XALAPA, Ver.- La diputada por Morena Elizabeth Cervantes de la Cruz propuso imponer de 5 a 10 años de prisión y multa de dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, a quien, durante el periodo que comprenda la declaratoria de una emergencia sanitaria, ejerza cualquier tipo de violencia en contra del profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud perteneciente al Sistema Estatal de Salud.
Lo anterior ya sea dentro y fuera de la jornada laboral, o de sus instalaciones públicas o privadas. La iniciativa con proyecto de decreto, adiciona el artículo 314 bis y un segundo párrafo al artículo 196 recorriéndose los subsecuentes del Código Penal para el estado de Veracruz.
Durante la exposición de motivos, señaló que no solo es necesario sancionar a quienes ejerzan cualquier tipo de violencia contra el personal de la salud, entendido como el uso deliberado del poder o de la fuerza pública o psicológica o de la amenaza que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos o trastornos del desarrollo; sino además, considerar los actos de discriminación de los que han sido objeto las y los médicos, enfermeras, técnicos y auxiliares de las disciplinas de la salud.
También propuso la adición de un segundo párrafo al artículo 196 del Código Penal a efecto de sancionar con pena privativa de libertad, trabajo a favor de la comunidad y multa, a toda aquella persona que provoque o incite al odio o la violencia en contra del personal de salud, les niegue un servicio o prestación, los veje o los excluya, o cometa cualquier tipo de acto discriminatorio.
La legisladora narró dos casos de discriminación contra trabajadores de la salud en el hospital Covadonga de Córdoba y uno más en Tuxpan donde una enfermera fue atacada por un sujeto que consideró que la trabajadora de salud podría ser fuente de contagio.
La diputada Ivonne Trujillo Ortiz del grupo legislativo Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática planteó una iniciativa en el mismo sentido y señaló que de acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Salud del Gobierno Federal las agresiones al personal médico en el país se ha focalizado en 26 entidades dentro de los cuales se concentra más en los siguientes: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Jalisco, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas donde el estado ocupa el sexto lugar.
Por ello su iniciativa busca castigar hasta con 5 años de prisión a quien cometa algún delito contra el personal médico y de enfermería, además de las sanciones que sean sujeto de derecho.