El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, José Lorenzo Álvarez Montero, manifestó que la propuesta que presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para reformar al Poder Judicial debe ponerse en análisis legal, luego de realizarse una consulta a nivel nacional.
¿A quién se debe de consultar antes de reformar el Poder Judicial?
En entrevista, indicó que se tienen que consultar a los abogados, juristas, investigadores, jueces, especialistas y académicos de todo el país, quienes pondrán en la "mesa" los riesgos y beneficios de esta propuesta.
El exmagistrado del Poder Judicial de Veracruz, consideró que el riesgo fundamental que se observa con dicha iniciativa es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vuelva un poder político en lugar de un poder jurídico.
"Los poderes políticos son dos: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero el Poder Judicial resuelve los conflictos, por lo que los requisitos para ser ministros o magistrados deben incluir el conocimiento y experiencia, así como el principio de moralidad. El riesgo que se corre es el procedimiento que se va a utilizar para elegirlos, suponiendo que se apruebe", argumentó.
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Destacó que se tendría que hacer una evaluación de los resultados que se han tenido en el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación para lograr establecer las acciones que se habrán de aplicar para mejorar el rendimiento, pero sobre todo para que ambos mantengan su autonomía.
"Con todo respeto a quienes integran la Suprema Corte de Justicia, pero si uno analiza con cuidado, vamos a pensar que de 1950 a la fecha, vamos a pensar que muchos ministros han sido integrantes de las instituciones electorales, eso es como un premio que se les da, indudablemente que no se nombrará a una persona que sea contraria al sistema o al partido, lo más prudente que se puede hacer es buscar gente objetiva que tal vez no haya militado en algún partido", comentó.
Explicó que en el siglo XXI el pueblo, además de los diputados y el presidente de la República, también elegía a los ministros, pero se trataba de una "situación diferente a la se vive hoy porque en aquella época prácticamente no había partidos políticos, ahí actuaban las logias masónicas, pero al entrar los partidos políticos se debe pensar en un mecanismo que no vaya a politizar totalmente al Poder Judicial".
"En todas partes del mundo el Poder Judicial es el que protege no solamente los derechos humanos, sino también la organización de los derechos públicos, es una iniciativa, si así de quiere ver, extremosa en el sentido de que tiene más de cien años que los ministros son elegidos por los dos Poderes públicos que son electos popularmente", expresó.
Recordó que se logró un avance en la elección de los ministros, dado que anteriormente el presidente proponía una persona y el Senado la avalaba, pero en la administración de Ernesto Zedillo se empezó a proponer una terna.
Sin embargo, expuso, ante las "situaciones políticas que se han presentado" se han señalado fallas específicamente en la Suprema Corte.
"Lo cierto es que se tiene que analizar y supervisar, la reforma debe ser propuesto del consenso, deben convocar a los abogados, a los jueces, investigadores, catedráticos, que son los expertos en la materia, que usan las leyes diariamente. Ojalá que la consulta sea a nivel nacional porque a veces se concentra en el Estado de México o en las zonas más pobladas, pero en todo el territorio hay personas expertas en esta materia", comentó.
Puntualizó que lo que se debe hacer es dar seguridad a la población de que quienes van a resolver los problemas jurídicos que se presenten, de cualquier naturaleza, son expertos y, con ello, además, se presente una hoja de vida en la que se detallen los principios de moralidad y subjetividad para que se tenga certeza en las resoluciones que se den.