“Hay presiones en el sentido de que hagas algo o no hagas algo, pero nosotros nos conducimos en el ámbito legal. Yo nunca he hecho nada fuera de la norma”, aseguró Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), al reconocer que gobernadores, alcaldes y servidores públicos han intentado persuadirlo de no actuar en su contra en casos de corrupción. Sin embargo, enfatiza que pese a estas presiones él no tiene seguridad privada, tiene apenas un protocolo de protección con sus más cercanos colaboradores y camina sin miedo por la calle. “Yo no tengo guardaespaldas ni nadie que me cuide. El único que me cuida es Dios”, comentó.
Sentado en su oficina, el hombre que ha sido desde 2012 el encargado de revisar a detalle las cuentas públicas de los cerca de 350 entes fiscalizables en Veracruz, dijo sentirse seguro de todas y cada una de las 158 denuncias penales de hechos que el Orfis ha presentado durante los seis años, cuatro meses y dos días que él ha estado al frente de ese organismo. Muchas de estas denuncias, señaló, permanecen en investigación por parte de la ahora Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría), ya que los actores políticos señalados han recurrido a juicios de amparo para intentar evadir sus responsabilidades; sin embargo, garantizó que en su momento “llegarán los resultados”.
La época que le ha tocado encarar a Portilla Vázquez es una de las más complicadas en la entidad y es que las irregularidades en el manejo de recursos públicos en Veracruz son enormes. De acuerdo con los datos del propio Órgano de Fiscalización Superior, las 158 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General del Estado en contra alcaldes, funcionarios y exfuncionarios que resulten responsables involucran un presunto daño al erario público de más de 33 mil millones de pesos cometido de 2007 a 2016, esto sin contar perjuicios a fondos federales.
Para dar un idea del tamaño de lo detectado, el auditor general comentó que la revisión de la cuenta pública 2016 arrojó que un crédito solicitado por la Secretaría de Finanzas (Sefiplan), 6 mil millones de pesos, en su totalidad fue desviado.
Lo desviado en la entidad en esos nueve años equivale a más de cinco años de presupuesto a la Universidad Veracruzana, máxima casa de estudios en la entidad, o a 16 años de recursos para la Fiscalía General del Estado, dependencia encargada de procurar justicia en Veracruz.
En la charla para Diario de Xalapa, Portilla Vázquez dejó entrever que las presiones recibidas por funcionarios públicos de todos los niveles también han incluido ofrecimientos económicos que ha rechazado, por lo que al dejar su encargo se irá del Orfis con sólo las propiedades que ha conseguido con su salario. “Tengo dos propiedades, un terreno para mi hija y un terreno ahí en Bosques del Recuerdo. Ahí tengo ya el espacio para unos nichos por si se ofrece” y añadió: “también tengo un carro que estoy pagando. El que tenía lo dejé como enganche y me traje uno nuevo y una nueva deuda”.
“RESULTADOS VAN A LLEGAR”
El servidor público reconoció que la lentitud con la que se llevan a cabo los procesos jurídicos para sancionar a los responsables del desvío de recursos públicos molesta a los ciudadanos. Sin embargo, explica que el trabajo de investigación corre a cargo de la Fiscalía General del Estado y se sustenta en los nuevos modelos de Justicia Penal que atiende al respeto de los derechos humanos como eje central. “Y eso los hace más lentos”, explica.
Reconoce que pese a los millonarios desvíos y las pruebas presentadas, apenas unos cuantos funcionarios públicos han sido procesados por estos actos y el resto permanece impune al hacer uso de juicios de amparo en varios niveles.
Acompañado de algunos colaboradores cercanos, el auditor general explicó que aunque el Orfis no realiza señalamientos contra servidores o exservidores públicos, ya que las denuncias se realizan por hechos, los que deben responder son aquellos que tenían a su cargo los recursos en las dependencias estatales, federales u organismos autónomos señalados. “Nosotros estamos aportando pruebas y pruebas a la Fiscalía para que nuestros resultados, que están debidamente sustentados, procedan en consecuencias”, dice.
Reiteró que este órgano cuenta con elementos probatorios suficientes de los desvíos realizados en contra de los veracruzanos, por lo que sin importar la lentitud de los procesos y de lo benévolo del nuevo sistema, en su momento se va a actuar en consecuencia. “La ciudadanía espera resultados y los resultados van a llegar porque uno de los mecanismos para evitar la corrupción es poniéndole fin a la impunidad”, insistió.
AUDITOR, NO EMPLEADO
Con voz pausada y detenida, Portilla Vázquez aseguró que incluso recae sobre él la responsabilidad de haber sido el primer funcionario de su nivel en el país en presentar una denuncia en contra del gobierno estatal aun estando en funciones su titular, el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa por las inconsistencias encontradas en los periodos de 2013, 2014 y 2015.
Las “inconsistencias” de las que habla el servidor público son el entramado jurídico conocido como “empresas fantasmas” o “empresas fachadas” que el gobierno de Veracruz realizó durante la administración del exmandatario veracruzano. El modo de operación consistía en asignar recursos económicos a empresas que no existían más que en el membrete, pero no estaban dadas de alta ante el SAT ni tenían domicilio físico.
“Cuando auditamos nosotros 2013, 2014 y 2015, que son los años que abarca (las empresas fantasmas) revisamos los documentos y vimos que las empresas estaban debidamente constituidas, es decir, que las adjudicaciones estaban bien hechas y que los proyectos productivos estaban completos. Fue entonces cuando dijimos ‘cumple y está bien’. Pero al salir este tema en 2015 nos ponemos a revisar el trabajo, vimos todo el proceso que legalmente estaba bien hecho, pero incluimos un paso más. Fue cuando decidimos ir a campo y ahí nos dimos cuenta que no había empresas, no existían los beneficiarios y entonces presentamos dos denuncias por más de mil 200 millones de pesos”, precisó.
Dio a conocer que al detectar estas anomalías no hubo ninguna duda de que se tenía que acudir ante la Fiscalía General del Estado a presentar las denuncias correspondientes. En la entrevista contó que incluso estando en la puerta de la Fiscalía —ubicada en el edificio aledaño al Orfis—, el abogado encargado de entregar las denuncias le realizó una última llamada para confirmar que su actuar era el correcto y que recibió una sola respuesta: ‘hazlo’. “Nunca se había dado eso y había la duda de mis colaboradores, pero la orden la di yo y la reiteré en su momento. Se presentó la denuncia y la recibieron”.
El auditor general explicó a Diario de Xalapa que los presuntos responsables del desvío de recursos sabían de su actuar “no apegado a la ley” y que al enterarse de las denuncias fue el propio mandatario estatal quien que le cuestionó sobre éstas. “Se le explicó lo que se había hecho. La explicación fue como auditor, no como su empleado. Le dijimos que con lo que habíamos recabado en campo teníamos pruebas de que varios de sus colaboradores habían actuado fuera de la norma que no era nada personal, pero que sí era algo institucional”, reiteró.
Portilla Vázquez dio a conocer que como resultado de la cuenta pública de 2016 —último año de gestión de Duarte de Ochoa— se denunció daño patrimonial por 8 mil millones de pesos. De éstos, 6 mil millones corresponden a una denuncia derivada de las irregularidades en la utilización de un crédito que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) solicitó para inversiones públicas productivas y que nunca se utilizó para este fin. “Cuando nosotros lo revisamos en 2017 vimos que esos 6 mil millones se habían desviado completo a otro fin, por eso se puso la denuncia. Puede ser que ellos argumenten que se utilizaron para otro fin, pero los hechos es que se desviaron”, precisó.
MÁS SERVIDORES HONESTOS
El gusto por la música y los libros de Portilla Vázquez es evidente al entrar en su oficina. Junto a las enormes carpetas que contienen de manera condensada las cuentas públicas del estado de Veracruz se encuentran también numerosos artículos con la imagen de Los Beatles. En su escritorio, al lado de hojas repletas de cifras, reposan al menos 10 textos de literatura esperando ser leídos.
Sin embargo, el auditor general reconoce que el tiempo libre del que goza es poco, ya que el suyo es un trabajo que requiere de máxima concentración y al que le dedica todo el tiempo necesario. “Ser servidor público es eso, dedicarte a servir a los demás sin importar en qué oficina o qué silla tengas. Si alguien quiere ser servidor público que lo haga de una manera honesta y transparente”, reconoció.
A unos días de haberse presentado ante el Congreso local veracruzano a comparecer, el funcionario detalló que pese a los escándalos mediáticos, en la entidad hay cada vez más una cultura de rendición de cuentas, ya sea por convicción propia o como miedo a las acciones penales que puedan ejercerse en su contra por las irregularidades cometidas. “Yo creo que los servidores públicos si están entendiendo que deben hacer eso: servir al público que les paga. En ese sentido creo que cada vez se avanza más en la rendición de cuentas y en el manejo transparente de los recursos”, indicó.
De acuerdo con la ley, en septiembre de este año concluye el periodo para el que Lorenzo Antonio Portilla Vázquez fue designado por el Congreso local, sin embargo, la ley también le permitiría repetir en este cargo en caso de que los legisladores locales lo aprueben.
Cuestionado acerca de este tema, señala que con las revisiones que tienen encima y con el trabajo de capacitación que están realizando, la reelección es lo que menos le ocupa y nuevamente deja eso en manos de Dios. “Dios dirá pero, si no se diese, en octubre tendré que ir a ver a mis amigos a pedirles trabajo (…) Pero también ya saben mis tres hijos que ya trabajan que tienen que ir ahorrando porque si yo no encuentro trabajo ellos tienen que mantenerme”, concluyó.
