La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que el Gobierno de Veracruz, el Congreso del Estado, la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz (UTCV) y el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) deberán aclarar el destino de 24 millones 595 mil 716.83 pesos, de acuerdo con los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, en su segunda entrega.
En la fiscalización del Gasto Federalizado en materia de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, la ASF que encabeza David Colmenares Páramo, determinó que la UTCV tiene un monto pendiente por aclarar que asciende a 8 millones 567 mil 768.99 pesos.
Según el informe, la UTCV no se ajustó al número de plazas autorizadas por lo que se excedió en el pago a 64 trabajadores con los subsidios del ejercicio fiscal 2020, lo que representó un presunto daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal por 3,571.9 miles de pesos.
Sobre esta particular observación, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la citada universidad proporcionó la documentación que acredita los pagos realizados por concepto de contribuciones pagadas por el patrón por 539,325.1 pesos, y el pago de sueldos correspondientes a las quincenas 23 y 24 por 330,650.0 pesos, con lo que se solventó parcialmente, quedando un monto pendiente de solventar por 2,497,929.9 pesos.
Adicionalmente, la ASF determinó un monto por 6,069,839.09 pesos pendientes por aclarar, por parte de la UTCV, por concepto de pagos de obligaciones fiscales.
Por parte del Cobaev, se presume un probable daño o perjuicio a las arcas federales, por un monto de 1,124,756.98 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por concepto de pago a 11 trabajadores que ocuparon plazas no autorizadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el pago a dos trabajadores después de la fecha de su baja definitiva y a tres trabajadores que contaron con licencia sin goce de sueldo, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Asimismo, en el rubro “Saneamiento Financiero”, en la revisión del Cumplimiento de las Disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Congreso del Estado de Veracruz obtuvo una solicitud de aclaración con documentación adicional justificativa y comprobatoria de 2,515,705.00 pesos, por concepto de incremento al final del ejercicio fiscal 2020, en el pago de servicios personales respecto de lo aprobado.
En la fiscalización de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, la ASF requirió al Gobierno del Estado de Veracruz, aclarar un monto por 14 millones 900 mil 675.16 pesos por concepto de armamento y municiones correspondientes a la cotización número SIDCAM-CC-GOB- 233/2020 que la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) no entregó al estado, ni éste, a su vez, a los elementos policiales para su uso.
Por otra parte, en la revisión y análisis de la distribución de participaciones federales realizada por el Gobierno de Veracruz, el organismo fiscalizador identificó municipios afectados por errores de cálculo en el concepto de deducciones con cargo a sus participaciones federales.
Los montos descontados por concepto del Convenio para el pago centralizado por concepto de suministros de energía eléctrica a alumbrados públicos y otros servicios municipales (CFE), se concluyó que la Sefiplan (Secretaría de Finanzas y Planeación) consideró de forma incorrecta, en septiembre de 2020, los montos por descontar informados por la Comisión Federal de Electricidad.
Lo anterior afectó el importe de las participaciones federales pagadas el 30 de septiembre de 2020, a los municipios de Carrillo Puerto, Carlos A. Carrillo, Coxquihui y El Espinal; además se determinaron retrasos en los pagos a los municipios de Carrillo Puerto y El Espinal.
Al respecto, la ASF señaló que si bien existen fórmulas para la distribución de las participaciones federales a los municipios, desde el ejercicio 2004 hasta la fecha se han utilizado los mismos coeficientes, sin que se hayan precisado y actualizado las variables, las fuentes de información, los valores y el método de cálculo mediante los cuales se determinaron esos coeficientes utilizados para distribuir esos recursos.
En ese sentido, las participaciones se distribuyen con base en los coeficientes obtenidos en 2004, a pesar de que ya no corresponden con la realidad actual”, señaló la ASF.
