La comparecencia de la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, sirvió para que diputados locales señalaran la supuesta entrega de contratos millonarios a una sola persona en dependencias del Estado y tráfico de influencias en la presunta asignación de servicios a la esposa del contralor interno del organismo fiscalizador.
En la primera ronda de preguntas y respuestas el diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín, cuestionó a la auditora sobre quién era Araly Rodríguez Vez, quien, dijo, es empleada de gobierno del Estado y ha recibido contratos por más de 100 millones de pesos.
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El legislador indicó que el combate a la corrupción fue la bandera con la que quienes hoy gobiernan llegaron al poder y juraron erradicarla junto con la violencia y la pobreza en este país.
Por ello, cuestionó a la Funcionaria sobre la naturaleza jurídica del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) del que ella forma parte, así como de sus facultades y alcances.
Tras citar el artículo 79 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz, en el artículo 5 fracción I, el diputado mostró una lámina con los organismos que integran el SEA y señaló que en: https://www.plataformadigitalnacional.org/sancionados no hay ningún funcionario, a pesar de que este sistema dice que Veracruz, Hidalgo y Oaxaca, son de los estados que más sanciones tienen.
Manifestó que durante las comparecencias de los secretarios de despacho e integrantes del Poder Ejecutivo, los diputados del PRI hicieron diversos señalamientos respecto a empresas de reciente creación, empresas con objeto social distinto, contratos de empresas asignados de manera directa.
“No veo en esta plataforma que se haya alimentado este Sistema Estatal Anticorrupción, por eso le pregunté sobre el objeto y los alcances del mismo, porque pensaba encontrar en esta plataforma a Araly Rodriguez Vez. ¿Quién es Araly Rodríguez Vez?”, insistió.
Al respecto, la auditora general le contestó que se está trabajando en la plataforma a nivel nacional y estatal y que posiblemente en un mes se tengan avances; sin embargo, se escudó en la falta de presupuesto, asegurando que es una limitante.
“Sabía que no me iba a decir usted quién es Araly Rodríguez Vez”, le respondió el legislador, quien mostró un ring de lucha libre que, según él, representaba a Veracruz y dos luchadores: uno pequeño que simbolizaba al SEA y una muñeca de mayor tamaño que simulaba a la mujer que acusó de tener contratos por más de 100 millones de pesos.
“Maestra, no es que vaya uno a la vanguardia, pero de qué sirve el esfuerzo del Sistema Estatal Anticorrupción, cuando alguien, no sé quién, le ha entregado a una señora contratos por cien millones de pesos, ni los salarios de todo el auditorio junto aquí reunido al año alcanza esa cifra”, comentó.
De la misma forma, le manifestó que el PRI siempre le ha manifestado su apoyo, “siempre hemos tratado de ser constructivos, y me parece que el esfuerzo que debe hacerse en el SEA, de usted y todos quienes forman parte del mismo, es enarbolar la bandera que el presidente ondeó por muchos años, que es combatir la corrupción, hasta hoy, me parece que la corrupción va ganando”.
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Araly Rodríguez Vez, es trabajadora de la SEV y obtuvo contratos de la Secretaría de Salud, el Instituto Tecnológico de Perote; Secretaría de Seguridad Pública; y el Sistema Integral para la Familia (DIF) por más de 100 millones de pesos.
Acusan tráfico de influencias en contratos
En la segunda ronda de preguntas fue la diputada de Morena Magaly Armenta Oliveros quien dio a conocer que a Eva Yalila Leal Castellanos, esposa del Contralor Interno del Orfis, Emmanuel Vázquez Jiménez, supuestamente se le asignaron servicios y obras.
“Auditora, tiene usted conocimiento que mediante los contratos 22/12/2020, 16/02/2021, 05/03/2021, 18/05/2021 y 20/12/2021 se realizaron adjudicaciones directas por diversos montos y conceptos a la ciudadana Eva Yalila Leal Castellanos, quien es esposa del Contralor interno, Emmanuel Vázquez”, expuso la legisladora.
Cuestionó si eso estaba regulado desde el proceso de licitación la posibilidad de evitar conflicto de interés, “¿es una práctica común en el órgano que revisa el recurso que se deben gastar en favor de los veracruzano?”.
Ante dicho cuestionamiento, González Cobos respondió que el registro al padrón de proveedores es gratuito y no tenía conocimiento que alguna proveedora tuviera relación con alguien que sea trabajador del Orfis.
Además, mencionó que los proveedores deben cumplir con todos los requisitos establecidos para la entrega de contratos, entre ellos, una carta en la que se asegura que no hay conflicto de intereses.
Comentó que al tercer trimestre de 2022 el padrón de proveedores del Orfis era de 132 personas, por lo que no conoce la relación que cada uno pudiera tener con los trabajadores del organismo.
Ante ello, se comprometió a investigar y, en caso de identificar alguna irregularidad, prometió sanciones, “porque hay un requisito que los proveedores están obligados a cumplir es que no haya conflicto de intereses y están obligados a respetar, el Orfis ha llevado a cabo licitaciones simplificadas por un monto de 8 millones y todos los proveedores deben cumplir con el requisito”.
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Datos que son públicos confirmaron que Yalila Leal Castellanos recibió contratos por 60 mil pesos. Ella aparece como proveedora de alimentos del Orfis.
Yalila Leal Castellanos fue funcionaria de la dirección de Turismo en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, y se le vincula, presuntamente, con el contralor interno, Emmanuel Vázquez Jiménez, hermano de Sergio Vázquez Jiménez, expresidente del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.