Integrantes de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo Capítulo Veracruz, señalan que urge transitar de una democracia representativa a una democracia paritaria que garantice a las mujeres la igualdad sustantiva, su autonomía económica y una vida libre de violencia en los ámbitos público y privado, para que la paridad en todo sea una realidad que se refleje en la realidad humana de todas las mujeres en Veracruz.
“Hemos demostrado con creces el poderío que las mujeres juntas detentamos, la paridad en todo es nuestro lema y nuestra demanda es que esta paridad se reconozca en los hechos, porque la paridad política y electoral es la puerta de entrada a todas las paridades”, dice Rebeca Ramos.
En conferencia de prensa diputadas locales, ex alcaldesas y funcionarias públicas estatales y municipales, políticas y activistas, explican que, pese a la paridad de género en la Constitución, en Veracruz de 212 ayuntamientos, apenas uno de cada cuatro; es decir 50, están encabezados por una mujer por lo que urge que, el estado garantice todas las condiciones para que la paridad sea una realidad en el acceso a puestos de elección y no solo en candidaturas.
“En Veracruz, ser mujer y participar en política significa arriesgar la vida, en el proceso electoral 2020-2021, las agresiones contra las mujeres políticas se incrementaron un 8 por ciento con relación a la elección anterior, hoy nuestro estado ocupa el segundo lugar en el registro nacional de personas sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género”, agrega la diputada Arianna Ángeles Aguirre.
Por ello, exigen a las autoridades que se les garantice una competencia política libre de violencia.
“Nos preocupa también el ámbito privado, las mujeres dedicamos 30.8 horas semanales al trabajo domestico no remunerado y los hombres solo 11.6 horas, asimismo en 2020, el valor económico de las labores domésticas de cuidado reportó un monto de 6.4 billones de pesos equivalente al 27.6 por ciento del Producto Interno Bruto”.
Ante esto, demandan la aprobación de la ley general del sistema nacional de ciudadanos, para garantizar a todas las personas el acceso y disfrute del derecho a los cuidados, con base en el principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.
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En el contexto de Covid-19 en medio de la crisis económica, de seguridad y derechos humanos, agregan, la desigualdad estructural se hizo más visible con la feminización de la pobreza, incremento de la informalidad, pérdida de empleo y triple jornada laboral para las mujeres.
“Esto sumado a las múltiples formas de violencia familiar, de lo anterior, exigimos se asegure en el sistema productivo público y privado puestos directivos para las mujeres, paridad salarial, empleos compatibles con la vida familiar y también se garantice una procuración e impartición de justicia con perspectiva de género por parte de la Fiscalía General y del Poder Judicial del estado”.
