Xalapa, Ver.- La representante Legal del Barzón de Resistencia Civil Estado de Veracruz A.C., Teresa Carbajal Vázquez, señaló que infortunadamente en lo federal y lo local se han realizado cambios a las leyes al vapor y, en esta ocasión, la propuesta carece de candados, así como de reglas de operación claras en cuanto a la posibilidad de que los beneficiarios de Infonavit reciban de forma directa recursos para la adquisición de terrenos y construir una casa.
Mencionó que migrar a este tipo de programa podría ser favorable, pero se deben establecer lineamientos claros porque de lo contrario podría suceder como con las Tandas del Bienestar, proyecto en el que no existe claridad sobre el destino de los créditos otorgados.
Manifestó que en lo que respecta a la compra de terrenos se tiene un alto índice de personas que por desconocimiento del tema adquieren los traspasos, mismos que han sido una molestia porque se cae en la incertidumbre jurídica.
Aunado a ello, indicó que excluir a las empresas que se dedican a realizar la intermediación o vinculación pareciera sana, pero el riesgo está en el mecanismo de evaluación y seguimiento que el instituto tendrá respecto a las personas que tomen el dinero para construir.
Destacó que dichas empresas, además, apoyan jurídicamente a los trabajadores con la verificación de la posesión legal o tenencia de un terreno.
“El ciudadano por falta de educación financiera y de la cultura de la legalidad podría tener el riesgo de comprar un terreno embargado, en copropiedad, un inmueble en condominio, que no tenga las características propias para generar una vivienda que sea habitable, confortable, acceso a vías de comunicación, entre otras características”, dijo.
Puntualizó que la propuesta señala que tendrán que enviar fotografías y documentos de manera electrónica para dar seguimiento, pero no existe la garantía de que el dinero sea utilizado para la compra de casa, lo que generaría una crisis de vivienda y endeudamiento por parte de los trabajadores.
“El hecho de darle el dinero de manera directa al trabajador no nos va a garantizar que se cumpla para la adquisición de una vivienda por la falta de candados a la propuesta porque no está claro cómo va a dar seguimiento el instituto para que los trabajadores destinen el recurso para el fin creado”, expuso.
En ese sentido, consideró que los proyectos deben ser respaldados para evitar que queden inconclusos, ya que puede existir incumplimiento de parte de la empresa constructora contratada, incremento en los presupuestos o problemas legales con los terrenos adquiridos.
Las recomendaciones primordiales para quienes se decidan a obtener un préstamo de este tipo, en caso de que la iniciativa sea aprobada, son: Tener cautela previa a la solicitud, desconfiar, pedir garantías y asesorarse legalmente.
La cautela es la primera línea de defensa de toda persona que va a contratar un crédito o tiene una acción de acceder a un financiamiento.
Desconfiar de todos los trámites legales es indispensable para evitar problemas legales, por lo que se deben revisar los documentos, leer los contratos y tener la seguridad de la obligación que se tendrá con el Instituto.
“Todas las personas que deseen acceder a este préstamo deben hacer lo con conciencia, buscar asesorarse en el tema de la construcción, pedir garantías a los constructores, asesoría legal o notarial para que se cercioren de que los terrenos que van a adquirir están totalmente regularizados, realizar cuentas para ver cuánto van a terminar pagando y hacer un comparativo de las tasas de interés”, agregó.
La entrega de dinero del Infonavit de forma directa a los trabajadores para que adquieran terrenos y construyan una casa podría generar un mayor endeudamiento y problemas legales a los solicitantes, además de una crisis de vivienda.
El Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados iniciativa de reforma a la Ley del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) en la que se propone dar, sin intermediarios, el dinero ahorrado en la subcuenta de vivienda a los derechohabientes, a través de cambios a los artículos 3, 41 y 50 de la legislación.
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