Xalapa, Ver.- La Diputación Permanente del Congreso local aprobó separar del cargo de manera temporal al fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, bajo el argumento de la falta de procuración de justicia y dado que no cuenta con los requisitos constitucionales de estar debidamente certificado y registrado en el sistema como alto mando en la procuración de justicia de Veracruz.
La titularidad de la Fiscalía General del Estado será asumida de forma temporal por Verónica Hernández Giadáns, en su calidad de encargada de despacho, quien se desempeñaba como directora general jurídica de la Secretaría de Gobierno y a quien se le tomó protesta tras la votación de siete de los 10 diputados que integran la diputación permanente. Incluso el nombramiento salió publicado en la Gaceta Oficial del Estado.
Durante la sesión permanente, en la que el grupo legislativo de Morena madrugó a la bancada del PAN, se leyó el documento de acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que lidera el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, en la que se solicitaba la separación temporal de Winckler Ortiz.
En el acuerdo, que fue leído por el secretario Alexis Sánchez García, se pedía dejar sin efecto la orden del día, que previamente había sido aprobada, para considerar únicamente el punto de la separación del fiscal.
El hecho generó una disputa entre los legisladores de las bancadas del PAN y Morena, quienes en su defensa de argumentos hicieron uso de gritos, empujones, señalamientos, jalones y uno que otro golpe.
Los panistas, en voz de María Josefina Gamboa Torales, Juan Manuel de Unanue Abascal y Omar Miranda Romero, argumentaron que no había elementos legales para la separación del cargo de Winckler Ortiz.
Mientras que los integrantes de Morena defendieron su postura, incluso con gritos y algunos reclamos hacia los panistas.
"Ante las autoridades competentes para evaluar al fiscal general no obra constancia alguna de que cuente con la certificación de revalidación y registro, por ello en atención a los antecedentes del punto de acuerdo se determina necesario que la diputación permanente aplique como medida preventiva aquella categoría, no implica la sanción, sino la emisión de una medida cautelar, fundada en el esquema caracterizado por la ciudadanía y discrecionalidad del Congreso del Estado”, leyó el diputado Alexis Sánch’ez.
Se exige la aplicación de la medida cautelar consistente en la remoción temporal de quien ocupa la titularidad de la Fiscalía General del Estado y en el proyecto se razona la medida cautelar con fuerza y la atribución para nombrar a un encargado de despacho que tendrá las mismas funciones
El acuerdo, conforme al documento de la Jucopo, señala: “Se resuelve separar a Jorge Winckler Ortiz del cargo de Fiscal General del Estado por el presunto incumplimiento del mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro correspondiente necesarios para el ingreso y permanencia del cargo, tal y como informan las autoridades con competencia para su misión”.
Según la argumentación, la Constitución General de la República establece que ninguna puede ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.
Los exámenes de control y confianza son los únicos instrumentos idóneos para acreditar que, quien está al mando de una institución de procuración de justicia, posee al menos, ciertas cualidades indispensables para el ejercicio de las actividades dentro del servicio público.
De la misma forma se especifica que es el medio idóneo para garantizar que quienes están al frente de las instituciones de seguridad cuentan con validez y certeza jurídica en sus actuaciones.
En el artículo 21, inciso C) de la Constitución, así como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 21 inciso c), se establece que ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las instituciones de procuración de justicia sin contar con el certificado y registro vigente.
Al carecer de ese certificado no se puede acreditar que Winckler Ortiz cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.
Mientras que en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en su artículo 71, se determina que ningún servidor público, en el caso de los fiscales, podrá prestar sus servicios en la Fiscalía General si no cuentan con la certificación vigente.
Hasta en tanto no se compruebe que Jorge Winckler Ortiz está certificado y registrado en el sistema nacional, no puede estar al frente de esa institución autónoma tan importante y delicada como es la Fiscalía
A favor de la separación temporal de Winckler Ortiz votaron los integrantes de Morena: José Magdaleno Rosales Torres, José Manuel Pozos Castro, Nahúm Álvarez Pellico, Rubén Ríos Uribe y Adriana Linares Capitanachi. La perredista Florencia Martínez Rivera y de Movimiento Ciudadano Alexis Sánchez García.
La priista Érika Ayala Ríos, así como los panistas María Josefina Gamboa Torales y Juan Manuel de Unanue Abascal no votaron.
¿QUIÉN ES VERÓNICA HERNÁNDEZ GIADÁNS?
La exdirectora general jurídica es licenciada en derecho con número de Cédula 2212138.
Fue secretaria del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz (1998-2000); directora jurídica, de Responsabilidad Patrimonial y Atención Ciudadana de la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Xalapa (2001-2004). Así como notaria adscrita de Diego Dositeo Hernández Medina, titular de la Notaría 5 de la Decimonovena Demarcación Notarial de San Andrés Tuxtla, (2002-2010); titular de la Notaría 5 de la Decimonovena Demarcación Notarial de San Andrés Tuxtla (2010-2018) y tesorera del Consejo Directivo del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz (2015-2016).
Se presenta con conocimientos en derecho notarial, tributario, civil y administrativo.
RESPONDÍO WINCKLER
Jorge Winckler Ortiz calificó como una decisión “a todas luces ilegal” la de removerlo temporalmente como Fiscal General del Estado de parte de diputados integrantes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, porque perjudica la autonomía de las instituciones y anunció que hará uso de todos los recursos jurídicos para combatirla.
A través de un comunicado de prensa, detalló que esta decisión es violatoria de la Constitución Política del estado de Veracruz, así como de la Ley Orgánica de la Fiscalía. Asimismo, “viola una Suspensión Definitiva vigente, que prohíbe destituir al Fiscal General a través de mecanismos no contemplados en la Ley al momento de su designación. Además de una arbitrariedad, constituye un delito federal”.
Dijo que su intención y la de muchísimos veracruzanos es defender
Una Institución que debe de ser Autónoma e independiente del Poder Ejecutivo del estado. Con esta ilegalidad no se ataca y perjudica a Jorge Winckler Ortiz, sino a la autonomía de las instituciones y a la independencia de los poderes
Dio a conocer que interpondrá todos los recursos que la ley le permite, “para impedir una ilegalidad que atenta en contra de nuestra Constitución y de la vida democrática no sólo de Veracruz sino de todo México”.
Además, aseguró que en, “mi vida privada y profesional siempre me he conducido con apego a la legalidad y al estado de Derecho, y bajo esa premisa ha sido mi actuación como Fiscal General del estado de Veracruz.
UNA BARBARIE POLÍTICA: JULEN REMENTERÍA
Ciudad de México.- “Estamos ante una barbarie política que no tiene límites, que no conoce alguna situación que pudiera contenerse”, advirtió el senador por Veracruz Julen Rementeria del Puerto, luego que el congreso de esta entidad separara de su cargo al fiscal general de esta entidad, Jorge Winckler Ortiz.
Estamos hoy en Veracruz muy preocupados. ¡Exigimos la restitución del Estado de Derecho y con ello, la restitución del fiscal de Veracruz!
El senador Rementeria del Puerto lamentó que de nueva cuenta sea Veracruz “el ejemplo de cómo se hacen las cosas mal” y criticó que Morena en el Congreso del Estado de Veracruz haya madrugado al PAN en “un atropello a la legalidad” para “remover al fiscal de manera ilegal”. “¡Absolutamente ilegal no queda duda!”, insistió.
“Al titular de un órgano autónomo, al titular de la fiscalía se le ha removido sin justificación, violando los procedimientos. Absolutamente improcedente su remoción, ni el Congreso (de la Unión) ni la (Comisión) Permanente de los diputados puede remover al fiscal nada más porque sí, se lleva a cabo un procedimiento como lo establece la ley.
En este sentido, explicó que su remoción debió ser conforme a Derecho y apegada al marco jurídico nacional, y detalló que incluso, “el propio fiscal ha solicitado el juicio de amparo y los ha ganado”
“Más allá de quién se trate, hay que cumplir siempre con la ley, y hoy se ha violentado de manera flagrante. Exigimos que se pueda restituir a quien merecidamente tiene que estar, de acuerdo a ley, en el puesto en el que fue removido indebidamente”, finalizó.
