Xalapa Ver.- Este 1 de diciembre, Veracruz inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Rocío Nahle García, quien hará historia al convertirse en la primera gobernadora del estado.
La mandataria entrante enfrentará retos significativos en la entidad, que cuenta con un registro de siete mil 065 personas desaparecidas, posicionándola en el cuarto lugar a nivel nacional, además de un acumulado anual de 662 homicidios dolosos y una tasa de incidencia delictiva de 19 mil 542 casos por cada 100 mil habitantes.
En materia económica, Nahle García recibirá una deuda estimada en 65 mil 801 millones 488 mil siete pesos, de acuerdo a un análisis preliminar de las cifras consignadas en los informes trimestrales del gasto público de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) realizado por el economista Fermín Isaías Cabo Leyva. Esta cifra es significativamente inferior a los 87 mil 207 millones 359 mil 525 pesos que recibió Cuitláhuac García Jiménez en 2018.
Presupuesto de Rocío Nahle García
Así mismo, en su primer año de administración la gobernadora dispondrá de un presupuesto de 175 mil 245 millones de pesos, esto de aprobarse la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025, presentada por la Secretaría de Finanzas y Planeación ante el Congreso Local.
Incidencia delictiva en Veracruz
El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez concluye tras un sexenio marcado por controversias, especialmente en materia de seguridad y derechos humanos.
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Aunque el primer gobernador veracruzano emanado del partido Morena destaca avances en seguridad, posicionando a Veracruz como uno de los estados más seguros del país y reportando una disminución en delitos de alto impacto, particularmente homicidios dolosos, las cifras oficiales y los informes de organizaciones de la sociedad civil retratan un panorama más complejo.
Entre el 1 de diciembre de 2018 y octubre de 2024, se registraron seis mil 281 homicidios dolosos en Veracruz, según las carpetas de investigación reportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Durante este período, los homicidios dolosos denunciados disminuyeron, pasando de mil 431 casos en 2019 a 662 en lo que va de 2024.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó cinco mil 218 defunciones por homicidio en Veracruz entre 2019 y 2023. Esto ubica al estado en el puesto 13 a nivel nacional en defunciones por presuntos homicidios, en una lista encabezada por Guanajuato, que reportó 174 mil 673 homicidios en el mismo periodo.
Sin embargo, el Inegi muestra un leve incremento en los homicidios en Veracruz durante el último año: entre 2022 y 2023, las defunciones por homicidio aumentaron de 787 a 811.
La tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes también registró un aumento reciente, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe). En Veracruz, esta tasa pasó de 17 mil 129 delitos por cada 100 mil habitantes en 2022 a 20 mil 272 en 2023.
Asimismo, la tasa de prevalencia delictiva, que mide el número de víctimas por cada 100 mil habitantes, mostró un incremento en el último año: de 13 mil 597 en 2022 a 15 mil 487 en 2023. Este indicador también supera la cifra de 14 mil 108 víctimas registrada en 2019, según los datos de la Envipe.
“Hay delitos difíciles de medir”: Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos
El estado de Veracruz enfrenta una problemática de inseguridad significativa que será un desafío para la próxima administración encabezada por la gobernadora electa, según el director del Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos (OCC), Renato Riveroll Rivera.
En entrevista, el especialista destacó que la entidad se encuentra en una situación compleja, marcada por delitos como extorsión, robo a casa habitación y conflictos entre grupos del crimen organizado.
Riveroll Rivera señaló que, aunque algunos delitos en la región sur de Veracruz han disminuido, otros, como el robo a casa habitación, han aumentado. Además, destacó que la extorsión y el cobro de piso siguen siendo problemas graves, aunque difíciles de medir con precisión.
En este contexto, subrayó la importancia de implementar estrategias sólidas para combatir estos delitos y garantizar la seguridad de la población.
Para el director del OCC, las cifras proporcionadas por organismos oficiales, como las del SESNSP, deben complementarse con las de organizaciones civiles como Alto al Secuestro, Causa en Común y México ¿Cómo Vamos? Según él, estas últimas ofrecen una perspectiva menos sesgada y son esenciales para un diagnóstico integral.
Explicó que los datos generados por la sociedad civil son fríos, objetivos y fundamentales para diseñar estrategias claras. “El próximo gobierno debe incluir estas cifras como materia prima en la creación de políticas públicas de seguridad”, explicó.
Renato Riveroll destacó como alentador que la gobernadora electa haya reconocido la problemática de inseguridad en el estado. Este enfoque contrasta con administraciones anteriores que, según él, minimizaron la gravedad de la situación. “Negar el problema o maquillar cifras solo profundiza la crisis. Aceptarlo es el primer paso para solucionarlo", afirmó.
Al preguntarle cuál considera que será el reto más significativo en materia de seguridad al inicio del gobierno de la gobernadora, Riveroll Rivera respondió:
“Creo que la gobernadora debe enfocarse en combatir la extorsión y el cobro de piso. Aunque todos los delitos son importantes, considero que este en particular es el que más lastima y afecta la economía veracruzana. Impacta gravemente a emprendedores y comerciantes, sin importar la escala de su negocio, ya sea micro, pequeño, mediano o grande. En mi opinión, la extorsión será el principal desafío a vencer”, aseguró.
Más de dos mil 500 personas desaparecidas durante el sexenio
Otro de los pendientes que dejará la administración saliente, según colectivos de familiares, es la atención a la crisis de personas desaparecidas en Veracruz. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 25 de noviembre de 2024, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) reportó un total de dos mil 553 personas desaparecidas y no localizadas en la entidad.
Esta cifra se aproxima al número registrado durante el sexenio de Javier Duarte, cuando se contabilizaron dos mil 826 desapariciones entre el 1 de diciembre de 2010 y el 30 de noviembre de 2016.
Al inicio del gobierno de García Jiménez, el 1 de diciembre de 2018, Veracruz tenía un registro de tres mil 929 personas desaparecidas.
Para el cierre de su administración, el estado reporta siete mil 065 personas aún no localizadas, lo que lo posiciona como la cuarta entidad federativa con mayor número de desapariciones, sólo por detrás de Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México, según cifras de la CNB de la Secretaría de Gobernación.
Para Anaís Palacios Pérez, defensora de derechos humanos en Veracruz y acompañante de familiares de personas desaparecidas desde 2011, el número de más de siete mil desaparecidos sigue siendo alarmante. Aunque algunos colectivos habían señalado previamente que la cifra podría ascender hasta 30 mil aunque esta última carece de respaldo oficial.
Anaís Palacios señaló que la crisis no es nueva y que los esfuerzos de búsqueda han sido insuficientes. En 2021, recordó, las cifras de desapariciones en Veracruz ya superaban las de 2014, uno de los años más complicados en cuanto a desapariciones.
Aunque los datos oficiales reflejan avances en la localización de personas, Palacios advirtió que estos números deben tomarse con cautela, ya que no todos los casos corresponden a víctimas de delitos y pueden incluir personas localizadas sin haber sido secuestradas o desaparecidas.
Además, subrayó las dificultades del sistema de búsqueda y localización de personas, señalando que, aunque existen diversas instituciones encargadas de la tarea, como FGE y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las condiciones laborales y la rotación de personal en organismos clave, como la CEBP, afectan el progreso de las investigaciones. También comentó que la falta de personal capacitado y los recursos limitados son barreras significativas para avanzar en la localización de desaparecidos.
A pesar de los avances en la coordinación entre las autoridades y las familias afectadas, Anaís Palacios enfatizó que muchas personas han abandonado la búsqueda por temor, amenazas o la falta de acompañamiento efectivo.
Una de las grandes críticas a la actual administración estatal ha sido la estrategia de acercamiento con las víctimas. Aunque el gobierno ha mantenido reuniones con familiares de desaparecidos, Palacios advirtió que no siempre se ha seguido una estrategia clara.
Por ello, para Palacios Pérez el próximo gobierno estatal debe garantizar la seguridad y respetar las leyes con relación a la desaparición forzada. En este sentido, también pidió recuperar la voluntad política que, a su juicio, se ha diluido con el tiempo.
“Es fundamental no repetir los errores del pasado y retomar las buenas prácticas”, enfatizó, subrayando que las víctimas necesitan más que recursos económicos; necesitan un compromiso real por parte de las autoridades.
También hay desafíos en materia económica y de inversión
El gobierno actual entregará a la próxima administración estatal una deuda estimada en 65 mil 801 millones 488 mil siete pesos, una cifra significativamente inferior a la que se recibió en 2018, según el economista Fermín Isaías Cabo Leyva, en un análisis preliminar de las cifras consignadas en los informes trimestrales del gasto público de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Con base en los datos del informe trimestral del gasto público, con corte a septiembre de 2024, la deuda total asciende a 65 mil 801 millones 488 mil 007 pesos, una cifra integrada por deudas de corto, largo plazo y cuentas de orden, las cuales reflejan obligaciones adicionales no contempladas en los registros analíticos de la deuda.
Sin embargo, el monto de la deuda pública actual representa una cifra menor frente a los 87 mil 207 millones 359 mil 525 pesos registrados al inicio del actual gobierno, con una disminución de 21 mil 405 millones 871 mil 518 pesos, al corte de septiembre del año en curso.
Ante este panorama, el académico de la UV asegura que el nuevo gobierno enfrentará el reto de diseñar un presupuesto que equilibre inversiones estratégicas con la optimización de los recursos disponibles, priorizando el bienestar social y económico de la población.
El director de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana (UV), Fermín Cabo Leyva recordó que cuando asumió el cargo en diciembre de 2018, el gobierno estatal enfrentó un panorama caracterizado por irregularidades en el registro financiero y un nivel de endeudamiento elevado.
El catedrático destacó que, en administraciones anteriores, particularmente entre 2010 y 2016, prevalecieron irregularidades financieras que afectaron tanto a municipios como a dependencias estatales. Entre las problemáticas más relevantes, mencionó la falta de ministraciones a municipios, incumplimientos con el SAT y el IMSS, y adeudos a proveedores y contratistas.
Recordó que estas irregularidades generaron un impacto negativo en sectores como el magisterio, cuyos seguros de vida quedaron impagos en 2016. También citó como ejemplo, el caso de los municipios que tuvieron que acudir a la Suprema Corte para exigir los recursos que les correspondían, “situación que la actual administración resolvió al saldar esos adeudos”, señaló el académico.
Esta deuda, dijo, no solo corresponde a lo que el Gobierno del Estado debe, sino también a lo que debe cada veracruzano. Por ejemplo, si dividiéramos la deuda total entre el número de habitantes, obtendríamos el monto aproximado de deuda por persona. Si tomamos la cifra estimada de 5 mil millones de pesos y la dividimos entre los 8 millones de habitantes, obtendremos un promedio por individuo.
Asimismo, señaló, es crucial tener claridad sobre el monto total de la deuda, no solo con instituciones financieras y bancarias, sino también con otros actores, como proveedores y contratistas, quienes también forman parte de las obligaciones registradas por el Gobierno.
En el marco de un análisis sobre la asignación de recursos públicos, Fermín Cabo Leyva subrayó la importancia de realizar inversiones estratégicas en infraestructura y salud, destacando su impacto multiplicador en la economía y el bienestar social. También señaló los desafíos que representa la naturaleza inercial de los presupuestos públicos y la necesidad de un enfoque preventivo en áreas prioritarias.
“El verdadero reto es hacer más eficiente el gasto, logrando mayores resultados con menos recursos. Esto requiere un análisis estratégico de los programas de cada secretaría para identificar áreas de mejora y optimización”, concluyó.
Por su parte, el economista Rafael Vela Martínez, integrante del Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores, Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana (UV) expuso que la próxima gobernadora de Veracruz también tendrá desafíos que enfrentar en materia de inversión ya que la Inversión Extranjera Directa (IED) en Veracruz ha experimentado un estancamiento, evidenciado por la caída en la captación de recursos, que pasó de más de 962 millones de dólares en 2018 a solo 361 millones en lo que va de 2024.
Este fenómeno, dijo, se atribuye a la falta de acompañamiento gubernamental en infraestructura, el aumento de la inseguridad y la ausencia de programas para desarrollar mano de obra especializada.
En términos de empleo, el estado de Veracruz ha mostrado una dinámica irregular, acentuada por la pandemia. Aunque existe empleo, Vela Martínez destaca que la mayoría proviene de iniciativas ciudadanas y no de inversiones significativas por parte del gobierno estatal.
Aunado a eso, dijo, la situación de pobreza es alarmante ya que los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el 51.7 por ciento de la población veracruzana vive en condiciones de pobreza, lo que equivale a más de 4 millones de personas. La pobreza extrema afecta al 13.1 por ciento de los veracruzanos, es decir, más de un millón de personas. “Si se retiran los programas asistenciales, la pobreza se multiplicará”, advierte Vela Martínez, quien subraya que la educación, la salud y la capacitación son elementos cruciales para romper el ciclo de pobreza.
En conclusión, expuso que la gobernanza de la mandataria estatal electa Rocío Nahle es clave para transformar a Veracruz en un estado que opere como una economía competitiva. “Confío en que la gobernadora Rocío Nahle gobernará Veracruz como si fuera un país, y no simplemente como si fuera un pueblo.”, concluye el economista.
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