Como una “barbarie” califica el abogado Edgar Zavaleta Flores lo que está pasando en torno al delito de ultrajes a la autoridad; refiere que no están en contra de los policías sino de la ley que manifiesta que los ultrajes a la autoridad llevan consigo la prisión de dos a cinco años.

Explica que, según datos dados a conocer en una reunión con diputados locales, a la semana hasta 200 personas son detenidas en el estado por ese presunto delito.

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“Nos mencionaban el día de la reunión, que normalmente, el dato que ellos tienen es de 200 personas a la semana en todo el estado. Vemos en las notas periodísticas que hay reportes que nos informan de este tipo de allanamiento que existen por parte de las autoridades”. Dice que cuando las personas detenidas son asesoradas por abogados, se modifica el delito y se convierte en administrativo, pero si no hay defensor, en ocasiones se vuelven en ultrajes a la autoridad.

Recuerda que hace cerca de dos semanas, como sociedad civil y diferentes barras de abogados, presentaron un escrito dirigido al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a la presidencia del Congreso y todos los diputados involucrados para modificar la ley de Ultrajes a la Autoridad.

Y es que dice que la mala interpretación de algunos ciudadanos y autoridades afecta, porque la vulnerabilidad de los derechos humanos se ha hecho presente con las distintas corporaciones policiacas.

“Nosotros metimos un escrito donde nos inconformábamos y solicitábamos que rectificaran como anteriormente se había hecho, antes de que reformaran el artículo 331 de la ley de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz”.

Subraya que los temas políticos lo tienen que subsanar quienes están inmersos en ello, pues a la sociedad le interesa la seguridad social, jurídica, de los veracruzanos, y que se respeten las garantías individuales de todos los seres humanos.

Apunta que el recientemente el diputado Ramón Díaz se pronunció por las modificaciones a la ley y ha mostrado interés en coadyuvar, con quien habrá algunas mesas de trabajo para justificar más a fondo por qué es anticonstitucional el delito de ultrajes a la autoridad.