La consejera nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, señaló que le preocupa la reforma a la Ley General de Comunicación Social, aprobada en la Cámara de Diputados, la cual permitiría hacer propaganda política en las elecciones de 2024 y romper la equidad de la contienda.

En entrevista, realizada en el Congreso local, manifestó que la nueva Ley retrocede y tolera etapas superadas por el pacto político que significó la reforma electoral de 2007, cuando los gobernantes hacían una promoción personalizada que rompía la equidad de la contienda.

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En concreto, dijo, la norma impulsada por la mayoría de la cámara federal violenta el artículo 134 constitucional. “Hay un tema que nos preocupa, es un tema de violentar la constitución, esto es una Reforma Legal pero no puede estar por encima de la Constitución, vamos a empezar a modificar los reglamentos otra vez, pero claramente, una cosa que debe privar es el estado de Derecho”, expuso.

¿Qué características debe tener la propaganda?

Refirió que la Carta Magna señala que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Este fragmento del artículo 134 constitucional reformado en 2007 buscó remediar la campaña permanente del entonces presidente Vicente Fox, quien intervino durante el proceso electoral con mensajes y propaganda, poniendo en riesgo la elección de 2006 y la equidad de la contienda.

Las fuerzas políticas y los partidos estuvieron de acuerdo en limitar la promoción personalizada de los servidores públicos y aprobaron por consenso la reforma electoral de 2007.

Pero la nueva Ley permite que los entes públicos difundan información, entre otras, sobre la ejecución de obras de infraestructura, prestación de servicios públicos y desarrollo de programas económicos y sociales; aspectos relevantes de las políticas públicas, rendición de cuentas y un amplio catálogo de acciones, todo ello con cargo al presupuesto público.

Mencionó que el aspecto más controversial e inconstitucional de la nueva Ley General de Comunicación Social tiene que ver con lo que no define como “propaganda gubernamental”.

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Según el texto, “no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”.

Es decir, cualquier cosa que digan los gobernantes (incluso durante los procesos de consulta popular, revocación de mandato y durante las campañas electorales, cuando por ley debe suspenderse la propaganda), apelando a su libertad de expresión, no se considerará “propaganda gubernamental”.