El estado de Veracruz es una de las principales entidades con mayor violencia LGBTfóbica en México. Durante 2023, junto con Guanajuato, registró el mayor número de casos de asesinatos de personas de la diversidad sexual y transfeminicidios.
El informe “La violencia LGBTfóbica en México, 2023: reflexiones sobre su alcance letal” de la organización Letra Ese, documenta el asesinato de al menos 66 personas de la diversidad sexual en un año.
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¿Cuántos asesinatos contra integrantes de la comunidad LGBTQ+ se han registrado en Veracruz?
Estos casos se registraron en 23 de las 32 entidades del país, destacando Veracruz y Guanajuato con 7 asesinatos cada uno; Guerrero con 6; Ciudad de México y Puebla con 5; Colima y Sonora con 4.
El informe subraya que la ausencia de casos en otras entidades no implica que estén libres de violencia, sino que pueden no haber sido cubiertos por los medios.
En cuanto a la especificidad por orientación sexual e identidad de género, los resultados del análisis identificaron que los estados de Guanajuato, Veracruz y Colima reportan la mayor cantidad de transfeminicidios, lo que destaca la prevalencia de la violencia transfóbica en Veracruz.
El análisis de Letra Ese revela que de las 43 mujeres trans asesinadas en el país, 20 cuerpos fueron encontrados en vías públicas, lo que refuerza el carácter intimidatorio de la violencia LGBTfóbica. Para la abogada María Gómez, estos actos emiten un mensaje intimidatorio a la comunidad LGBT+.
Entre los hombres gay asesinados, 5 de los 16 casos ocurrieron en sus domicilios y 4 en espacios públicos. La mayoría de las mujeres lesbianas asesinadas fueron encontradas en su domicilio. El arma de fuego fue el medio más común en estos homicidios, representando el 51.5 por ciento de los casos, seguido por armas blancas con el 12 por ciento.
La carencia de registros oficiales
Los informes de Letra Ese han identificado una tendencia incipiente en algunas fiscalías estatales de abordar los homicidios de mujeres trans como feminicidios. Sin embargo, el sistema jurídico en México en su conjunto aún no reconoce plenamente las identidades de género de las mujeres trans.
Esto significa, según el informe, que la violencia contra ellas se aborda de manera prejuiciosa y sesgada. Las víctimas suelen ser malgenerizadas, revictimizadas y discriminadas posmortem.
En México, pese a las recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no existe un registro oficial ni una ley que obligue al Estado a documentar estos crímenes contra la población LGBT+.
Diversos actores han emprendido la labor de registrar estos hechos, desde el periodismo, la academia y el activismo. Sin embargo, la tipificación de los crímenes de odio sigue sin ser homogénea en el país.
En el caso de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) no cuenta con registros específicos sobre crímenes de odio y transfeminicidios, ya que estos términos no están definidos en el Código Penal del estado.
Sin embargo, desde 2019, el Sistema de Carpetas de Investigación ha comenzado a generar datos sobre agresiones contra la comunidad LGBT+, con información de identidad de género u orientación sexual.
Entre 2019 y abril de 2023, la FGE reportó 141 agresiones contra personas LGBT+, incluyendo 34 homicidios. De estos, 25 eran personas gay, 4 travestis, 3 transexuales, 1 transgénero y 1 lesbiana.
Las expresiones de la violencia
En lo que respecta a la respuesta del Estado mexicano ante los actos de violencia LGBTfóbica, se destaca que solo en 23 casos se pudo identificar la línea de investigación seguida por las fiscalías.
Las principales líneas de investigación señaladas por las autoridades en 23 de los 66 homicidios LGBT+, destacan el crimen organizado, el homicidio doloso o calificado y el feminicidio.
La incorporación de esta línea de investigación permite visibilizar la necesidad de reconocer las particularidades de la violencia de género contra las mujeres cis y transgénero.
Es importante mencionar que el asesinato figura como la expresión más extrema del prejuicio contra las personas LGBT+. Sin embargo, la violencia se manifiesta y padece en múltiples formas y espacios de la vida. Si bien, no todas estas expresiones alcanzan una dimensión letal, todas ellas afectan de manera profunda la vida cotidiana y el pleno desarrollo de las personas sexodiversas.
De acuerdo con Ari Vera, la vida de las mujeres trans se caracteriza por vivirse en “un ciclo de violencia, discriminación y criminalización”, el cual afecta cada ámbito de su vida y desarrollo personal.
Esta violencia se ejerce por distintos agentes y en múltiples contextos como el hogar, la escuela, el trabajo, en los servicios de salud, ya sea por los padres, las fuerzas policiales o las instancias del Estado.
Los derechos LGBT+ y avances legislativos
Desde que la Ciudad de México reconoció el matrimonio igualitario en 2010, otros estados han seguido su ejemplo, incluyendo Veracruz en 2022.
Sin embargo, Veracruz aún no reconoce la identidad de género autopercibida de las personas trans a nivel civil o familiar.
Actualmente, en 20 entidades del país se permite a las personas acceder a un proceso administrativo y no judicial. Basta con acudir al Registro Civil a solicitar una nueva acta de nacimiento para iniciar el trámite del resto de documentos.
En 2023, el Gobierno de México emitió el primer pasaporte para una persona no binaria, un hito significativo en la lucha por los derechos LGBT+.
Pese a estos importantes acontecimientos para la justicia contra las víctimas LGBTI+ en México, las agresiones y actos violentos contra esta población no han cesado.
Las recomendaciones
Letra Ese considera prioritario crear sistemas de información y registro de la violencia contra personas LGBT+, con estadísticas desagregadas y un enfoque interseccional.
También es crucial desarrollar un protocolo de investigación específico para homicidios y feminicidios de personas LGBT+, incorporando la perspectiva de género y el enfoque diferenciado para asegurar actuaciones ministeriales libres de prejuicio y discriminación.
Además, se recomienda la homologación legislativa de los delitos de odio y la capacitación continua del personal judicial para evitar estereotipos y evitar la revictimización o la criminalización de las víctimas directas o indirectas.