Tras dos años y seis meses el extitular de la Secretaría de Gobierno, Rogelio "N", saldrá del penal de Amatlán de los Reyes, donde fue recluido a finales de 2020. Un Juez de Control de Pacho Viejo, del municipio de Coatepec, varió la medida cautelar de Rogelio "N", por lo que a partir de este viernes estará en resguardo domiciliario en Xalapa.
Además, deberá cubrir el pago de medio millón de pesos para poder estar en resguardo domiciliario. La medida cautelar es por el delito de detención de menores y será traslado este mismo viernes a su domicilio en Xalapa, donde será resguardado por policías estatales.
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¿Por qué se cambió medida cautelar a Rogelio "N"?
De acuerdo con su abogado, Luis Enrique González Lira, el cambio de medida cautelar se debe a que se dio cabal cumplimiento al amparo obtenido. "Agradecemos que el juez haya acatado la sentencia en el sentido de que se debía levantar la prisión preventiva justificada", dijo.
Refirió que la Policía Ministerial y la Secretaría de Seguridad Pública deberá verificar el domicilio en dónde estará a partir de este día. "Tras realizar los trámites administrativos para que sea trasladado a su domicilio, el resguardo domiciliario será un medio de impugnación posteriormente, lo más importante es que será puesto en libertad después de dos años y seis meses", expresó.
Refirió que en un periodo de seis o siete horas deberá estar en su domicilio en la capital veracruzana. Adelantó que continuarán las acciones ante la autoridad federal para eliminar la prisión domiciliaria. En días pasados in juez federal ordenó variar la prisión preventiva justificada que le fue impuesta a Rogelio “N”, exsecretario de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.
El amparo se relacionó con el único proceso penal por el permanece privado de la libertad en el que se le acusa del delito de sustracción de menores, del fuero común, concretamente de una de sus hijas.
La autoridad federal ordenó que, el Juez de Control responsable fijara fecha para audiencia para dejar insubsistente la prisión preventiva justificada y se impusieran las medidas cautelares que correspondan.
¿Por qué llevará el proceso en prisión domiciliaria?
De acuerdo con la defensa de Rogelio “N” es el quinto proceso penal que el exfuncionario llevaría en libertad gracias a amparos de la justicia federal.
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En mayo pasado, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas realizó imputación en contra de Rogelio “N” dentro del proceso penal 205/2023.
El exfuncionario perredista fue señalado como presunto responsable del delito de sustracción o retención de menores o incapaces cometidos en agravio de la víctima con identidad resguardada, hechos ocurridos desde el año 2020 hasta marzo del 2021 cuando el ahora imputado retuvo a la víctima sin el consentimiento de su progenitora, recibiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año.
Ahora el Juez responsable del caso, sin dar intervención a las partes, deberá dejar insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le fue impuesta al ahora quejoso en la audiencia inicial de 11 de mayo de 2023.
De acuerdo al amparo, en el debate acontecido entre las partes en la audiencia se debía presentar la solicitud de medida cautelar hecha por la Fiscalía en contra del citado quejoso, a fin de decidir, en su caso, imponer una o combinar varias de las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional Procedimientos Penales, pero distintas a la prisión preventiva.
La historia de la detención de Rogelio "N"
Desde marzo del 2021 a la fecha, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió cuatro carpetas de investigación contra Rogelio “N”, quien ha sido acusado de los delitos de ultrajes a la autoridad, violencia familiar, peculado y ejercicio indebido de la función pública, y sustracción de menores.
El exfuncionario sería detenido por el delito de violencia familiar en agravio de su concubina Guillermina; sin embargo, debido a que llevaba un amparo, el 13 de marzo del 2021, lo acusaron de ultrajes a la autoridad por jalarle la camisa a un policía ministerial, delito que fue derogado en febrero del 2022.
Se le impuso, como medida cautelar, prisión preventiva justificada por ocho meses, así como un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria. En el proceso la Fiscalía pedía una sanción de 23 años, pena máxima por romper una camisa de un policía ministerial.
Un año después, en marzo del 2022, el Juez Séptimo de Distrito con sede en Tuxpan emitió resolución en el amparo 121/2021 por el que valoraba excesiva la prisión preventiva y ordenaba la libertad del perredista.
Sin embargo, el 15 de diciembre del 2022, la Fiscalía General de Veracruz ejecutó en su contra el mandamiento judicial bajo el proceso penal 312/2021 por peculado y ejercicio indebido de la función pública. Para el 21 de diciembre del 2022, se informó que el Juez de Control del XI Distrito Judicial con sede en Pacho Viejo, dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada por un año.
El 22 de diciembre del 2022, se dio a conocer que finalmente se había ejecutado la orden de aprehensión como parte del proceso penal 57/2021 de parte de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, como presunto responsable del delito de violencia familiar.
Los hechos surgieron en 2016, cuando presuntamente ejerció, violencia física y psicológica en agravio de su concubina Guillermina A. Para el 27 de diciembre del 2022, se señaló que un juez dicto un año de prisión preventiva como medida cautelar.
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En mayo pasado se dio a conocer que la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas realizó imputación en Xalapa, en contra de Rogelio “N” como presunto responsable del delito de sustracción o retención de menores, refiriéndose a su hija menor.
Los hechos, según la carpeta de investigación, ocurrieron desde el año 2020 que se prolongaron en el tiempo a marzo del 2021, donde el ahora imputado retuvo a la niña sin el consentimiento de su progenitora, las acusaciones figuran dentro del proceso penal 205/2023.