El Reglamento de Protección Animal Municipal ampara al Ayuntamiento de Xico ante los hechos sucedidos el pasado domingo durante la corrida de toros, en la que se permitió la entrada a menores de edad, aseguró el síndico José Miguel Cuel Guevara.
"Tenemos el fundamento legal, se le mandó el oficio al empresario donde se le solicitaba la prohibición de la entrada de los menores, ya no quedó en nosotros", comentó ante la detención de los organizadores de la corrida por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales y la clausura de la plaza de toros. Especificó que el reglamento plantea que el ingreso de menores a las corridas de toros está prohibido.
Asimismo destacó que a través del DIF municipal se solicitó a los padres firmar una responsiva en caso que decidieran llevar a sus hijos a ese evento.
"Se aplicó por parte del Ayuntamiento, del DIF, en busca de que no ingresaran; se planteó la estrategia que los padres que así lo permitieran llenaran un formato con sus datos y hacerse responsables. Se tienen los formatos", dijo.
Buscarán “procedimiento legal” contra autoridades xiqueñas
Integrantes de la Fundación Movimiento Conciencia anunciaron que con organismos internacionales y expertos en temas de la infancia y maltrato animal analizarán el procedimiento legal contra autoridades por haber permitido la violación de los derechos de los niños durante la xiqueñada.
Claudia Leonardo Landa, abogada de dicha agrupación, indicó que durante la capea realizada a las 12 horas y en la corrida de toros detectaron maltrato animal y violencia en una evidente violación de la normatividad que protege a los animales y los derechos de los niños por parte de las autoridades municipales y estatales, así como de empresarios taurinos y padres de familia que permitieron el ingreso de menores a la plaza de toros Alberto Balderas.
El fiscal especializado decidió clausurar la plaza hasta que se dio muerte a cinco toros ante los ojos de los menores de edad, cuando debió haberlo hecho desde el primero.
“El domingo los niños fueron víctimas de las autoridades y de sus propios padres, de las dos partes hubo una actuación que nosotros nos parece poco ética porque se hizo firmar a los padres de familia un documento para que se pudiera violar la ley”, dijo.