Luego de que se logró concluir los contratos de asociaciones público-privadas en el Estado, es necesario que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) presupueste recursos para construir espacios judiciales más dignos, señaló el diputado del PAN, Miguel Hermida Copado.
Indicó que ante la cancelación de contratos para 10 ciudades judiciales, la nueva presidenta del Poder Judicial, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre debe priorizar construir nueva infraestructura judicial con recursos propios.
“Siguen existiendo las necesidades, hay un nuevo sistema acusatorio penal y los juzgados como tal no está preparados. El tema tiene dos vertientes, podría existir razón en aminorar la construcción de estos edificios (que motivó la cancelación de contratos), pero donde no existe razón en el tema de desaparecerlos, es decir, no ayudar que los juzgados estén en condiciones óptimas”, expuso.
Puntualizó que es prioritario mejorar la infraestructura de juzgados, pues los afectados son los justiciables, “al no tener edificios aptos para realizar el trabajo, el Poder Judicial seguirá obstruido”.
“El problema no es si retiraron contratos o no, eso esta bien, el problema es que se tiene que construir para no obstruir la justicia”, comentó.
¿Por qué se cancelaron los contratos de ciudades judiciales?
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer de la cancelación de 10 de los 20 contratos de ciudades judiciales, porque representaban una deuda “atroz”, y justificó hacer el anuncio con el argumento que es el Estado el que paga.
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Se cancelaron los contratos de los inmuebles que se iban a construir en Tantoyuca, Huayacocotla, Perote, Zongolica, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama, Álamo, Coatzacoalcos y Poza Rica, y el Poder Judicial tendrá que pagar 44 millones de pesos, como parte de la penalización.