En Veracruz, la violencia electoral y criminal ha evolucionado en los últimos cinco años, convirtiéndose en un problema grave. Según datos de la organización Data Cívica, 15 personas candidatas fueron asesinadas en este periodo, situando al estado en la segunda posición a nivel nacional en esta estadística. Además, la plataforma ACLED reportó 310 eventos de violencia protagonizados por grupos criminales durante 2023, consolidando a Veracruz como el sexto estado con más casos a nivel nacional.
En el marco del proceso electoral 2023-2024, México cerró 2023 con un total de 574 agresiones por parte del crimen organizado hacia individuos vinculados a la política y el gobierno. Veracruz contribuyó con 42 de estos eventos, posicionándose como el cuarto estado con más agresiones a nivel nacional, según el monitoreo de “Votar Entre Balas” de Data Cívica.
El 2023 es el año con mayor incidencia de violencia político-criminal en México desde el inicio de los registros en 2018.
Los estados con más agresiones registradas (incluyendo asesinatos, atentados, ataques armados, secuestros, desapariciones y amenazas) fueron Guerrero (91), Guanajuato (64), Zacatecas (43), Veracruz (42) y Michoacán y Chiapas, con 38 cada uno.
Es relevante destacar que la cifra total de eventos violentos incluye a miembros de seguridad atacados fuera de sus funciones, considerando estos actos como intentos de influir en la vida política local. Excluyendo estos casos, se contabilizan 264 víctimas, siendo funcionarios públicos o aspirantes a cargos de elección popular.
Desde el inicio del proceso electoral en septiembre pasado hasta el 31 de diciembre, en México, ocho precandidatos y un excandidato fueron agredidos, con seis casos de asesinato, un secuestro y dos atentados.
Candidatas y candidatos asesinados
El primer mes de 2024 ya ha registrado cinco asesinatos de personas que buscaban participar en las elecciones, marcando el enero más mortífero para candidatas y candidatos en los últimos cinco años.
“Así que enero de 2024 ya es el enero más mortal para las y los candidatos durante los últimos cinco años. En el mismo mes de los años electorales anteriores no hubo tal cantidad de personas candidatas asesinadas, ya que en enero de 2018 registramos dos víctimas y en enero de 2021 una persona asesinada, por lo que no se había visto el nivel de violencia mortal como lo estamos viendo durante este año que empieza”, señala Data Cívica.
Entre 2018 y 2023, se han registrado 105 asesinatos de candidatas(os), precandidatas(os) y excandidatas(os) en México. El 86 por ciento de las víctimas eran hombres, el 14 por ciento mujeres, con un predominio del 86 por ciento compitiendo por cargos municipales.
Guerrero es el estado en donde han asesinado a más candidatas y candidatos, con 16 casos en los últimos cinco años; en segundo lugar, se encuentra Veracruz, con 15 personas candidatas asesinadas. Otros estados como Guanajuato, Estado de México y Oaxaca registraron 10 casos cada uno.
En cuanto a la afiliación política, Data Cívica informa que el 25 por ciento de las víctimas pertenecían a Morena, el 18 por ciento al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el 13 por ciento al Partido Acción Nacional (PAN), y el 10 por ciento a Movimiento Ciudadano y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) respectivamente, “por lo que ningún partido político se ha salvado de la violencia político-criminal”, apunta.
Al respecto, Data Cívica advierte sobre la importancia de poner el foco en el nivel local durante las próximas elecciones, señaladas como las más grandes de la historia.
La lucha por el poder político y criminal
El reciente informe del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED) revela que México experimentó niveles persistentemente altos de violencia en 2023. Más de 70 grupos armados activos compiten por el control de lucrativas economías ilícitas, incluido el contrabando de drogas y personas, y la extorsión.
Aunque estos grupos son de naturaleza criminal, su impacto se extiende a gran parte del territorio mexicano, siendo responsables de la mayoría de los eventos violentos y desarrollando vínculos profundos con sectores institucionales. La carga civil de estas guerras territoriales posiciona a México como el país más peligroso del mundo para las personas civiles, según el Índice de Conflictos ACLED.
En 2023, México experimentó 6,620 eventos de violencia política, superando a países como Brasil, Palestina, Siria, Myanmar, Ucrania, Nigeria, La India, Colombia y Yemen.
En el último año, los enfrentamientos entre grupos criminales y las fuerzas estatales aumentaron, destacando estados como Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz, Zacatecas, Baja California, Sinaloa y Sonora.
Veracruz registró más de 310 eventos de violencia entre grupos criminales, ubicándose en el sexto lugar nacional, superado por Morelos y Puebla, con más de 320 eventos cada uno.
ACLED alerta que estas guerras también se intensificaron en estados como Guerrero, Chiapas y Tamaulipas.
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Perspectivas para 2024: desafíos electorales y de seguridad
El informe de ACLED proyecta que los grupos armados expandirán sus redes de protección, afectando la seguridad pública y las actividades económicas, incrementando el número de víctimas civiles.
A medida que se acerca la elección de junio de 2024, con cerca de 20 mil puestos públicos en juego, incluyendo la Presidencia de la República, los escaños del Congreso, los puestos municipales y ocho gubernaturas, se espera una mayor violencia política.
La interacción entre la violencia política tradicional y los intereses de grupos criminales crea un terreno propicio para el aumento de la violencia contra funcionarios locales, especialmente alrededor de las elecciones.
A pesar de las promesas de reducir la participación militar en seguridad pública, por parte de las principales candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, el informe destaca que la implementación de políticas integrales será un desafío, dada la compleja situación de seguridad y la infiltración de intereses criminales en niveles gubernamentales locales.
“Es poco probable que cualquier iniciativa lanzada por el gobierno central tenga éxito sin el apoyo y la coordinación necesarios con los gobernadores y las autoridades municipales, que comparten responsabilidades en la implementación de políticas de seguridad pública, pero están más expuestos a ser infiltrados por intereses criminales”, apunta el informe de ACLED.
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