Al señalar que no existe voluntad clara para aplicar la ley y las autoridades revictimizan a las personas, el diputado del PAN Jaime Enrique de la Garza Martínez presentó una iniciativa para que la seguridad pública sea un derecho fundamental.
En sesión ordinaria de este día señaló que si bien el Estado no trasgrede directamente la seguridad de las personas sino las mismas personas las que lo hacen, el Estado sí debe conceder las condiciones para que se respete este derecho.
- Te puede interesar: Congreso aprueba cambio de día para comparecencia del gobernador; ¿cuándo se realizará?
Al subir a tribuna indicó que se vive en un estado donde se revictimiza a las víctimas de violencia doméstica, los delincuentes no entran a la cárcel por errores en trámites administrativos y los encargados de seguridad ocultan los agraviantes números de homicidios, feminicidios y secuestros "y presumen una mínima mejora en delitos de menor grado, como lo vemos en espectaculares y como lo escuchamos hace unos días del propio Secretario de Seguridad Pública".
Mencionó que actualmente no se denuncia por miedo a las mismas autoridades o por flojera de hacer un largo proceso burocrático al que "a fin de cuentas sabemos que,en muchos casos, le darán carpetazo si no sale en los medios de comunicación o se hace público a través de las redes sociales porque sólo así se atienden de manera correcta los temas de violencia".
Criticó que se vive en un estado en el cual, lamentablemente se gobierna con la mentalidad de abrazos, no balazos, "no quiero que se malinterprete esta oración, en efecto el amor genera amor, pero en una sociedad tan lastimada en materia de seguridad lo que se requiere es dar un mensaje y un ejemplo de autoridad y determinación, lo que se requiere es que se haga justicia, no con balazos, pero sí con procesos adecuados, con investigaciones completas, con detenciones, con encarcelamientos ycon sentencias justas".
Destacó que aunque en el marco jurídico de Veracruz se encuentran enunciados algunos derechos humanos no hay una mención expresa del derecho a la seguridad pública.
En consecuencia, el ciudadano pasará de ser un destinatario pasivo de la función policial a uno de carácter activo que impulsará, a través de medios de control constitucional individuales o colectivos, que se le garantice este derecho, exigiéndose al Estado que promueva, respete y garantice la seguridad pública que, hasta el momento, le ha sido otorgada al ciudadano, en forma intermitente y de mala calidad.
Mencionó que este derecho ya se encuentra reconocido como un derecho humano en los estados de Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Tabasco y Zacatecas.
Destacó que la seguridad pública, debe ser experimentada en todos los aspectos de la vida de un individuo, desde nuestro hogar, nuestro trabajo, la calle, la ciudad, el estado y el país. Desde lo más común como la violencia psicológica, hasta lo más complejo como la violación o el homicidio.
Por ello, dijo, es necesario un cambio de perspectiva, que visualice este valor como un derecho fundamental que debe ser garantizado, de acuerdo a la nueva conceptualización de derechos humanos del Estado mexicano.
