En el contexto nacional, la problemática de los menores que viven con sus padres en los Centros de Reinserción Social (Cereso) es preocupante pues se violentan sus derechos humanos (DDHH) de educación y salud.
Ante esta situación, Jesús Alberto Pérez García, egresado de la primera generación de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional (MDHJC) de la Universidad Veracruzana (UV), región Xalapa, desarrolló un protocolo para la separación gradual y paulatina de niñas y niños que viven con sus madres en los centros penitenciarios de Veracruz.
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Jesús Alberto Pérez contó que ha tenido interés por el estudio de los DDHH –en un ámbito de convicción profesional–, ya que por varios años se ha dedicado a la defensa y promoción de los mismos en niños y adolescentes. Incluso formó parte del colectivo “Interés superior de la niñez”, que tiene su sede en la ciudad de Xalapa.
Detalló que del total de la población infantil y adolescente existen grupos pequeños que son invisibilizados por el Estado, como el caso de las niñas y los niños que viven con sus padres o madres en los centros de reinserción social. En la sociedad ocurre algo similar pues se carece de una visión de lo que pasa al interior estos centros, “pareciera ser que esos niños y niñas también cumplen una sanción y entonces no se garantiza de forma total y plena sus derechos humanos”.
Ante la situación de indefensión que la población infantil vive en los Ceresos, especialmente de la entidad, Jesús Alberto Pérez desarrolló el proyecto de intervención jurídica “El derecho a la separación gradual y paulatina de niñas y niños que viven con sus madres en los Centros de Reinserción Social de Veracruz”.
“A través de este trabajo busco la generación de un protocolo para la separación gradual y paulatina de los menores que viven con sus padres y madres en estos lugares, en los que se priorice garantizar el respeto a su salud mental que hasta ahora ha quedado a la deriva.”
Si bien estos centros tienen protocolos al interior que buscan la protección de la salud mental, no así para su atención cuando salen del lugar. El desapego, sin una intervención adecuada, puede provocar una desestabilidad emocional muy fuerte en los menores, por ello la importancia de salvaguardar este derecho.
A partir de que el menor cumple tres años de edad, los centros ya no se hacen responsables de ellos, aunque ya están acostumbrados a habitar un lugar cerrado, tener un pase de lista y horas específicas para la comida, así como espacios pequeños para la recreación.
“No hay autoridad que se preocupe para que el menor sea reinsertado en su núcleo familiar de una manera correcta. La madre puede permitir que salga, pero los sonidos de los animales y de los vehículos, todo eso es nuevo, lo que puede provocar en los niños una crisis emocional.”
El universitario mencionó que no existe un protocolo a nivel nacional para atender de manera integral la separación gradual y paulatina. El Estado y autoridades no se han preocupado por reinsertar socialmente al menor de edad con su nueva familia, con la que crecerá, “no se han preocupado por la salud mental de esta población infantil”.
Por ello, con el protocolo desarrollado busca garantizar y proteger a los niños y las niñas, ya que no sólo tiene una visión jurídica, sino una visión multi e interdisciplinaria pues trabajó con psicólogos, psiquiatras y pediatras para establecer las rutas y acciones de protección al derecho a la salud mental.
“Se aplicará a un niño que vive en un Cereso y meses antes de que cumpla tres años de edad se le preparará para la separación de sus padres y tenga una buena reinserción social; no queremos que el protocolo violente algún derecho humano, sino que apoye a la familia receptora.
”La tarea fue ardua porque Veracruz cuenta con 17 Ceresos y ser una población cautiva y estática hizo difícil encontrar un justiciable, por temor a represalias por parte del Estado, haciéndola una tarea complicada.”
Enfatizó que es necesario romper con el paradigma de ver a la niñez y a la adolescencia como objetos de derecho, cuando deberían ser sujetos de derecho y hacer prevalecer el interés superior de la niñez.
Por último, Jesús Alberto Pérez dijo que tiene el interés de publicar el protocolo en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, a fin de que el proyecto se convierta en una política estatal y sea reproducido por otras entidades federativas.
