En el último año, el presupuesto federal para el programa de Aborto Seguro en Veracruz ha experimentado una reducción significativa del 40.46 por ciento. Esta disminución afecta la contratación de personal médico, la adquisición de equipamiento para los Servicios de Aborto Seguro (SAS) y las iniciativas para garantizar el acceso a este derecho de salud, particularmente para las mujeres sin empleo formal y sin seguridad social.
Según el Segundo Convenio Modificatorio al Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales para Acciones en Salud Pública en Veracruz (Convenio SaNAS), el presupuesto asignado al programa de Aborto Seguro en 2023 fue un 40.46 por ciento menor que el año anterior, descendiendo de 2 millones 214 mil 822 a 1 millón 318 mil 630 pesos.
Los recursos destinados al Programa de Aborto Seguro, como parte del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, elaborado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), no muestran un progreso adecuado.
Según los convenios publicados por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el presupuesto para el programa de Aborto Seguro en Veracruz ha oscilado desde 265 mil pesos en 2020 hasta 1 millón 117 mil 572 pesos en 2021, alcanzando su punto máximo en 2022 con 2 millones 214 mil 822 pesos, para luego descender a 1 millón 318 mil 630 pesos en 2023.
En términos de asignación presupuestal, el año 2022 representó el pico más alto de fondos federales destinados al programa de Aborto Seguro en Veracruz.
Es importante recordar que el Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva (SSyR), establecido durante la administración federal actual, considera el Aborto Seguro como un derecho a la salud en el contexto de la política pública nacional.
Desde 2020, el Componente de Aborto Seguro, administrado por el CNEGSR, ha sido integrado como parte de la responsabilidad del sector salud para brindar atención de calidad en cumplimiento con el marco legal vigente en cada estado.
Los Programas de Acción Específicos (PAES) delinean las acciones necesarias para garantizar el derecho a la Salud Sexual y Reproductiva de al menos 34 millones de mujeres sin empleo formal en el país, quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y acceden a servicios de salud para la población sin seguridad social.
La atención a mujeres sin seguridad social se brinda en servicios de salud estatales o en hospitales de alta especialidad destinados a la población abierta.
Los servicios de salud
Desde 2016, el Estado de Veracruz ha enfrentado dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, una por feminicidio y otra por agravio comparado, comprometiendo a los Servicios Estatales de Salud (SESVER) a garantizar la disponibilidad de unidades de salud para la interrupción legal del embarazo y estrategias de canalización adecuadas, así como la capacitación del personal médico no objetor de conciencia.
El diagnóstico de los SESVER sobre los Servicios de Aborto Seguro indica que la mayoría de las pacientes atendidas en Veracruz durante el período 2017-2020 fueron en hospitales pertenecientes a la red de SESVER.
Durante este lapso, se observó un aumento en el número de usuarias sin seguridad social, mientras que las usuarias con seguridad social disminuyeron.
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Entre 2019 y junio de 2020, los SESVER registraron 5,713 abortos, de los cuales 469 fueron de usuarias cuya derechohabiencia se desconoce y 1,696 fueron de usuarias sin ninguna derechohabiencia.
Asimismo, entre julio de 2021 y febrero de 2024, los SESVER habían registrado aproximadamente 829 procedimientos de Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) en el estado.
La provisión de servicios de salud en Veracruz se divide entre usuarios con seguridad social y aquellos sin ella, siendo los primeros atendidos por instituciones de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE, mientras que los segundos reciben atención de servicios estatales de salud bajo la regulación de la Ley General de Salud.
Las barreras y necesidades
A pesar de los avances en la legislación y políticas públicas, la implementación del Aborto Seguro en Veracruz enfrenta diversos obstáculos, incluida la falta de personal médico especializado, la necesidad de capacitación del personal y la adecuación de espacios en las unidades de salud.
Los informes sobre la gestión y operación del Servicio de Aborto Seguro (SAS) del CNEGSR, 2021 y 2022, destacan la falta de personal médico especializado como una de las principales barreras en la implementación del programa.
Otros desafíos incluyen la capacitación del personal de ginecología y la disponibilidad de equipo de ultrasonido en hospitales como el Hospital General de Catemaco y el Hospital General de Santiago Tuxtla.
En 2022, se registraron problemas relacionados con la objeción de conciencia en el Hospital General de Tuxpan “Dr. Emilio Alcázar”, lo que resultó en retrasos en la atención a las usuarias. La necesidad urgente de capacitación del personal se identificó en varios hospitales.
En el mismo año, el Hospital Regional de Río Blanco destacaba como el único hospital del estado donde todos sus 22 ginecólogos y ginecólogas adscritos y residentes eran “No objetores de conciencia”.
Este hospital, ubicado dentro de la Jurisdicción Sanitaria VII en la zona centro del estado de Veracruz, abarca los municipios de Río Blanco y Orizaba, brindando cobertura a estas áreas y a sus alrededores, que incluyen población indígena y municipios limítrofes con el Estado de Puebla.
También es fundamental destacar que los Servicios de Aborto Seguro (SAS) están diseñados para brindar atención a mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar que requieran asistencia en casos de aborto espontáneo e inducido, bajo un enfoque basado en los derechos humanos, el acceso a la salud y en conformidad con la NOM 046.
En la actualidad, en Veracruz, existen 7 Unidades de Servicios de Aborto Seguro (SAS) dentro de los Servicios Estatales de Salud, distribuidas en el Estado. Seis de estas unidades son de segundo nivel y una de tercer nivel, y están capacitadas para realizar procedimientos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y atender Interrupciones Legales del Embarazo (ILE).
Entre estas unidades se destacan:
- Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”
- Hospital General Tuxpan “Dr. Emiliano Alcázar”
- Hospital Regional Río Blanco
- Hospital General de Tarimoya (Veracruz)
- Hospital Regional de Coatzacoalcos “Dr. Valentín Gómez Farías”
- Hospital General San Andrés Tuxtla “Dr. Bernardo Peña”
- Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” en Xalapa
Los recursos para la operación del Programa Aborto Seguro
La inclusión del Aborto Seguro en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva responde a cambios jurídicos y legislativos recientes en el país.
Con la despenalización del aborto en Veracruz en julio de 2021, que permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) dentro de las primeras doce semanas de gestación, los SESVER han implementado medidas para garantizar el acceso a este derecho de salud.
Si bien el CNEGSR como instancia nacional diseña, de forma general, estos programas, su adecuación e implementación a nivel estatal está a cargo de cada una de las 32 entidades federativas. A su vez, los hospitales de alta especialidad también reciben recursos para proporcionar servicios de Salud Sexual y Reproductiva.
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Según el informe de transparencia DSP/1105/2023, el presupuesto destinado para la adquisición de medicamentos necesarios para realizar los procedimientos de aborto en los SESVER ascendió a 19 millones 726 mil 247.74 pesos durante los años 2019 hasta 2022.
Por otro lado, según el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas de la Secretaría de Salud (SIAFFASPE), el programa Aborto Seguro 2022 en Veracruz contaba con un presupuesto total estimado de hasta 4 millones 328 mil 945.86 pesos.
De esta cantidad, el 63.6 por ciento (equivalente a 2 millones 753 mil 204.50 pesos) se estableció para la contratación de personal médico, con el objetivo de garantizar la realización de procedimientos de aborto seguro en la entidad.
Asimismo, aproximadamente el 21.3 por ciento del presupuesto total fue asignado para equipar espacios destinados a la operación de los Servicios de Aborto Seguro (SAS) en las unidades de salud de Veracruz.
Entre los objetivos contemplados con este presupuesto se incluyó la habilitación de al menos 32 Servicios de Aborto Seguro, la capacitación del personal médico operativo, la difusión de materiales informativos sobre el derecho al acceso a un aborto seguro tanto para la población como para el personal de salud, la implementación de líneas telefónicas para brindar atención y el seguimiento de la implementación de rutas de atención y referencia.
Hasta la fecha del presente año 2024, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNGSR) no ha transferido recursos presupuestarios a las unidades de salud encargadas de brindar servicios de aborto seguro.
El impacto en la salud de las mujeres
En 2023, Veracruz registró 39 muertes maternas, colocándose como la segunda entidad con mayor número de defunciones a nivel nacional, solo superada por el Estado de México.
La mayoría de estas muertes maternas ocurrieron en las unidades de salud estatales en Veracruz. A nivel nacional, el aborto es la tercera causa de muertes maternas, muchas de las cuales podrían haberse evitado con servicios de salud que cuenten con la infraestructura, personal, protocolos e insumos adecuados.
Para abordar estas deficiencias, se requiere una asignación presupuestaria mayor y una supervisión más eficaz para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad y proteger los derechos de las mujeres en Veracruz.
Según Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en México persisten desafíos para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos.
Uno de los desafíos que impide la garantía plena de estos derechos está relacionado con la insuficiente asignación presupuestaria a los tres programas de Salud Sexual y Reproductiva.
Por lo tanto, es crucial que el Poder Legislativo considere las demandas de la sociedad civil y de los profesionales de la salud, así como las diversas comisiones parlamentarias, para aumentar el presupuesto del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Esto permitiría recuperar y mejorar progresivamente el ejercicio de los derechos de las mujeres.
