El diputado local del PAN, Miguel Hermida Copado presentó una iniciativa para castigar con cárcel el subejercicio en que incurran las diversas dependencias estatales, al acusar que la presente administración que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, ha regresado a la Federación casi 3 mil millones de pesos.
El congresista, dijo que primero, se debe reconocer el problema conceptualmente, porque, no existe una definición formal de subejercicio. Por tanto pido que se defina en el Código Financiero.
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También planteó que en la Ley de Responsabilidad Administrativa de Veracruz, se tipifique el subejercicio como un delito grave; cuando no pueda ser explicado por razones ordinarias propias de la gestión, contratación o incluso contingencias.
Asimismo, consideró que debe ser un atributo del Congreso llamar a los responsables de despacho, es decir a los secretarios de estado a ampliar la información que se presente en el o en los Informes trimestrales para fortalecer la transparencia y, al menos, aumentar el costos social de manejar mal los recursos del pueblo.
“Los subejercicios deben terminar, ya que es un crimen, desperdiciar recursos en un estado plagado de necesidades de salud y educación, y son una vergüenza en un estado que tiene el lugar veintisiete en competitividad y en donde no hay crecimiento económico registrado hasta este momento”, dijo.
Al hablar del desglose de estos números, en Tribuna, el congresista dijo en Medio Ambiente de reporta un subejercicio de mil 110 millones de pesos; Salud, 603 millones de pesos, y la de Educación, mil 005 millones de pesos.
El legislador mencionó que los sub-ejercicios podrían estar obedeciendo a un diseño institucional con incentivos perversos, donde el dinero que llega para diversas áreas no se use deliberadamente y se devuelva a la Federación.
“Dinero que llega de la federación y no se usa, sabemos que se debe regresarse a la federación, es decir que se reintegra, y allá, la SHCP lo reasigna a programas sociales o a obra pública pero de corte federal, esto de acuerdo a lo que dicta la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, expresó.
Al respecto, puntualizó que podría existir la posibilidad de que “un Gobierno local, complaciente de los deseos de un Presidente que está presionado por terminar grandes proyectos emblemáticos, tenga un claro incentivo para subejercer recursos de los veracruzanos y mandarlos a las arcas federales”; de ahí la importancia de modificar la Ley para considerar esta práctica como un delito grave.