La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que el Gobierno del Estado de Veracruz debe aclarar o reintegrar 156 millones 951 mil pesos de la Cuenta Pública 2020.
De acuerdo a la revisión del ente fiscalizador, las mayores irregularidades se detectaron en el manejo del gasto federalizado siendo el sector educativo, de salud y seguridad, donde supuestamente hubo mayores irregularidades. Además, en este proceso también se presentaron casos de presunta evasión fiscal.
Como parte del análisis del uso de los recursos se realizaron 48 auditorías, las cuales tuvieron como resultados 755 observaciones. De éstas 511 fueron sin irregularidad, 203 fueron solventadas y 41 pueden derivar en acciones legales.
Las entidades federales y gobiernos locales tienen 30 días de plazo para aclarar y, en su caso, solventar las observaciones de la ASF.
Se realizaron dos Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF), acción con la cual el organismo informa a la autoridad tributaria sobre una posible evasión fiscal detectada en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, o bien, por la presunción de errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos fiscales, a efecto de que lleve a cabo las acciones de su competencia.
Sobre la fiscalización de los recursos que llegan a Veracruz fueron tres Solicitudes de Aclaración (SA) mediante la cual la Auditoría requiere a la entidad la documentación que aclare y soporte las operaciones o los montos observados no justificados o no comprobados durante la revisión.
Además, se registraron 12 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), acción con la que la ASF promueve ante la instancia de control competente en la entidad la aplicación de las sanciones que procedan de acuerdo con la competencia (local o federal) si se presume el incumplimiento de disposiciones normativas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos.
Se acreditaron 10 Pliegos de Observaciones (PO), observaciones de carácter económico, derivadas de las auditorías, visitas o inspecciones que practica la ASF, en las que se determine un presunto daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio.
De acuerdo a los informes de las Cuentas Públicas presentadas tras las auditorías realizadas, los gobiernos municipales deben aclarar 8.5 millones de pesos, el Congreso del Estado 2.5 millones de pesos y las universidades 6.1 millones de pesos. En el reporte se indica que el Poder Judicial del Estado no tiene recursos pendientes por entregar.
Por el Recurso del Fondo de Infraestructura Social se deben aclarar 119 millones 996 mil pesos. Del Recurso de Aportaciones para la Seguridad el monto a aclarar es de 14 millones 900 mil pesos.
Los Servicios de Salud de Veracruz resultaron con observaciones por 1 millón 926 pesos y la Secretaría de Salud por 1 millón 915 pesos.
En tanto, el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz debe aclarar el uso de 1 millón 124 mil pesos. La Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz deberá aclarar el uso de 6 millones 069 mil pesos.
En lo correspondiente a los ayuntamientos, se establece que Las Choapas tiene pendiente por aclarar 6 millones 666 mil pesos y Coatzacoalcos 1 millón 836 mil pesos.
ENTRE LAS ENTIDADES MÁS ENDEUDADAS
Veracruz aparece entre las siete entidades más endeudadas del país, al sumar 45 mil 707.9 millones pesos. Asimismo, se determinó que Coatzacoalcos es el municipio con mayor deuda del estado con 459 millones 100 mil pesos.
La deuda contratada por el Estado durante el 2020 fue de 20 mil 631 millones de pesos. De esta cantidad el 84.9% fue para refinanciamiento, el 6.1% para inversión pública productiva y el 8.9% para insuficiencias de liquidez de carácter temporal.
La ASF identificó dos grupos de entidades federativas con riesgo de afectar la sostenibilidad de sus finanzas públicas en el largo plazo, debido a: monto elevado de la deuda pública y mayor dinámica de crecimiento del saldo de sus obligaciones financieras.
En el primer grupo, destacan siete entidades: la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua, Veracruz, Coahuila y Jalisco, que concentraron el 62.2% del saldo total de la deuda pública en 2020.
El organismo determinó que en ambos grupos las entidades con mayor riesgo fueron Veracruz, Zacatecas y Oaxaca, debido a que más del 50.0% de la contratación de obligaciones fue para refinanciar la deuda existente, lo que les permitió una mejora en el perfil de los pagos, cambio en el esquema de las amortizaciones, mejores plazos de vencimiento y periodos de gracia.
No obstante, tuvieron que endeudarse más para cumplir con los pagos de deuda contraída, por lo tanto, en los años subsecuentes podrían limitarse los recursos por financiamiento para inversión pública productiva.
Además, se requiere incrementar los ingresos con acciones locales que les permitan un flujo más amplio de recursos para ser concentrados en inversión pública productiva. Por lo anterior, la administración y el manejo responsable de las obligaciones financieras tendrá un rol prioritario para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazos.
FONDO DE APORTACIONES A LA NÓMINA
En lo correspondiente a análisis presupuestario del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa Y Gasto Operativo (FONE) se determinó que el gobierno del Estado incurrió en inobservancias, principalmente en materia de pagos que se consideraron improcedentes, mediante las nóminas ordinarias estatales subsidiadas se realizaron pagos a trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2020 por 788.3 millones de pesos.
Además, mediante las nóminas ordinarias federales del fondo, se realizaron pagos que se consideraron improcedentes a trabajadores que desarrollaron actividades distintas a la educación básica, indígena, inclusiva y normal por 45 millones 455 mil pesos, a trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo por 11 millones 122.3 mil pesos, pagos a trabajadores después de su fecha de baja definitiva de la dependencia por 13 millones 728 mil pesos y a trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2020 por 11 millones 582 mil pesos. No obstante, en el transcurso de la auditoría, la entidad fiscalizada solventó las observaciones antes mencionadas.
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
El informe señala que la Secretaría de Educación de Veracruz en cinco expedientes de adquisiciones careció de los elementos que acreditaran el cumplimiento de los supuestos invocados en los dictámenes de excepción a la licitación pública; de los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez; de las investigaciones de mercado; de la documentación que acreditara la capacidad técnica y económica de los proveedores adjudicados, y de la documentación legal del proveedor; adicionalmente, de una adquisición, se careció de la evidencia fotográfica de la entrega de los bienes por parte del proveedor a la entidad fiscalizada.
Con las auditorías se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados antes de la emisión del informe.
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Al corte del 31 de diciembre de 2020, el Gobierno del Estado se comprometió y pagó 125 millones 643.6 mil pesos en el periodo de enero a marzo de 2021, no se tuvieron erogaciones adicionales. Por lo que se refiere a los rendimientos financieros por 76 millones 700 mil pesos, 74 millones de pesos se destinaron a los objetivos del programa y 2 millones 300 mil pesos fueron reintegrados a la TESOFE.
De la transferencia de 1 millón 700 mil pesos al Gobierno del Estado mediante el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación la auditoría determinó que al 31 de diciembre de 2020 se comprometieron 1 millón 699 mil 759.2 pesos y pagó 1 millón 499 mil 723.5 pesos, que representaron el 88.2%de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2021, ejerció 1 millón 699 mil 759.2 pesos, que representaron el 99.9%.
Ante ello, se determinó que los recursos no ejercidos fueron por 240.8 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
SERVICIOS DE SALUD
Con las auditorías realizadas se determinó que Servicios de Salud de Veracruz realizó pagos improcedentes con recursos del Fondo de Aportaciones, además de registrar un incremento por más de 3 millones de pesos en el rubro de servicios personales.
El informe señala que en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1 millón 926 mil pesos, por la falta de la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobró un trabajador durante el ejercicio fiscal 2020.
Esto ya que se realizaron pagos improcedentes con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2020 y por el pago a mil 147 trabajadores eventuales del concepto "compensación de impuesto por pago de gratificación", el cual no se encuentra establecido dentro del contrato individual de trabajo por tiempo fijo, asimismo, no es un concepto establecido como prestación de ley, las observaciones determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes.
Asimismo, se señaló que en el Presupuesto de Egresos de los Servicios de Salud de Veracruz para el ejercicio fiscal 2020 se asignaron recursos para servicios personales que superaron el límite establecido en la normativa y no se presentó en el proyecto una sección específica de las erogaciones correspondientes al gasto por servicios personales que comprendiera las remuneraciones de los servidores públicos con el desglose de sus percepciones ordinarias y extraordinarias, así como las obligaciones de carácter fiscal, de seguridad social, las previsiones salariales y económicas.
El organismo generó un incremento en el rubro de servicios personales por 3 millones 962 mil 765.2 pesos, lo que superó el límite máximo de asignación para servicios personales, y superó el 5.0 % de los recursos aplicados a gasto corriente con recursos de ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición por 185 mil 841.3 pesos; sin embargo, las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del informe.
