De forma oficial se dio a conocer la destitución del cargo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sofía Martínez Huerta, acción generada tras el acuerdo en sesión extraordinaria de este viernes.
En la Gaceta Oficial del Estado se publicó el acuerdo de dicha sesión por el que se revoca la representación concedida a la magistrada y, en consecuencia, el cargo de Presidenta que asumió en diciembre del año pasado.
A partir de este 23 de octubre en su lugar quedará de forma temporal la magistrada Isabel Inés Romero Cruz.
En el documento se establece que “Es claro que en este caso la revocación del cargo de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia no es susceptible de afectar la esfera jurídica de la magistrada Sofía Martínez Huerta respecto a sus derechos humanos, porque se trata únicamente de la representación del órgano jurisdiccional no de su nombramiento como magistrada”.
Asimismo, se determina que la magistrada peticionaria de la revocación del cargo, en este caso Concepción Flores Saviaga, está legitimada para esa solicitud pues forma parte de este Pleno con derecho a emitir su voto con relación con el nombramiento y en correlación con el de revocación del nombramiento de la citada magistrada como Presidenta.
“Consiguientemente se por unanimidad de votos se revoca el cargo de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado a la Magistrada Sofía Martínez Huerta, que le fue conferido por este propio pleno en sesión del 2 de diciembre de 2019”.
Los acuerdos tomados por los siete magistrados que participaron en la sesión fueron: Revocar la representación concedida a la magistrada Martínez Huerta y, en consecuencia, su cargo como Presidenta; adscribir a Martínez Huerta a la Visitaduría Judicial a partir de este 23 de octubre; adscribir al magistrado Adolfo Cortés Veneroso a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, a la ponencia que ocupó Martínez Huerta; y comisionar a la magistrada Florencia Cruz Fernández a la Quinta Sala a la Ponencia que ocupaba Isabel Inés Romero Cruz.
En la publicación se establece que el Tribunal es el órgano supremo del Poder Judicial del Estado y, por ende, es su obligación velar por el debido cumplimento de todas las atribuciones emanadas de la Ley Orgánica, las cuales por ningún motivo y mucho menos por aquellos de carácter meramente administrativos, deberán verse obstruidas en su prontitud y expedites.
Se indica que dicho órgano está facultado para adoptar las medidas necesarias, a fin de procurar el correcto cumplimiento, por lo que previamente en análisis de los efectos negativos palpables por la ausencia de la Presidenta en el ejercicio de sus funciones, lo que trae el incumplimiento de un deber legal, se tomó la decisión de destituirla.
“Por unanimidad de votos se acuerda, atendiendo a la potestad que tiene este cuerpo colegiado para elegir a su presidente, lo que necesariamente conlleva el reciproco derecho de removerlo del cargo, mediante la revocación del mandato conferido, cuando su actuar violente la norma por acción o por omisión o se cause perjuicio al patrimonio de este poder público, como en el caso acontece según se ha establecido durante el desarrollo de esta sesión extraordinaria”, señala el acuerdo.
Además, se indica que, teniendo en cuenta que, para elegir a quien preside el órgano jurisdiccional permea la confiabilidad que representa para quienes le otorgan su voto de confianza y perdida esa confianza lo procedente es revocarle el mandato conferido.
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