Xalapa, Ver.- Presentan ante el pleno del Congreso local la Ley Ingrid, con la que se busca sancionar con prisión y multa económica a quien grabe y difunda imágenes, audios, videos o documentos con cuerpos de víctimas que estén bajo resguardo de una investigación penal.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Trujillo Ortiz presentó dicha propuesta de modificación al Código Penal del Estado en la que se establece que se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización al servidor público que divulgue información e imágenes de las víctimas de algún delito que constituya una lesión a la dignidad de la persona y la memoria de las víctimas.
Dicha sanción será aplicada cuando: "De forma indebida se difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos con uno o varios hechos, señalados por la Ley como delitos."
Dichas sanciones aumentarán en una tercera parte, sí la información que se difunda: "Sea con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares; se trate de cadáveres de mujeres, niñas, o adolescentes, o sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima."
La legisladora explicó que Ley Ingrid no se refiere a una Ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas que buscan evitar la exposición de las personas ante los medios para proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y sus familiares, combatir la violencia mediática de género y su normalización; sancionando a las personas y servidores públicos que realicen dichas conductas.
Actualmente sólo los estados de Colima, Oaxaca, la Ciudad de México y el Estado de México, ha tipificado esa conducta delictiva en su Legislación Penal Estatal; en tanto que en los estados de Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, se encuentran en estudio las iniciativas para sancionar dichas conductas delictivas en sus Congresos locales.
Manifestó que La Leyes Generales de Victimas y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establecen que las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tienen derecho a que se les garantice la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, es decir su intimidad y dignidad.
La divulgación de información e imágenes de las víctimas de algún delito constituye una lesión a la dignidad de la persona y la memoria de las víctimas.
Las conductas que vulneran estos derechos y deben ser erradicadas son: Difundir, transmitir, revelar, publicar, exponer, remitir, distribuir, videograbar, audiograbar, fonograbar, filmar, reproducir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir imágenes, audios o videos o documentos, relacionados con hallazgos, indicios, evidencias, objetos o instrumentos vinculados a un procedimiento penal o a una investigación relacionados con un hecho delictivo.
Ante ello, se plantea que al sancionar y evitar las filtraciones, así como la exposición masiva ante los medios y redes sociales se busca: Preservar la dignidad de las víctimas y sus familiares; disminuir el daño que sufren las víctimas, al evitar que sean revictimizadas; erradicar la normalización de la violencia ejercida contra todas las personas, pero principalmente contra las mujeres, niñas o adolescentes; y sancionar a los servidores públicos.
