Xalapa, Ver.- Un año de arraigo domiciliario a partir de este miércoles 22 de mayo fue lo que impuso la jueza Mónica Segovia al exfiscal general del estado, Luis Ángel “N”, imputado por el delito de desaparición forzada de personas. También salieron otros dos de sus excolaboradores con la misma medida cautelar.
El exfiscal general del estado ingresó a las salas de juicios orales alrededor de las 18 horas donde su abogado, Nicolás Baltazar, pidió la libertad de su cliente en cumplimiento a la sentencia de un juez federal, para que éste enfrente su proceso en libertad.
Previo a esta audiencia salieron del penal de Pacho Viejo el pasado martes Rosario "N", exfiscal de Investigaciones Ministeriales y este miércoles por la tarde Carlota "N", exdelegada de la Policía Ministerial zona centro y Gilberto "N", exdirector de Servicios Periciales, quienes también estaban en prisión por el delito de desaparición forzada de personas en la modalidad de obstrucción de una investigación.
A todos ellos se les relaciona con la desaparición de los cuerpos encontrados en la Barranca de la Aurora, donde de los 19 cuerpos sólo se reportaron 16.
Luis Ángel "N" ha estado en diversas audiencias, sin embargo, la jueza Mónica Segovia no ha concedido la petición de dejarlo en libertad que ha realizado su abogado, sin embargo, con la salida de otros involucrados en este caso la jueza también otorgó el arraigo domiciliario a Luis Ángel “N”.
Luego de la audiencia el exfiscal General el Estado y antes de ser trasladado refirió: “Sí se pudo”, cuando los custodios lo llevaban rumbo al penal de Pacho Viejo para pasar sus últimos minutos ahí y después ser trasladado a su domicilio para quedar a resguardo de la Policía Ministerial.
Al escuchar la resolución de la jueza y que quedaba a resguardo de la Policía Ministerial y no la dirección de Prevención y Reinserción Social, Luis Ángel “N” solicitó que si lo iba a cuidar la Policía Ministerial fueran designados para tal efecto los elementos que antes eran sus escoltas, pero esto fue denegado por la jueza.
El abogado Nicolás Baltazar indicó que en la sentencia emitida por el juez federal se establecía que no procedía ninguna medida cautelar y que tenía que salir del penal para enfrentar su proceso en libertad.
Refirió que el resguardo domiciliario impuesto por la jueza Mónica Segovia es completamente irregular, pero además insistió que de acuerdo con la resolución del juez federal no procedía medida cautelar alguna.
Recordó que el Ministerio Público solicitó en un principio prisión preventiva oficiosa y con el amparo se demostró que no procedía la prisión preventiva e incluso en un recurso de revisión se dijo que la jueza tendría que imponer con base a lo solicitado en la audiencia inicial.
Recalcó que el amparo que obtuvieron dice claramente que no procede la prisión preventiva oficiosa y en consecuencia no procedía imponer ninguna medida cautelar y ahí es donde la jueza está violando la ley, pues se le dijo que no podía imponer la prisión preventiva oficiosa y por eso está mal lo que determina la jueza, quien viola nuevamente los derechos fundamentales.
Recordó que el juez de distrito le advirtió a la jueza que diera cabal cumplimiento a la sentencia o de lo contrario sería consignada y estarán pendientes de que el juez se entere de que se violó nuevamente esa resolución federal.
Nicolás Baltazar refirió que esto es una artimaña más por tener privado de su libertad a su cliente, pero además indicó que es incongruente que la Policía Ministerial sea quien tenga que dar cumplimiento a una medida cautelar, cuando es la dirección de Prevención y Reinserción Social la que se encarga de dar cumplimiento de esta medida cautelar.
Resaltó que esto es una muestra del contubernio que hay entre el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, por lo que en esto se ve claramente la mano del fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.
Reiteró que todo este caso se ha ido cayendo porque está basado en mentiras y es que al exfiscal sólo mantenía en prisión los señalamientos de Gilberto “N” y Arturo “N”, exsecretario de Seguridad Pública, pero ambos indicaron que sus declaraciones fueron obtenidas mediante tortura y por eso las acusaciones fueron fabricadas, no sólo ésta sino todas las acusaciones que hizo el fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.
SALEN GILBERTO “N” Y CARLOTA “N”
Previo a la audiencia de Luis Ángel “N” también salieron del penal con arraigo domiciliario Carlota "N", exdelegada de la Policía Ministerial zona centro, y Gilberto "N", exdirector de Servicios Periciales, quienes también estaban imputados del delito de desaparición forzada de personas, pero en la modalidad de obstrucción de una investigación.
Ante esta determinación de la jueza Mónica Segovia de dictar la medida cautelar de arraigo domiciliario para el exdirector de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto “N”, el abogado defensor Jorge Reyes Peralta expresó que denunciará a la jueza por no cumplir con el mandamiento jurisdiccional que era otorgarle su libertad sin restricciones.
Aseguró que lo que se dio “fue justicia a medias” e indicó que cuando les den vista impugnará esa determinación de la jueza, pues reiteró que a su defendido le siguen violando los derechos.
La misma medida cautelar obtuvo la exdelegada de la Policía Ministerial en la zona centro, Carlota “N”, quien dejó la cárcel para irse con arresto domiciliario.
Reyes Peralta resaltó al igual que el abogado de Luis Ángel “N”, la jueza olvidó que para pedir prisión preventiva ésta la debe solicitar la FGE, y advirtió que se incrementará en la denuncia que presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que también se incluye a Edel Álvarez Peña.
