/ lunes 9 de octubre de 2023

Suprema Corte invalida intervención de tesorería de San Andrés Tuxtla

Ministros anularon acuerdo que hizo mayoría de diputados de Morena

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que la intervención de la tesorería del municipio de San Andrés Tuxtla era inválida, por lo que anularon en acuerdo que aprobó la mayoría de los diputados de Morena.

El pasado 30 de agosto, la Primera Sala resolvió la Controversia Constitucional 248/2022 y determinó la invalidez de las acciones que había implementado el Congreso de Veracruz contra la alcaldesa de Morena, María Elena Solana Calzada.

¿Por qué se invalida acuerdo del Congreso?

La resolución señala que la acción de inconstitucionalidad es parcialmente procedente y "sobresee la controversia constitucional respecto del acuerdo emitido por la comisión permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, el 19 de octubre del 2022”.

Ante ello, se declaró la invalidez del acuerdo dictado por el pleno del Congreso del Estado, el 10 de noviembre de 2022.

En un comunicado el ayuntamiento planteó que todas las acciones que se implementaron fueron injustas, como la de haber enviado a un interventor a quien designaron casi el responsable de revisar el ingreso y gasto del presupuesto del municipio ubicado en la región de los Tuxtlas.

“Ahora que la Suprema Corte ha resuelto que este nombramiento rebasó todos los límites legales al querer manejar arbitrariamente los recursos y las cuentas bancarias del ayuntamiento, actos que han quedado sin ningún valor, igual que los documentos con su firma, las cosas han cambiado a nuestro favor”, dice la postura oficial.

Todas estas acciones fueron un montaje que, desde la Comisión de Vigilancia, con el pretexto de buscar malos manejos que no existen, llevaban la única intención de someter al municipio y a quienes lo formamos, se planteó en el comunicado.

Previo a ello, el 13 de septiembre se dio a conocer que la dirección jurídica del Congreso de Veracruz pidió a la Secretaría de Fiscalización del Congreso de Veracruz a “concluir” la intervención de la auditoría del municipio de San Andrés Tuxtla, que preside la morenista María Elena Solano Calzada.

En octubre del 2022, el Congreso de Veracruz ordenó la intervención de la tesorería del municipio ubicado en la región de los Tuxtlas, con el argumento que habían detectado irregularidades en la comprobación de obra pública.

Por denuncias ciudadanas el congreso conoció que el subdirector de obras públicas de la pasada administración (2018-2022) repitió en la administración de María Elena Solana Calzada y detectaron que estaba usando recursos públicos del gobierno de Morena para poder solventar observaciones de obras y acciones que se realizaron en el gobierno de Octavio Pérez Garay.

Ante ello, se ordenó efectuar una revisión y análisis financiero y técnico del ejercicio de los recursos asignados al ayuntamiento, correspondiente al periodo 2022 y que incluye los documentos contables, administrativos, técnicos y legales que se deriven.

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que la intervención de la tesorería del municipio de San Andrés Tuxtla era inválida, por lo que anularon en acuerdo que aprobó la mayoría de los diputados de Morena.

El pasado 30 de agosto, la Primera Sala resolvió la Controversia Constitucional 248/2022 y determinó la invalidez de las acciones que había implementado el Congreso de Veracruz contra la alcaldesa de Morena, María Elena Solana Calzada.

¿Por qué se invalida acuerdo del Congreso?

La resolución señala que la acción de inconstitucionalidad es parcialmente procedente y "sobresee la controversia constitucional respecto del acuerdo emitido por la comisión permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, el 19 de octubre del 2022”.

Ante ello, se declaró la invalidez del acuerdo dictado por el pleno del Congreso del Estado, el 10 de noviembre de 2022.

En un comunicado el ayuntamiento planteó que todas las acciones que se implementaron fueron injustas, como la de haber enviado a un interventor a quien designaron casi el responsable de revisar el ingreso y gasto del presupuesto del municipio ubicado en la región de los Tuxtlas.

“Ahora que la Suprema Corte ha resuelto que este nombramiento rebasó todos los límites legales al querer manejar arbitrariamente los recursos y las cuentas bancarias del ayuntamiento, actos que han quedado sin ningún valor, igual que los documentos con su firma, las cosas han cambiado a nuestro favor”, dice la postura oficial.

Todas estas acciones fueron un montaje que, desde la Comisión de Vigilancia, con el pretexto de buscar malos manejos que no existen, llevaban la única intención de someter al municipio y a quienes lo formamos, se planteó en el comunicado.

Previo a ello, el 13 de septiembre se dio a conocer que la dirección jurídica del Congreso de Veracruz pidió a la Secretaría de Fiscalización del Congreso de Veracruz a “concluir” la intervención de la auditoría del municipio de San Andrés Tuxtla, que preside la morenista María Elena Solano Calzada.

En octubre del 2022, el Congreso de Veracruz ordenó la intervención de la tesorería del municipio ubicado en la región de los Tuxtlas, con el argumento que habían detectado irregularidades en la comprobación de obra pública.

Por denuncias ciudadanas el congreso conoció que el subdirector de obras públicas de la pasada administración (2018-2022) repitió en la administración de María Elena Solana Calzada y detectaron que estaba usando recursos públicos del gobierno de Morena para poder solventar observaciones de obras y acciones que se realizaron en el gobierno de Octavio Pérez Garay.

Ante ello, se ordenó efectuar una revisión y análisis financiero y técnico del ejercicio de los recursos asignados al ayuntamiento, correspondiente al periodo 2022 y que incluye los documentos contables, administrativos, técnicos y legales que se deriven.

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