Xalapa, Ver.- La representante legal de El Barzón Resistencia Civil, Teresa Carbajal, reveló que, actualmente 4 mil 477 trabajadores al servicio de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz tienen afectación o descuento a su salario vía cargo a la nómina por haber contratado un crédito con una de las ocho financieras o casas de préstamo con las que la dependencia sostiene actualmente convenios para descuentos.
Sin embargo, explicó que las casas de préstamos, no están obligadas a proporcionar una copia de los contratos que celebran con los trabajadores al servicio de la salud, por lo que la dependencia carece de información sobre cómo se desarrollan las relaciones contractuales entre éstas y los acreditados, asimismo si sus trabajadores son víctimas de usura o prácticas abusivas.
En conferencia de prensa, dijo que esa práctica debe ser revisada sin demora porque adolece de transparencia, equidad y seguridad jurídica que para superarlo requiere de un trabajo coordinado entre el gobierno y la sociedad.
Ejemplificó que una de las denuncias que recibieron es de un matrimonio de enfermeros, que casualmente cobraba 7 mil pesos quincenales y ahora, bajo efectos de la pandemia y por haber participado de estos créditos apenas y reciben 450 pesos con los cuales deben mantener a su familia que consta de ellos dos más sus dos hijos en edad escolar.
Detalló que los trabajadores se obligan a pagar a las financieras a través de mandatos documentos, mediante los cuales el trabajador hace de conocimiento de la Secretaría su anuencia para afectar su salario por cargos que derivan del pago de los préstamos.
No obstante, no existe un límite en el endeudamiento de los particulares, pues el área de nóminas aplica tantos descuentos como le sean requeridos por el trabajador; mencionando únicamente que a cada trabajador se le “debe respetar” el 30 por ciento de su salario.
“Cantidad que desde luego no es suficiente para que alguien viva en condiciones dignas. Finalmente, el ejercicio de acceso a la información pública concluye con la explicación que, la procedencia de los descuentos obedece a un acuerdo de voluntades entre particulares (financiera y usuario) quienes se obligan en los términos que desearon hacerlo, entre ellos que el crédito fuera cubierto mediante el descuento directo del salario y demás prestaciones del titular del crédito”, explicó.
Refirió que esta práctica en apariencia legal, por el momento económico y social que vivimos, da la pauta para analizar desde sus consecuencias lo grave que resulta el que las instituciones del estado tengan que hacerse cargo de la cobranza de los particulares afectando el salario de los trabajadores, por porcentajes superiores a los que la Constitución permite.
“Pulverizando los ingresos de los trabajadores, llevándolos al sobreendeudamiento, pudiendo tomar casi la totalidad del sueldo para el pago de pasivos que ni en el caso de las pensiones alimenticias está permitido. Es decir, es cierto que los trabajadores tienen el derecho de disponer de su sueldo como mejor les convenga lo mismo que obtener préstamos con particulares y desde luego pagarlos; pero, en un contrato común de crédito simple, lo normal es que el propio trabajador seleccione la empresa con la que quiere contratar.
Ante ello, exigieron la erradicación de las prácticas abusivas tuteladas por el Estado, alto a los negocios predatorios, “un crédito que empobrece es un crédito que no sirve para los fines que fue pensado y rompe con la promesa de Bienestar”, abundó.
