El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín, aseveró que si la justicia federal ordena al Congreso local restituir a los tres magistrados que tienen amparos acatarán dicha resolución.
Sin embargo, indicó que el Legislativo recurrió a las acciones legales para evitar que los amparos sean aplicados, por lo que se está a la espera de la resolución final de los jueces federales.
Mencionó que luego de que el Congreso local fue notificado sobre los amparos de los magistrados se tomó la decisión de apelar a las decisiones tomadas por los jueces.
“Nosotros como Congreso del Estado vamos a ser respetuosos de las sentencias que nos den y sobre eso vamos a trabajar, los magistrados, los últimos que fueron nombrados, fueron nombrados en sustitución de los que les estaba dando la salida, si la decisión es que se reinstale a ‘x’ magistrado no tenemos problema en hacerlo”, dijo.
Reconoció que como poder Legislativo fueron muy cuidadosos al momento de realizar los nombramientos de los seis magistrados, incluidos los de los tres magistrados con amparos, ya que se sabía que estos podían recurrir a las instancias legales.
“Si la resolución es a favor de ellos, la respetaremos, recurrimos y ante esta posición se tiene que esperar a la sentencia. Haremos lo que corresponda legalmente, los que entraron fueron en sustitución, fuimos muy explícitos en los nombramientos porque sabíamos que esta situación se podía dar”, expuso.
Adelantó que el próximo martes 25 de agosto se realizará una sesión extraordinaria en el Congreso local, donde se podría tratar el tema en cuestión.
Se debe recordar que el pasado 30 de julio el pleno del Congreso local aprobó un punto de acuerdo de la Jucopo por el que se realizó el nombramiento de seis magistrados: Alma Rosa Flores Ceballos, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Itzel Castro Castillo, María Lilia Viveros Ramírez, Alileth García Cayetano y Antonio Sobrevilla Castillo.
Ello, pese a que los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, que fueron destituidos por haber cumplido 70 años de edad, cuentan con amparos federales en los que se establece que deben ser restituido en el cargo.
Además, la magistrada Gladys Pérez Maldonado cuenta con un recurso federal con el que se impide que otra persona sea colocada en el cargo que ocupaba.
En el acuerdo que se votó ese día en el pleno del Congreso local se estableció que Alma Rosa Flores Ceballos sería colocada en el cargo que ocupada Gladys Pérez Maldonado; María Lilia Viveros Ramírez estaría en el puesto de Marco Antonio Lezama Moo; y Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre sustituirá a Roberto Dorantes Romero.
