Extrabajadores de la alcoholera de Orizaba bloquean la calle Enríquez, frente a Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades que se reabra la empresa que fue cerrada hace 20 días sin previo aviso.
Portando el uniforme con el que laboraban, los afectados aseguran que son más de mil empleados los que se quedaron sin un sustento por el cierre de la alcoholera, hecho que se registró de manera sorpresiva.
Indicaron a la fecha ninguna persona de la empresa les ha proporcionado información sobre el o los motivos por los cuales se cerró la alcoholera, ya que simplemente “llegaron personas y nos dijeron que teníamos que desalojar”.
Explicaron que se trata de empleados del área de producción, soldadores, ayudantes, químicos y trabajadores en general los que fueron afectados por el cierre de la empresa.
Los afectados llevaban laborando desde año y medio hasta cinco años en la alcoholera.
“Llegaron y nos sacaron de la empresa, desconocemos a las personas que nos desalojaron. Simplemente nos dijeron: desalojen las áreas, y cada uno de los compañeros que estaban laborando se retiró de su lugar”, dijeron.
El pasado 18 de mayo personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), intervinieron y aseguraron las instalaciones de la alcoholera, ubicada a un costado de la autopista Puebla- Veracruz, a fin de investigar probables delitos de índole federal.
Ese día se dio a conocer que los agentes federales llegaron a bordo de varias patrullas de la dependencia, acompañados por los policías estatales y de manera sorpresiva desalojaron a los trabajadores.
A través de las redes sociales se mencionó que el operativo obedecía a un cateo, pero no se dieron a conocer mayores detalles.
Desde entonces las actividades permanecen suspendidas en la planta alcoholera provocando incertidumbre entre los obreros, quienes no han sido notificados sobre si volverán o no a laborar.
Ante esta situación, los manifestantes piden la intervención de las autoridades estatales, ya que se quedaron sin el sustento económico para sus familias.