El consejero presidente de la Junta Local del INE, Josué Cervantes Martínez, señaló que a pesar de las restricciones presupuestales a que se vio sujeta el organismo cumplió puntualmente con la obligación constitucional y legal de someter a Revocación de Mandato del Titular del Poder Ejecutivo Federal.
En su mensaje durante la sesión del Consejo Local por la conclusión del proceso de Revocación de Mandato 2022, indicó que de manera preocupante la realización operativa de un ejercicio pulcramente preparado y ejecutado contrasta con las prácticas de algunas y algunos actores políticos y de algunos poderes fácticos.
"No prejuzgaré sobre ello, ahí están las quejas y denuncias interpuestas, ahí están las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral y por este Consejo Local, ahí están las confirmaciones a dichas medidas por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahí están las denuncias interpuestas por esta Presidencia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y ante la Fiscalía General del Estado y ahí están los Procedimientos Especiales Sancionadores en curso", expuso.
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Mencionó que se llegó a la conclusión del proceso con una jornada ejemplar en términos del compromiso ciudadano para recibir y contar los votos de las y los veracruzanos, con un trabajo técnico operativo impecable en su preparación y con un cómputo de la participación ciudadana acorde a lo asentado en las actas levantadas en las casillas.
"Serán las instancias competentes las que resuelvan lo que en derecho sea procedente, pero nos corresponde pensar en prospectiva sobre el futuro de nuestra democracia. Pensémonos y repensémonos como ciudadanas y como ciudadanos integrados en un país rico en su diversidad, pero solidariamente unidos y comprometidos como una gran nación", dijo.
Pidió a los actores políticos y la ciudadanía revisar lo que se deba y se construyan reglas lógicas y racionales aplicables a la realidad y a contexto social que realmente fortalezca el sistema democrático.
"¿Qué modelo de comunicación política se requiere para evitar que sea sistemática y recurrentemente violentado? ¿Debe ser el INE el único ente público facultado para difundir ejercicios como la consulta popular y la revocación de mandato? ¿Abona a la discusión pública la veda gubernamental? ¿Cómo hacer para que los programas sociales no sean moneda de cambio en período electoral o de participación ciudadana?", cuestionó.
Destacó que al llegar al final de un proceso de carácter inédito que solo el tiempo podrá juzgar de mejor manera, "por ello no quisiera dejar pasar esta oportunidad para enlistar algunas asignaturas sobre las que podríamos reflexionar para robustecer este tipo de mecanismos de participación ciudadana".
"El INE rinde buenas cuentas a la ciudadanía gracias a la propia ciudadanía, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá las quejas en curso y dictaminará lo conducente respecto de la validez del proceso y los actores políticos, las autoridades electorales, los medios de comunicación, la comunidad académica y la ciudadanía misma tenemos una asignatura pendiente en términos del fortalecimiento de nuestra cultura cívica", agregó.
