Organizaciones y sociedad civil no permitiremos que las mujeres y las niñas en especial sigan siendo criminalizadas porque el Estado no les garantiza el poder interrumpir de forma legal y segura losembarazos, sobre todo cuando éstos son consecuencia de la violencia sexual, afirmó Rodolfo Domínguez Márquez, representante de Justicia y Derechos Humanos.
Más de 500 niñas de entre 10 y 14 años de edad han sido obligadas a parir, eso es tortura porque no solamente se pone en riesgo la vida de las mujeres y las niñas sino también su salud de por vida. El Estado, sobre todo en Veracruz, no ha cumplido porque hasta ahora han transcurrido cinco meses desde que se decretó la alerta de género por agravio comparado y no sabemos qué está haciendo Rodolfo Domínguez Márquez
El ponente manifestó que la cifra fue presentada al solicitar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres la declaratoria de alerta de género y que corresponde al año 2015.
“Esa cifra nos dimensiona la problemática que vive la entidad: 500 niñas sólo en un añoes una cifra quedesgraciadamente no tenemos actualizada por falta de información del Estado, pero por documentación propia hemos podido registrar y dar seguimiento a casos en los cuales persiste la situación de mujeres embarazadas producto de violación, mujeres a las que no les ha garantizado el acceso a la interrupción legal del embarazo”, manifestó.
Durante el foro, el ponente manifestó que acudiendo a la cifra, la ONU e instancias internacionales han reconocido que las niñas de entre 10 y 14 años de edad se encuentran radicalmente expuestas cuando están embarazadas y que por esa misma situación pueden morir por el mismo embarazo.
Indicó que ante la indiferencia del Gobierno del Estado y de los diputados locales, las organizaciones civiles se han visto obligadas a establecer un litigio que los ha llevado a judicializar la declaratoria de alerta de género.
“Estamos al pendiente de la sentencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto del dictamen de iniciativa para interrumpir el embarazo aprobado por los legisladores. Asumimos que el Poder Judicial actuará de conformidad a sus obligaciones, que tendremos una sentencia apegada a derecho, que reconocerá los estándares internacionales en la materia y cuáles son las obligaciones que deben atender los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado.