En medio de las peores crisis de violencia contra las mujeres en el país, con una cifra en Veracruz que alcanza los 98 casos de mujeres asesinadas por razón de género en el primer semestre del año y con 17 municipios dentro de la lista nacional de mayor incidencia en violencia feminicida, una vez más la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), destinará recursos a la entidad para atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
De acuerdo con la información sobre subsidios aprobados para entidades con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 2019, publicado por la Conavim, la entidad veracruzana recibirá 6 millones de pesos para la realización de tres proyectos, de los cuales dos serán operados por la Fiscalía General del Estado (FGE), y uno por parte de la Secretaría de Gobierno (Segob).
Para la realización de los proyectos “para la implementación de una estrategia de consolidación de los resolutivos en materia de justicia y reparación de la declaratoria de AVGM por violencia feminicida 2019”, y “para la implementación de una estrategia de consolidación de los resolutivos en materia de justicia y reparación de la declaratoria de AVGM por agravio comparado 2019”, la FGE a cargo de Jorge Winckler Ortiz, recibirá una inversión federal que asciende a 4 millones de pesos.
Mientras que la Segob, cuyo titular es Éric Patrocinio Cisneros Burgos, obtuvo un subsidio federal por el monto de 2 millones de pesos que serán destinados para el proyecto “Acciones Eficaces para la Atención de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género en Veracruz 2019”.
Para el ejercicio fiscal 2019, la Conavim invierte 109 millones 993 mil 336 pesos en 72 proyectos correspondientes a 17 entidades federativas: Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.
LA INVERSIÓN, SIN IMPACTO
La noticia sobre la inversión federal en Veracruz, sin embargo, generó críticas de parte de la activista e integrante de la Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz, Belem Palmeros Exsome, quien expresó desde su cuenta en Twitter: “Conavim le dará este dinero a la Fiscalía del Estado de Veracruz para las Alertas de Género. Sí, más dinero para que no hagan nada de nada”.
Las dudas generadas en torno a los presupuestos destinados para atender la AVGM en Veracruz y de que éstas puedan frenar los feminicidios, no son nuevas, pues desde noviembre de 2016, fecha en que la Conavim emitió la declaratoria de alerta por violencia feminicida en 11 municipios veracruzanos, los gobiernos federal y estatal han destinado cuantiosos recursos para su atención, sin que esto represente una disminución de muertes violentas de mujeres en la entidad.
Hasta junio de este año, el informe oficial sobre violencia contra las mujeres registra a 17 municipios veracruzanos dentro de la lista nacional con mayor incidencia del delito de feminicidio: Xalapa, con nueve feminicidios; Coatzacoalcos, con seis mujeres asesinadas por razón de género; Veracruz también con seis feminicidios; Córdoba, cinco; Emiliano Zapata, cuatro casos.
Mientras que en Acayucan, Agua Dulce, Papantla y Tierra Blanca se contabilizaron tres feminicidios en cada municipio.
En los municipios de Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Río Blanco, Sayula de Alemán, Tecolutla, Tlachichilco y Tuxpan, se registraron dos víctimas del delito de feminicidio, respectivamente.
Durante el periodo 2018-2019, Veracruz ha sido beneficiado con un monto federal de 31 millones 580 mil 104 pesos destinados a proyectos para la atención de alertas de género; por su parte, el presupuesto estatal otorgado exclusivamente para este propósito suma un total de 27 millones 364 mil 970 pesos, en estos dos últimos años.
El Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG) de la Cámara de Diputados, apunta que el feminicidio es la modalidad más extrema de violencia en contra de las mujeres que implica la privación de su derecho a la vida; asimismo, “el concepto de feminicidio abarca a los individuos responsables, pero también señala la responsabilidad de las estructuras gubernamentales en todos sus niveles”.
Actualmente, México está catalogado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como primer lugar en feminicidios, en una relación de 24 países; por su parte, la entidad veracruzana ocupa el primer lugar nacional.
LA NUEVA POLÍTICA DE ESTADO
Dentro del Acuerdo Nacional por la Vida y la Seguridad de las Mujeres, presentado ante la Cámara de Diputados y el Senado de la República, por la comisionada nacional de la Conavim, Candelaria Ochoa Ávalos, se destaca la Estrategia de Trabajo con los gobiernos de los estados.
Entre las prioridades se contempla garantizar la atención efectiva de la creación, operación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres; impulsar que las AVGM cuenten con acciones de atención inmediata y seguimiento permanente de evaluación.
Asimismo prevé una reforma legislativa para que las Alertas de Género sean mecanismos eficientes y de acción emergente; que exista un reforzamiento de la fiscalización del cumplimiento y disminución del feminicidio, así como la aplicación efectiva de modelos y protocolos de atención.
La Conavim subraya que los grandes retos de las AVGM, así como de los Centros de Justicia para Mujeres, se concentran en que todas las mujeres en riesgo de violencia de género que cuenten con medidas de protección deberán ser protegidas en su seguridad, integridad y su vida.
En materia de procuración e impartición de justicia en materia de feminicidio, destaca la revisión y evaluación del impacto de la ejecución de las investigaciones bajo el Protocolo Alba y Protocolo Ámber en las entidades federativas, que exista transparencia judicial en sentencias de feminicidios, la aplicación en agravio comparado de la NOM045, así como investigar todas las muertes violentas con el Protocolo de Feminicidio, con la integración de carpetas de investigación que permita generar las condiciones para la ejecución de sentencias.