Xalapa, Ver.- El Estado mexicano reconoció su responsabilidad parcial en el caso de la muerte de la abogada veracruzana Digna Ochoa y Plácido y ha determinado la reapertura de la investigación sobre la muerte de la defensora de Derechos Humanos ocurrida el 19 de octubre de 2001 en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
Durante la segunda audiencia del juicio que la familia de la defensora tiene en contra del Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la representación jurídica de la a Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Alejandro Celorio Alcántara, reconoció la responsabilidad del Estado sobre la violación de varios artículos de la Convención Americana así como la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer en perjuicio de Digna Ochoa y sus familiares.
Aunado a esto, Marcos Moreno, coordinador general para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que, derivado del reconocimiento de responsabilidad expresado ante la corta, se propuso a las personas víctimas un convenio de reparación integral de daños mismo que será presentado de manera formal en los próximos días. Precisó que el documento contendría 12 acciones de reparación de conformidad con las Convención Americana de Derechos Humanos y que estas se encaminarán hacia la “dignificación de la imagen de Digna Ochoa y Plácido”.
“En ese sentido, el convenio que se propondrá, si bien incluye medidas de indemnización, también establece cómo primera acción del Estado un acto público de reconocimiento de responsabilidad así mismo, se le propondrán a la representación ocho medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación y como componente prioritario para el Estado y el Gobierno de México, la reapertura de la investigación con enfoque de género y perspectiva de Derechos Humanos con aportaciones de la familia de la defensora”, señaló el representante de la Segob.
Por su parte, la representación jurídica de las víctimas se congratuló del reconocimiento parcial de responsabilidad hecha por el Estado Mexicano y el avance en las pláticas que se han tenido con la autoridad, sin embargo, consideró preocupante que la mientras la autoridad hace este reconocimiento se siga argumentando que se actuó “diligentemente” en la investigación de las amenazas de la defensora “cuando ha quedado demostrado en este tribunal que no es así”.
Cabe destacar que, tras más de ocho horas de una audiencia de dos días, las partes del caso tienen un mes para presentar sus alegatos finales por escrito tras lo que la corte emitirá una sentencia.