentó que en la última Cuenta Pública, correspondiente al 2021, la administración estatal haya hecho un "mal uso" de más de 6 mil 914 millones de pesos.
"Lo que señalamos y cuestionamos es por qué se han hecho reintegros a la Federación, aunque en sí admiten que sean devueltos en tanto no se hayan logrado gastar por falta de tiempo, lo que ocurre en el estado de Veracruz es que ha intervenido la ASF porque no se han aclarado estos montos", comentó
Consideró que podrían fincarse responsabilidades administrativas sancionatorias por la no aclaración del destino del dinero.
Manifestó que la administración estatal no presupuestó, por una parte, dinero que debía gastar para pago de adeudos, y, por otro lado, no justificó: "¿Cómo es que pagó, de dónde sacó el dinero para pagar o de qué fondo lo tomó para pagar?".
En torno al aumento de plazas en dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública, donde se gastaron más de mil 200 millones más a lo establecido.
Puntualizó que el PRI ha insistido desde el 2019 en el subejercicio en que ha incurrido este gobierno, lo que el gobernador siempre negó, pero ahora la ASF lo hace visible.
"Es posible que se haya prendido la licuadora, el proceder que realizó el gobierno de Javier "N", donde usaba recursos públicos estatales y federales indistintamente, ya etiquetados, para cubrir otros rubros. Tendrá que ser el gobernador quien rinda cuentas y aplique el proceder correspondiente", concluyó.