El Contralor General del Estado, Miguel Ángel Olivares Martínez, aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública tiene abierta una investigación que involucra a personas morales que intervinieron en la aplicación del Sistema de Videovigilancia utilizando recursos públicos en la administración de Miguel ángel Yunes Linares.
Al comparecer ante la Comisión de Hacienda del Estado, el diputado de Morena, Diego Castañeda Aburto, le cuestionó sobre las acciones que se emprendieron por el “fallido y fraudulento” Sistema de Videovigilancia, así como los resultados al respecto.
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Ante ello, Olivares Martínez refirió que este tema ha sido colocado en la discusión pública por la relevancia que tiene en el estado.
“Como Contraloría estamos obligados a preservar la presunción de inocencia, de modo que no me voy a referir en los casos particulares que se haga referencia a personas o que se identifiquen personas morales que estén relacionadas con investigaciones o procesos, pero en el caso particular sí podemos referirnos a algunos aspectos de resultados tangibles”, expuso.
Investigación de la SSP podría hasta tardar siete años en resolverse
Manifestó que, además de las resoluciones que ha emitido el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev) sobre el tema, la SSP tiene una investigación adicional, la cual podrá resolverse hasta en un periodo máximo de siete años.
“Lo que sí podemos informar es que tenemos avanzada una investigación por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública con relación a las personas morales que intervinieron e incumplieron en este asunto y que implican recursos estatales, tenemos en curso una investigación adicional que, por los plazos prescriptivos que determina la ley general tenemos siete años para iniciar, interrumpirlo y una vez que se interrumpa se puede llevar a los tribunales hasta que se emita la resolución”, comentó.
Detalló que en el nuevo diseño Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, las faltas graves son aquellas que, en su mayoría, están relacionadas con hechos de corrupción.
“En el Sistema de Videovigilancia que se pretendió llevar a cabo en la administración pasada y se sabe cómo terminó, en cumplimiento, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública inició dos investigaciones, las cuales se calificaron como faltas graves, se substanciaron al interior de la Contraloría, a través de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, se remitieron al Tribunal de Justicia Administrativa que tiene competencia para conocer faltas graves”, explicó.
Consideró que este caso, además de tener amplia relevancia estatal, ha tenido como resultados señalamientos de responsabilidades administrativas para varias personas.
“La ciudadanía conoce el hecho de corrupción un daño o aquello que significa un daño o perjuicio a la Hacienda federal o estatal o un lucro, por lo que el Tribunal determinó la existencia de responsabilidades administrativas, impuso las sanciones económicas en cuanto a los recursos estatales y el daño que se determinó, pero instruyó que se realizaran las acciones administrativas para personas particulares que estuvieron involucradas en la implementación de este Sistema fallido de Videovigilancia”, comentó.
En agosto pasado, el pleno del Trijaev inhabilitó por 20 años al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime “N” por el mal uso del recurso destinado para la adquisición de las cámaras de seguridad.
De acuerdo a la resolución emitida, Jaime “N” y tres colaboradores de identidad resguardada fueron inhabilitados por el “mal uso del recurso destinado para la adquisición de las cámaras de seguridad que iban a instalarse en los diferentes puntos del estado”.
A principios de 2019 el gobierno de Veracruz, a cargo de García Jiménez, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades en el Sistema Estatal de Videovigilancia instalado en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, con el cual se reportó una inversión total de mil 100 millones de pesos y el cual fue instalado por la empresa Comtelsat S.A. de C.V.
En junio de 2019, el entonces auditor general del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos por supuestas irregularidades en la contratación del Sistema Estatal de Videovigilancia de Veracruz, el cual fue adquirido entre 2017 y 2018, durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.
En la denuncia de ese entonces, la cual fue respaldada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), cuyo auditor general era Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, se indicó que las irregularidades encontradas incluían el funcionamiento de mil 695 cámaras de Videovigilancia.
El Sistema Estatal de Videovigilancia fue instalado en más de 21 mil kilómetros cuadrados de territorio veracruzano; sin embargo, al momento de realizar la denuncia faltaban por instalar 275 cámaras.
Conforme al reporte, de los dispositivos instalados, el 72 por ciento, es decir 4 mil 354 cámaras, no funcionaba.
Las cámaras de videovigilancia reportadas por la administración pasada fueron colocadas en los municipios de Pánuco, Poza Rica, Fortín, Xalapa, Veracruz y Cosoleacaque.
El reporte señaló que de las 676 cámaras instaladas en Fortín ninguna funcionaba; en Poza Rica de las mil 120 cámaras, sólo funcionaban 10; y en Cosoleacaque de las 990 sólo operaban 62.
En Xalapa fueron instalados mil 228 dispositivos, de los cuales únicamente 339 funcionaban; en Pánuco se colocaron 380 cámaras, de las cuales sólo servían 88.
En el municipio de Veracruz se instalaron las mil 631 cámaras, pero únicamente se encontraban activas mil 196.
Sobre los resultados en el periodo
Al presentar su informe, el Contralor indicó que del 2005 al 2017 se contabilizaban 503 observaciones sin atender, correspondientes a 7 mil 224 millones de pesos, por lo que se presentaron 131 denuncias ante la Fiscalía General de la República.
La Contraloría General del Estado inició mil 405 investigaciones durante este sexenio, de las cuales 64 han concluido, 260 están en proceso y 15 fueron remitidas a la autoridad correspondiente.
De la misma forma, se aplicaron sanciones económicas por faltas graves que sumaron mil 600 millones de pesos, correspondientes a los periodos del 2016 al 2018.
En la presente administración se crearon 973 Comités de Contraloría Ciudadana y 4 mil 389 Comités de Contraloría Social.
Además, se crearon 68 estructuras orgánicas y 407 manuales administrativos con 83 asesorías.
Para los Órganos Internos de Control se realizaron 450 evaluaciones, de las cuales 241 fueron financieras y 209 indicadores de gestión.
Los Órganos Internos de Control realizaron 993 sesiones con el Subcomité de Adquisiciones de los entes públicos, con lo que se beneficiaron 34 mil 484 empresas de Veracruz.
Asimismo, se aplicaron 44 auditorías a los Órganos Internos de Control, de las cuales 39 fueron financieras y 5 técnicas de obra pública.
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Durante este sexenio se realizaron 835 mil 592 declaraciones de situaciones patrimonial y de intereses.
En el mismo periodo, se emitieron 224 mil 055 constancias de no inhabilitación.
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